De Cossío a Oliva pasando por Lino, las formas de la Justicia en Tarija

Una acusación por una gestión del Sedeca en el caso Imbolsur acabó suspendiendo al huido Gobernador Mario Cossío en 2010; en 2016 fue absuelto del caso. La Gobernación advierte que el uso del cemento asfáltico de almacén posteriormente repuesto evitó un daño al Estado.

Acto de inauguración. Foto: El País

Dilma Rousseff fue suspendida en el parlamento brasilero en medio del mega escándalo de corrupción Lava Jato, en el que nunca había sido imputada. Cristina Fernández de Kirchner es habitual en los tribunales bonaerenses. Rafael Correa vive exiliado en Bruselas. Todos los presidentes del Perú desde los 80 han entrado en prisión – salvo Alan García, que se suicidó cuando la policía entró a buscarle para llevarlo detenido.

El manejo político de la Justicia no es una acusación exclusiva que se haga al Gobierno de Bolivia, sino que en todos los países – tanto de habla hispana como no – se registran denuncias similares. De hecho, con mayor o menor legitimidad, el Fiscal General en todos los países del mundo es propuesto por el Gobierno de turno, cuando no directamente designado y igualmente a los miembros de los órganos que regulan la carrera judicial.

En Bolivia, las últimas operaciones han generado indignación y protestas en la oposición, si bien la propia debilidad de estos opositores como bloque ha facilitado al oficialismo el control de los poderes a través de los dos tercios en la Asamblea Plurinacional. Como ejemplo, la selección de la terna para elegir al Fiscal General, que acabó siendo Juan Lanchipa, vinculado a la campaña marítima en La Haya, como el ministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta; y la selección de magistrados que concurrieron a las ánforas en la inimitable elección democrática de jueces de los máximos tribunales.

Oliva arraigado

El último caso que ha despertado comentarios en el país es el arraigo dictado contra el Gobernador de Tarija Adrián Oliva, uno de los pocos opositores al Movimiento Al Socialismo en el sur del país y aliado fuerte del candidato a la Presidencia Carlos Mesa Gisbert, el opositor que cuenta con mayor apoyo en las encuestas.

El caso en sí, explican desde la Gobernación, no levantaría recelos en una auditoría de la Contraloría, sin embargo pasa por ser el único caso en el que el Ministerio Público ha encontrado algún indicio de material punible contra el Gobernador.

La denuncia llegó en 2017 por parte del asambleísta del MAS Erwin Mansilla, uno de los pocos que ha encarado al ministro de Justicia Héctor Arce en las últimas fechas a cuenta de su papel como coordinador del MAS en Tarija y la elaboración de la listas. Mansilla denunció que el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) compró cemento asfáltico para la obra Santa Ana – Yesera luego de haber entregado la obra en abril de 2016.

La operación contable y administrativa no revestía mayor dificultad: un cemento asfáltico que se encontraba en almacenes y que podía sufrir riesgos de deterioro fue utilizado para agilizar la obra Santa Ana Yesera, ejecutada por el Sedeca y que arrancó con Lino Condori en la Gobernación. Posteriormente se repuso. Lo que parecía una actuación plausible que salvaguardaba los recursos del Estado acabó ante los tribunales.

Gilbert Muñoz, que entonces era Fiscal Departamental y hoy actúa como abogado defensor del funcionario del Sedeca encargado de Materiales, José Luis Vargas Trigo, aseveró que su cliente informó con los plazos anticipados suficientes de que el material no cumplía con los requisitos técnicos necesarios, siendo esta la clave del juicio que Muñoz ya había conocido con anterioridad.

El arraigo llegó precedido, además, de una aprehensión del director de despacho del Gobernador, luego de haber entregado un memorial justificando la ausencia del Gobernador por tener programado un acto en San Lorenzo, que se suspendió por la nieve, y un no menos espectacular “allanamiento” al despacho en el que quién sabe qué se encontró.

