Corrupción en infraestructura genera pérdidas en inversión

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que entre un 10% y 25% del valor de los contratos públicos en la región se pierde anualmente por causa de casos de corrupción en infraestructura.

Es un desperdicio importante de recursos, considerando que la provisión de bienes públicos y de infraestructura “es crucial para lograr crecimiento sostenido y desarrollo inclusivo en América Latina y el Caribe”.

Entre 2008 y 2017, el promedio anual de inversión en infraestructura fue del 3,5% del PIB regional, El BID considera que la cifra debería llegar al 5%. Por tanto, la inversión tiene un impacto aún menor porque la corrupción en infraestructura “perjudica la provisión y sostenibilidad de estos bienes públicos, genera importantes sobrecostos, paralizaciones de obras, así como asignaciones injustas de recursos, precios inflados y cuellos de botella en la gestión de los proyectos públicos”.

Ante este problema, distintos países están implementando distintas reformas legales y regulatorias para incrementar la transparencia en la gestión de las inversiones públicas, así como programas orientados a fortalecer la participación y el control por parte de los ciudadanos, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil.

El BID, en su último informe, titulado “Tecnologías Digitales para la Transparencia en Inversión Pública: Nuevas Herramientas para Empoderar Ciudadanos y Gobiernos”, ha encontrado que en lo referido a la lucha contra la corrupción en infraestructura sobresale “el rol crecientemente importante que están teniendo las nuevas tecnologías”.

Las tecnologías de información y comunicación (TICs) “han demostrado tener un potencial disruptivo para fortalecer la gestión de los recursos públicos porque permiten ir más allá de la mera transparencia, y dotan a los ciudadanos de herramientas para el control social y la comunicación directa con su gobierno”, nota el informe.

TICs e inversión pública

Los autores del estudio del BID, Juan Cruz Vieyra, Alejandro Barón y Theodore Kahn, coinciden en señalar que las TICs pueden apoyar mejoras concretas en la inversión pública mediante 3 elementos fundamentales.

Primero, mediante la mejora en la gestión de la información: “El diseño y la implementación de proyectos de inversión pública requieren de la recolección, análisis e intercambio de diferentes tipos de información entre diversos niveles de gobierno. Esta es la base de la transparencia”.

Según dichos expertos, “las herramientas de gestión de información descriptiva y prospectiva como los paneles de control ayudan a que la información sobre el desempeño de los proyectos sea precisa, actualizada y accesible para los gestores del proyecto y los ciudadanos”.

En este sentido, tecnologías como la nube (internet) “son fundamentales porque permiten alojar herramientas de administración complejas, fomentar un entorno de innovación digital seguro para las instituciones y permitir un análisis granular de grandes bases de datos. De hecho, diversas agencias del sector público en gobiernos como Chile, Estonia y el Reino Unido ya funcionan parcial o totalmente en la nube”, afirman.

El segundo elemento es la identificación de irregularidades y sobrecostos. Para los expertos del BID, los avances en analítica de datos, incluyendo la minería de datos, están expandiendo rápidamente las herramientas disponibles para someter un número masivo de transacciones a un “escrutinio sistemático”, y poder identificar riesgos de corrupción en tiempo real.

Como ejemplo mencionan la plataforma colombiana MapaRegalías. Esta iniciativa permitió que el número de irregularidades en proyectos detectadas y remitidas a las instituciones de control en ese país aumente de apenas 57 en 2013 a más de 1.000 en 2016. “En cuanto a sobrecostos, un experimento realizado en Perú demostró que la existencia del apoyó una reducción de los sobrecostos en proyectos de obras a la mitad”.

El tercer elemento en el que ayudan las TICs es en el involucramiento del ciudadano. Según Vieyra,

Barón y Kahn, plataformas como las de georreferenciación de datos muestran la ubicación geográfica de los proyectos “en un formato sencillo e intuitivo, lo que permite a los ciudadanos identificar dónde y cómo se gastan los recursos y, a la vez, ofrecer retroalimentación ciudadana a las instituciones”.

Como ejemplo exitoso mencionan una plataforma de este tipo en México, que además otorga a los ciudadanos la posibilidad de reportar peticiones de soborno. Otra similar, en Uruguay, permite a los ciudadanos solicitar reparaciones a las infraestructuras públicas que lo necesiten, “con una tasa de resolución de aproximadamente el 50% de las quejas emitidas”.

Paralización de

obras por corrupción

Por su parte, días atrás el presidente BID, Luis Alberto Moreno, en un evento en Panamá, explicó que Latinoamérica tiene que invertir un 5% del PIB en infraestructura, por lo que el 3,5% actual resulta insuficiente.

Moreno advirtió además que los países de Asia invierten un 8% de su PIB. “No solo nos estamos quedando atrás, la paralización de las obras nos está haciendo más pobres”, agregó.

Y es que la paralización de obras por corrución es algo generalizado, tanto en Bolivia como en toda la región. La misma autoridad citó como ejemplos de ello a casos en Colombia, Perú (cuyo Gobierno calcula que hay proyectos pendientes de ejecución por más de 9.000 millones de dólares) y Brasil (obras paralizadas por irregularidades totalizan unos 27.000 millones de dólares).