Almaraz: El MAS tiene modelo capitalista para la agricultura

Así lo afirma el exviceministro de Tierras en los primeros años del gobierno de Evo Morales, Alejandro Almaraz, quien fue uno de los principales impulsores de la distribución de tierras a campesinos e indígenas hasta dejar ese cargo en febrero de 2010.Según Almaraz, el abandono gubernamental de la agenda indígena-campesina puede verse en las propias estadísticas oficiales de los últimos años.Hay una “drástica declinación en los resultados del saneamiento agrario y en la distribución de tierras fiscales”, dice, y observa también que las magnitudes de la inversión pública productiva en el sector indígena y campesino son “insignificantes respecto a la economía nacional y a las necesidades y posibilidades del sector”.Asimismo, afirma que hay un  viraje hacia el modelo de la gran empresa agropecuaria que se evidencia en “las reformas legales con las que el Gobierno da comprometida formalidad a su voluntad de modificar substancialmente el marco legal agrario para honrar sus acuerdos públicos con el agroempresariado y beneficiarlo en la medida de sus demandas”. Este es particularmente el caso de la ley De Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, apodada como ley del “perdonazo”, que según la exautoridad “exonera de la reversión legalmente necesaria a cerca de tres millones de hectáreas ilegalmente desmontadas en predios medianos y de empresa”.Lo mismo dice de otros varios proyectos de ley presentados por el Órgano Ejecutivo para eximir por cinco años a los grandes y medianos propietarios de su obligación constitucional de cumplir la función económico social de la tierra (FES).

De los logros al viraje agroempresarialEl exviceministro reconoce que en los primeros años del gobierno de Morales existieron conquistas tangibles en favor de campesinos e indígenas: hasta diciembre de 2015, “se titularon en favor de indígenas y campesinos alrededor de 25 millones de hectáreas en todo el país”.“Como Tierras Comunitarias de Origen (TCO), que son propiedad comunitaria, inalienable, indivisible, de pueblos y comunidades indígenas, tenemos 16 millones de hectáreas. Cerca de 4 millones como propiedad comunitaria, igualmente colectiva e indivisible, de comunidades campesinas que no se reconocen explícitamente como indígenas”, puntualiza Almaraz.Además hay “de 2 a 3 millones como pequeña propiedad, individual del sector campesino. De todo eso, lo que efectivamente es redistribución es poco más de 4 millones, entendiendo por redistribución que la propiedad o el dominio de la tierra pasa de unas manos a otras”.También se expropiaron como 4 millones de hectáreas a empresas madereras, que tenían esas tierras en régimen de concesión -que a efectos jurídicos es lo mismo que propiedad-, y cerca de 2 millones de hectáreas a terratenientes como los del Alto Parapetí.Otro logro histórico, para el exviceministro, fue el haber abolido de hecho el régimen de servidumbre que existía sobre muchas comunidades llamadas cautivas en el chaco cruceño y en el chaco chuquisaqueño. “En el caso del chaco cruceño, en el Alto Parapetí, se ha aplicado el proceso de saneamiento. Esas 40.000 hectáreas han sido inmediatamente dotadas a esas mismas comunidades, que de ser cautivos, serviles a la hacienda, han pasado a ser propietarios comunitarios de la tierra. Los beneficiarios son alrededor de unas dos mil personas en el Alto Parapetí”, destaca Almaraz.

Consolidación de la especulación y la agroindustriaEl exviceministro considera que estos logros están en peligro de perderse porque el gobierno se habría comprometido con la agenda de la gran empresa agropecuaria.De esa agenda destaca: “seguridad jurídica para predios medianos y de empresa que los preserve sobre todo de los mecanismos legales de redistribución de tierras latifundiarias o malhabidas; irrestrictas libertades comerciales, aun por sobre la seguridad alimentaria del país; mantención de las subvenciones y exoneraciones impositivas con las que el Estado financia al agroempresariado, como los 700 millones de dólares anuales en la subvención de diésel; plena legalización de los cultivos transgénicos”.Todo esto, dice Almaraz, con la única condición de aumentar la producción. “Ni soberanía alimentaria, ni preservación del medio ambiente y la naturaleza, ni respeto a los derechos sociales de los trabajadores, ni siquiera la vaga invocación a la sostenibilidad que solían hacer los gobernantes neoliberales. Solo producción”. Pero la historia ha mostrado las limitaciones de ese modelo incluso para  lograr ese fin único de aumentar la producción. Según recuenta el exviceministro, el dominio, durante décadas, de alrededor de “40 millones de hectáreas por el sector empresarial, y la diversa e importante subvención estatal, solo han generado dos millones de hectáreas cultivadas (principalmente para la exportación), y una deficiente ganadería extensiva cuyas condiciones técnicas son, en muchos casos, básicamente las mismas con las que se implantó hace cuatro siglos”.

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Almaraz: MAS embraces capitalist model in agriculture