Protestas

La denuncia llegó en 2017 por parte del asambleísta del MAS Erwin Mansilla, uno de los pocos que ha encarado al ministro de Justicia Héctor Arce en las últimas fechas a cuenta de su papel como coordinador del MAS en Tarija

Gilbert – Aymoré – Arce Zaconeta, un pulso inconcluso

La presencia del ex fiscal departamental en un juicio que conoció y que no pudo llevar más allá lleva el asunto a un escenario distinto.

En octubre fue nombrado Fiscal Departamental de Tarija Aymoré Álvarez. Nacido en Santa Cruz, con recorrido en La Paz y con poca experiencia litigante, coincidió con el ministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta en la Procuraduría. Álvarez fue el elegido de Juan Lanchipa ni bien fue posesionado Fiscal General. Álvarez no conocía Tarija y por tanto, no se le atribuyen más lealtades que honrar que con aquellos que lo posesionaron en el delicado asiento.

Gilbert Muñoz acababa de perder la carrera por ser Fiscal General. A principios de 2018 había sido “ascendido” a Fiscal Superior, un cargo en Sucre con mucha menor proyección pública, por lo que pocos lo consideran un ascenso. Con la posesión de Lanchipa, Muñoz retornó al Ministerio Público de Tarija y pidió destino. Álvarez lo mandó a Villa Montes en enero 2019; Muñoz renunció al mes siguiente. Desde entonces ejerce la abogacía libre con perfil social, una vocación que asegura que tiene desde siempre.

La oposición advierte que el MAS quiere reeditar la estrategia de presión judicial, pero en los nueve meses de gestión de Aymoré Álvarez al frente del Ministerio Público de Tarija no ha logrado abrir una nueva causa contra el Gobernador Adrián Oliva a pesar de que se han reforzado equipos como el de la Procuraduría; el del propio Ministerio de Justicia con equipo y despacho propio en Tarija, y las salas departamentales del Tribunal Constitucional.

Arce y Álvarez, urgidos de mostrar resultados ante la crítica creciente interna y externa, han reactivado procesos contra el Gobernador Adrián Oliva, pero también contra el exfiscal Departamental Gilbert Muñoz, para quien se pide la detención en Morros Blancos por incumplimiento de deberes en un caso de 2017. Muñoz – advierten fuentes al interior del Ministerio Público – resulta un invitado incómodo en el proceso.

Acuerdos

En octubre fue nombrado Fiscal Departamental de Tarija Aymoré Álvarez. Nacido en Santa Cruz, con recorrido en La Paz y con poca experiencia litigante, coincidió con el ministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta en la Procuraduría

Cossío, un pasado paralelo

Salvando todas las distancias temporales y generacionales, el recuerdo de la suspensión del exgobernador Mario Cossío viene a colación, más con la presencia en el caso de Gilbert Muñoz.

Muñoz fue en 2010 el fiscal – entonces adscrito al programa Anticorrupción – que firmó la acusación formal contra el Gobernador electo Mario Cossío apenas seis meses después de que ganara en las ánforas. Tres artículos de la Ley Marco de Autonomías, hoy expulsados del ordenamiento jurídico, sirvieron para que la Asamblea suspendiera a Cossío el 15 de diciembre. Unos días después huyó al Paraguay, donde obtuvo refugio y donde vive hasta la fecha de hoy.

Cossío era uno de los opositores con mayor perfil nacional; había sido presidente de la Cámara de Diputados y tenía peso orgánico en el MNR, pero sobre todo, había capitalizado mejor que ningún otro de los actores del momento – Rubén Costas, Ernesto Suárez, Manfred Reyes Villa, Leopoldo Fernández – el discurso autonomista como alternativa al relato plurinacional del MAS.

Oliva es el apoyo de Carlos Mesa, y aunque empezó la legislatura más tibio y con ganas de conciliar, lo que le costó la crisis al interior de su propia alianza, en los últimos meses se ha plantado en asuntos concretos como la exploración en Tariquía,  frente a la gestión económica de Luis Arce Catacora o sobre los argumentos de la ABC para no ayudar a Tarija en los aspectos viales.

