Llega a Tarija el documental “La ilusión de la abundancia”

El próximo miércoles 4 de febrero a las 19:00 horas, el Auditorio de la Casa de la Cultura de Tarija será escenario de la proyección del documental “La ilusión de la abundancia”, una obra de 58 minutos que retrata la lucha de tres defensoras ambientales latinoamericanas contra el extractivismo corporativo. El evento es organizado por el Movimiento Humanista Bolivia, con el apoyo de aliados locales como La Quimba (centro cultural), Cintia Mamani Rodríguez, Lilu Aramayo, Hernán Ruiz y Lea Quiroga.

La película, codirigida por la periodista colombiana Erika González Ramírez y el cineasta belga Matthieu Lietaert, presenta las historias de Máxima Acuña (Perú), Bertha Zúñiga Cáceres (Honduras) y Carolina de Moura (Brasil), tres mujeres que enfrentan amenazas, acoso judicial y violencia por defender sus territorios ante megaproyectos mineros e hidroeléctricos.

La entrada al evento es libre y se espera contar con un espacio de conversación posterior a la proyección donde el público tarijeño pueda vincular las historias del documental con la realidad local de Tariquía y las luchas ambientales del departamento.

Tres rostros de la misma lucha

Aunque las historias de Máxima, Bertha y Carolina pueden parecer anécdotas aisladas, son parte del mapa de operaciones del extractivismo corporativo en América Latina.

Máxima Acuña, campesina peruana que en 2016 ganó el Premio Goldman —considerado el Nobel del ambientalismo—, se enfrentó a Yanacocha, la segunda mina de oro más grande del mundo, propiedad del consorcio entre la estadounidense Newmont Mining Corporation, la peruana Compañía de Minas Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Su tierra, comprada en 1994, bloqueaba el proyecto Conga que requería secar la Laguna Azul para convertirla en un tajo abierto. La minera la acusó de usurpación y la sentenció a casi tres años de prisión, quemó sus cosechas y destruyó su hogar. En 2014, una corte de apelaciones la absolvió. En 2017, la Corte Suprema de Perú ratificó su inocencia. Aun así, personal de seguridad de Yanacocha continúa vigilando su propiedad. Cuando le ofrecieron 300,000 dólares por su tierra —suficiente para pagar los estudios de sus nietos— Máxima se negó. “Puedo ser pobre. Puedo ser analfabeta. Pero sé que nuestras lagunas de montaña son nuestro verdadero tesoro”, respondió.

Bertha Zúñiga Cáceres continúa la lucha que le costó la vida a su madre, Berta Cáceres. La líder lenca y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ganó el Premio Goldman en 2015 por lograr que Sinohydro, el constructor de represas más grande del mundo, abandonara el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque. Menos de un año después, el 3 de marzo de 2016, sicarios contratados por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) la asesinaron en su propia casa. Berta había recibido al menos 33 amenazas de muerte documentadas y contaba con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2009. Nada de eso la salvó. En 2024, un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que el asesinato fue financiado con fondos desviados de préstamos otorgados por bancos internacionales (BCIE y FMO) para el proyecto hidroeléctrico. Ocho personas han sido condenadas, incluido el exdirector de DESA. El principal sospechoso, Daniel Atala Midence, miembro de la familia propietaria de la empresa, permanece prófugo.

Carolina de Moura Campos, periodista y ecologista brasileña de Brumadinho, Minas Gerais, adoptó una estrategia inusual: compró acciones de la minera Vale S.A. para tener voz en las asambleas de accionistas. Desde 2015, cuando la represa de Fundão colapsó en Mariana matando a 19 personas y contaminando la cuenca del río Doce, Carolina advirtió sobre los riesgos de otras represas. En abril de 2018 rechazó públicamente un informe de la administración de Vale durante la Asamblea General de Accionistas, señalando que la empresa había descuidado información sobre la inseguridad de las presas. De las ocho represas seleccionadas por Vale para un proyecto de seguridad, una era Fundão (que ya había colapsado) y otra era Córrego do Feijão. El 25 de enero de 2019, esta segunda represa colapsó en Brumadinho, liberando 11.7 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos. El barro arrasó con todo: 272 personas murieron, incluidas dos mujeres embarazadas. Las comunidades cuentan 272 víctimas, no 270, porque consideran a los bebés que nunca nacieron. Cuatro años después, las familias recibieron indemnizaciones económicas, pero nadie está en prisión. Carolina lo resume así: “Una masacre colectiva de esta magnitud no puede quedar impune. Si el castigo de las corporaciones solo se basa en multas y compensaciones financieras, el sector minero continuará su política de ganancia sobre personas muertas”.

