Bolivia está presa del oligopolio internacional

La respuesta está en el propio Reglamento de Inversiones del BCB, que establece que las RIN deben “invertirse” en instrumentos y países con calificación A, AA o AAA.  Criterios similares suelen utilizarse para definir el destino de los recursos del TGE, ya que existe coordinación entre el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público y el BCB para este tipo de operaciones. ¿Y quién califica a los países, bancos y organismos? Según el presidente del BCB, Marcelo Zabalaga, “hay calificadoras de mucho prestigio que califican a los países, y nos atenemos a esta calificación para que nuestras inversiones no corran riesgo. Y resulta que la mayor parte de los que tienen calificación A para arriba, son países del norte. Son EEUU, que tiene AA+ ahora, y otros países, Japón, etc.”.El oligopolio de calificadoras de riesgo, y que calificaron las deudas de Bolivia, EEUU y muchísimos otros países, está constituido principalmente por la Fitch Ratings, la Standard and Poors (S&P) y Moody’s, con sedes en EEUU e Inglaterra.Bolivia está atada a este oligopolio, según el artículo 23 del propio reglamento de inversiones del BCB: “Las calificaciones de riesgo crediticio mencionadas en este Reglamento corresponden a la Agencia Fitch Information Inc. En caso de utilizarse calificaciones de otra Agencia Calificadora de riesgo crediticio se tomaran en cuenta las calificaciones equivalentes a la Agencia Fitch Information Inc.”.Antecedentes de las calificadorasLas calificaciones emitidas supuestamente tienen base en diferentes  parámetros: la deuda total de la entidad analizada, la rapidez con la que se cancelaron previas deudas, la protección que ofrece en caso de impagos. Extrañamente, EEUU y Japón, que tienen las mejores calificaciones de riesgo, se encuentran altamente endeudados, con deudas que sobrepasan su PIB nominal.A ello se suman los antecedentes del oligopolio de calificadoras, pues tras la crisis del euro, “llamó mucho la atención que las principales agencias calificadoras fueran las 3 anglosajonas, presentando un sesgo político en las calificaciones para con los países de la zona euro”, destaca el analista financiero y coautor de este artículo, Adrián De La Fuente. Asimismo, al ser empresas privadas, las calificadoras son contratadas y pagadas por las empresas y entidades que califican, lo que puede generar falta de objetividad y conflictos de interés. Por ejemplo en 2008, cuando EEUU cayo en recesión, se cuestionó que las acciones de la gigantesca Lehman Brothers y algunos de los Productos Financieros que ofrecía tenían calificaciones de AAA (las más altas del mercado), cuando en los hechos se demostró que dichos activos no valían nada.Un caso sonado ocurrió en Australia, donde una jueza condenó a S&P a pagarle a 13 municipios, que por haber sido mal asesorados por esta calificadora, fueron estafados y perdieron 30 millones de dólares a manos del banco ABN Amro. También cayeron dos bancos uruguayos que contaban con la calificación de máxima confiabilidad asignada por S&P, según informó el investigador argentino Luis Balaguer, quien considera que “son alarmantes los malos ejemplos en las calificaciones de las deudas soberanas de los países, subordinadas de los bancos y de grandes compañías”.De acuerdo con Balaguer, “cuando los gigantes estadounidenses Enron y WorldCom fraguaban sus contabilidades ocultando deudas, contaban con las más altas calificaciones de S&P, Moody’s y Fitch Ratings. En Enron mantuvieron la categoría de ‘alto grado de inversión’ aún después que el descalabro era público y sus acciones habían caído de 70 a 3 dólares”.Actualmente, las calificadoras de riesgo supervisan los presupuestos de la Unión Europea y de otros países bajo la influencia de Wall Street y la City de Londres, formando parte de la economía al servicio del FMI, del Banco Mundial y la Comisión Europea. También existen asociaciones de banqueros y fondos de inversión que se encuentran detrás de estas agencias calificadoras, como Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America, Citizens Financial Grup, Citi Group, SAC Capital Advisors y Soros Fund Managment.Entidades bolivianas calificadas por extranjerasLas agencias calificadoras que operan en Bolivia están obligadas a basar su metodología de calificación en estándares aprobados por la ASFI, que es la encargada de monitorear el y autorizarlas. Además, éstas deben estar explicadas y publicadas para el público en general en el Registro del Mercado de Valores, dependiente de la Dirección de Supervisión de Valores, intentando así evitar la influencia de intereses personales de algún inversor.Sin embargo, en Bolivia existen 4 Sociedades Anónimas de objeto exclusivo autorizadas por la ASFI para calificar riesgos en el Mercado de Valores, y son todas extranjeras: Pacific Credit Rating S.A, Moody’s Latin America, AESA Ratings (Fitch Ratings), y la más Reciente Microfinanza Rating Bolivia S.A. Estas 4 agencias, que forman parte del oligopolio internacional de calificadoras de riesgo y que califican los países, bancos y empresas donde Bolivia invierte sus RIN y recursos del TGE, son también las encargadas de valorar y/o calificar a las entidades financieras en Bolivia y los diferentes productos y activos  financieros que se cotizan en bolsa boliviana de valores.

Una alternativa

 Para poder abrir una agencia calificadora de riesgos en nuestro país, existe una serie de requisitos estipulados en el reglamento de entidades calificadoras de riesgo. Pero para que esta agencia pueda calificar empresas o entidades extranjeras, la agencia debe estar reconocida por la Comisión de Valores de EEUU, o tener el 25% de participación accionaria en una empresa reconocida por dicha comisión.Según De La Fuente, estos requisitos son “muy largos burocráticamente y necesitan un capital social mínimo de 80 mil dólares, lo que tiende a dificultar o desestimular los emprendimientos nacionales, por lo cual existe una participación casi nula de calificadoras de riesgo nacionales”.Es por ello que algunos analistas han propuesto recientemente la creación de una agencia calificadora de riesgos del propio Estado boliviano. Con ello se pretende obtener algo con qué comparar las calificaciones otorgadas por las agencias privadas, además de controlar mediante una sana competencia la calidad, objetividad y veracidad de las calificaciones otorgadas, tanto a los activos financieros como a las deudas emitidas por los diferentes países. Esto puede permitir que los inversores tengan diferentes puntos de vista al momento de tomar decisiones de inversión, y no depender en su mayoría del oligopolio de las calificadoras de riesgo internacionales, susceptibles a intereses particulares, perjudicando a países enteros mediante primas de riesgo más elevadas a la hora de endeudarse.