La Comisión de Constitución del Senado avanza en la convocatoria electoral

Se baraja el 12 de enero como fecha para convocar los comicios. El Movimiento Al Socialismo plantea una Ley rápida para resolver el conflicto y desde el Senado se llama a la pacificación. El Gobierno mantiene línea dura y gasificó la marcha de ataúdes cuando intentaron llegar a plaza Murillo

Marcha con ataúdes por el centro paceño.

Con el 12 de enero de 2020 marcado en rojo en el calendario y la bancada del MAS discutiendo aspectos propios de la Ley de convocatoria de elecciones presentada por ellos mismos en el Senado se llegó al cierre de la edición en una jornada. La sesión del Senado se interrumpió a las 11.45 de la mañana; hasta su reanudación – en Comisión de Constitución – hubo una poco propicia gasificación, un pedido de “deponer actitudes”, alguna orden de aprehensión y silencio sepulcral de la mesa de diálogo. Y tuits de Evo Morales.

La Ley que propone el MAS cuenta con varias aristas particulares, pero al contrario de lo asegurado, no exige la candidatura de Evo Morales. Sí prevé que las agrupaciones y partidos sean las mismas que en el proceso del 20 de octubre y que los senadores y diputados también. Separa, sin embargo, el punto de Presidente y Vicepresidente y dice que “deben sujetarse a lo dispuesto en la Constitución y las Leyes”, no en las resoluciones constitucionales, pero es cierto que últimamente nadie cree a nadie ni aunque lo vea escrito. También plantea seleccionar vocales con la venia sindical y cívica y varias excepciones para agilizar el proceso.

La Comisión está presidida por el senador Óscar Ortiz, y en la misma participa su excompañero de fórmula Wilson Rodríguez, que renunció y que ahora representó un documento de Ley de la mano de los cívicos, y la senadora tarijeña Mirtha Arce, sin embargo, el MAS es mayoritario por lo que los consensos resultarán claves antes de ingresar al pleno. En paralelo, es cierto, empiezan a aparecer nombres para ocupar precisamente las vocalías vacantes.

La resolución final, en cualquier caso, es inminente, siempre que las desinteligencias no lo impidan. “Por favor hermanas y hermanos, tenemos que pacificar nuestro país, depongamos posiciones”, expresó este jueves la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, quien junto a los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), exigió que no se siga violentando a la gente bajo el discurso de sedición.

¿Pacificar?

En la tarde se habían emitido esas imágenes bochornosas: dos ataúdes que eran portados por los marchistas alteños en La Paz acabaron por los suelos tras una gasificación apresurada ante el intento de ingresar a Murrillo y no quedarse en San Francisco, como estaba pactado. En la mañana también hubo enfrentamientos entre campesinos en Punata y otras comunidades de Cochabamba y la carretera Potosí – Oruro – La Paz sigue plagada de bloqueos, como atestiguan los jugadores de Tomayapo, que llevan cinco días intentando llegar a Llallagua para jugar un partido imposible. También la ruta al Beni y otros, mientras el cerco a La Paz sigue topando con el “cerco mediático”.

Las reacciones llevaron a la propia Presidenta Jeanine Áñez a emitir un mensaje grabado abriendo una nueva mesa de diálogo con los alteños, aunque se desconoce el impacto real que pueda llegar a tener.

Los mensajes de Evo Morales y Álvaro García Linera siguen siendo contradictorios entre sí. Morales habló ayer de que lo dejaran volver a acabar su mandato; también de que dos consultorías independientes aseguraban que habían ganado en primera vuelta – cabe recordar que fue Morales quien se comprometió a acatar lo decidido por la OEA y, en consecuencia, instruyó nuevas elecciones el 10 de noviembre antes de renunciar – mientras García Linera hablaba de que declinaban la candidatura de futuro, algo que ya estaba más o menos claro desde la entrevista de la BBC pero que sigue dando vueltas en determinados despachos.

Las decisiones de Gobierno, mientras tanto, siguen siendo mensajes enlatados. Ayer se sacó a Telesur de la parrilla de Entel, sin duda una mala noticia para el periodismo y las libertades; mientras se ponen fechas para cerrar contratos, modificarlos, e incluso reunirse con Presidentes como Jair Bolsonaro.

La mesa de diálogo, muy discreta

En medio de estas incertidumbres, la mesa de diálogo en la zona sur de La Paz parece perder fuelle, probablemente por la falta de legitimidad de los representados; o porque los intereses personales se empiezan a sobreponer a los generales, e incluso a los de los partidos.

El Gobierno dice que niega salvoconductos, aunque tampoco existen órdenes de aprehensión emitidas para los que se supone guardan determinaciones en la embajada de México, cuyos funcionarios niegan que existan esos refugiados. También el exministro Luis Alberto Sánchez desmintió ayer la información de la agencia argentina Telam que señalaba que había pedido refugio en ese país, incluso citando al homólogo ministro de Energía como fuente.

La mesa se ha desdoblado en Cochabamba, con el arzobispo metropolitano coordinando los diálogos y con Andrónico Rodríguez, jefe de las 6 Federaciones del Trópico y señalado como heredero de Evo Morales, desaparecido de las redes, pensando en sus siguientes pasos.

La línea dura del Gobierno sigue exhibiendo órdenes de aprehensión – se anuncia uno sobre Wilma Alanoca, exministra de Cultura y líder alteña – y denuncias penales contra Morales y otros ministros. De momento, los frutos son poco.

Un calendario ajustado no tan riesgoso

En la Asamblea se tratan de conciliar tres leyes, pues a última hora ingresó un documento elaborado por los cívicos y elevado por el senador Wilson Rodríguez. La del MAS y la de los cívicos prevén elecciones el 12 de enero. La del Gobierno prevé 20 días para elegir vocales del TSE y 48 horas para convocar elecciones “acortando los plazos. Ambos extremos son compatibles, aunque dejarían apenas 25 días para inscribir candidatos y hacer campañas.

Uno de los aspectos más delicados es el saneamiento del padrón, si bien el trabajo ya se podría haber iniciado en el Sereci. Además, se deberán implementar las medidas de seguridad pertinente en el proceso de acuerdo al informe de la OEA.