La no renuncia de Mario Cossío al cargo de Gobernador permitió que el asambleísta por Yunchará, Lino Condori, culminara la gestión completa desde 2010 hasta 2015, sin que se realizaran elecciones a medio término como sí pasó, por ejemplo, en Beni, donde en similares circunstancias, Ernesto Suárez permitió con su renuncia una nueva convocatoria electoral.

La Gobernación asegura que hay “centenares de denuncias” sobre Lino Condori que no avanzan. El propio Lino Condori asegura que son cuestiones políticas que “se han ido cayendo” y solo le quedan “cuatro o cinco casos que se van a caer igual porque no hay nada”.

Sedeca, una entidad desconcentrada

El juicio que se siguió contra el ex gobernador Mario Cossío y que motivó su suspensión tras la acusación formal firmada por Gilbert Muñoz acabó exculpando de toda culpa al ejecutivo. El juicio está recurrido en tribunales superiores, pero la sentencia da cuenta de un parámetro fundamental: el Servicio Departamental de Camino (Sedeca) es una entidad autónoma con sus propias normas de funcionamiento y asunción de responsabilidades.

El caso “Imbolsur”, como se conoció al proceso, involucró a Cossío en la no renovación de unas boletas de garantía por la provisión de asfalto al Servicio Departamental de Caminos, alegando una mala praxis en la resolución del recurso jerárquico.  En la sentencia en la que resultó absuelto queda claro que la responsabilidad es de la dirección del Sedeca.

“El Ministerio Público no va esperar la lectura de la sentencia para determinar de que hay un acto ilegal, una apreciación indebida de las pruebas que se han producido a lo largo del proceso, que eran absolutamente claras y suficientes”, aseveró Muñoz al momento de conocer la sentencia en julio de 2016.

En el caso que se sigue contra Adrián Oliva, el Ministerio Público alega responsabilidad de Adrián Oliva por haber nombrado al Director del Sedeca, en aquel entonces Omar Molina, quien sería responsable de la operación.

Desde la Gobernación se indica que lo que se hizo fue adelantar un cemento de almacén en riesgo de no poder utilizarse para luego sr repuesto, sin embargo esta operación ha sido considerada punible por parte del Ministerio Público.

“En la audiencia de medidas cautelares, se pudo acreditar con todos los elementos que el señor Adrián Oliva habría tenido participación dolosa en este hecho, toda vez que ya desde la gestión 2015 tenía conocimiento del avance de la construcción de la carretera y habiendo entregado oficialmente la misma en abril de 2016 permitió que se proceda a la compra de cemento asfáltico para ese mismo camino, casi 8 meses después”, insiste el fiscal cruceño Aymore Álvarez Barba.

Tres figuras de alto perfil que necesitan reválida

Aymoré Álvarez, el Fiscal

El Fiscal Departamental de Tarija nació en Santa Cruz y ha litigado poco en el país. Asumió la responsabilidad de primer orden en Tarija como un salto en su carrera luego de haber cumplido funciones en la Procuraduría al lado del Ministro Héctor Arce. Hasta el momento su gestión es discreta destacando los golpes al narcotráfico en Tarija. En materia de corrupción no hay novedades.

Gilbert Muñoz, el ex Fiscal

El ex fiscal departamental Gilbert Muñoz creció en el Ministerio Público de Tarija por su brillante expediente académico y su portentoso olfato para identificar la oportunidad. Creció hasta ser el Fiscal Departamental más joven del país y supo administrar su poder hasta configurarse en poder propio en Tarija. Perdió en la carrera para ser Fiscal General por falta de padrinos y ahora necesita abrirse un nuevo espacio.

Héctor Arce, el Ministro

Héctor Arce es ministro de Justicia y ministro coordinador entre el gabinete y el MAS Tarija. Ambas competencias han ido siempre de la mano en el departamento de Tarija. Miembro de la mesa chica de Evo Morales, a Arce se le atribuye  el diseño de la estrategia en Tarija. Por el momento las listas electorales han dejado tocados a los sectores más de base, tanto en el valle como en el Chaco, y los datos de las encuestas no levantan.