Un documental construido desde la memoria

“Hicimos esta película en memoria de las más de 2,000 personas defensoras del medio ambiente asesinadas en los últimos 20 años”, señalan los directores en el dossier de la producción. El documental, premiado en 26 festivales internacionales y proyectado en el Parlamento Europeo, ha recorrido América Latina y Europa como parte de una gira de impacto destinada a visibilizar la violencia que enfrentan quienes defienden el ambiente.

Según el informe 2023-2024 de Global Witness, organización británica que documenta estos crímenes desde 2012, América Latina concentra el 85% de los asesinatos de defensores ambientales registrados en la última década. Solo en 2023 fueron asesinadas 196 personas en el mundo, de las cuales 166 ocurrieron en países latinoamericanos. Colombia encabeza esta lista con 79 asesinatos, seguido de Brasil (25), México y Honduras (18 cada uno).

“¿Qué podemos hacer sin nuestra tierra para vivir?”, pregunta Máxima Acuña en el documental, sintetizando el dilema que enfrentan miles de comunidades en América Latina: aceptar compensaciones económicas que no reemplazan el hogar, el agua y el territorio, o resistir ante la desigualdad de poder.

Tariquía: el mismo guión en Bolivia

La proyección en Tarija adquiere particular relevancia porque la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía enfrenta exactamente el mismo patrón documentado en el filme. Este territorio de 246,870 hectáreas, única área protegida de Bolivia que conserva muestras del bosque tucumano-boliviano, es considerada la “fábrica de agua” del sur del país. Sus cuencas alimentan los ríos Bermejo y Tarija, vitales para el departamento y parte del Chaco boliviano.

“La película nos ayuda a demostrar que el caso de Tariquía no es un hecho aislado. Está vinculado por la modalidad extractivista: por lo general contubernio de los gobernantes y empresas transnacionales”, señala Javier Cabero, representante del Movimiento Humanista Bolivia y uno de los organizadores del evento.

En 2018, durante el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera, la empresa estatal YPFB y la brasileña Petrobras firmaron contratos para exploración hidrocarburífera en las áreas de San Telmo y Astillero, dentro de la reserva. El entonces alcalde, Rodrigo Paz Pereira, firmó en agosto de 2019 un compromiso público de que “Tariquía no se toca”.

El conflicto escaló dramáticamente en enero de 2026. El día 5, un contingente policial resguardó el ingreso de funcionarios de Petrobras al proyecto exploratorio Domo Oso-X3 en el área petrolera San Telmo Norte, cantón Chiquiacá, provincia O'Connor, cerca de la reserva. La empresa brasileña afirma que el pozo está “fuera” de Tariquía y cuenta con licencia ambiental otorgada en julio de 2025. Las comunidades lo niegan rotundamente.

Según Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), “el núcleo de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía se ha convertido en un campo petrolero”. Explica que en el caso del pozo Astillero “hubo evidente violencia en contra de personas y familias que se opusieron”, y ahora, en el corazón de la zona núcleo, se iniciará la explotación en el pozo Churumas X2, la perforación de Churumas X3 y para 2027 el Churumas X4.

Cabero es enfático al recordar el engaño histórico sobre la nacionalización: “Evo Morales mintió a Bolivia entera indicando que nacionalizó los hidrocarburos y que Bolivia recibiría el 80% y las petroleras 20%. Absolutamente falso, los convenios firmados con las petroleras fueron de repartirse a medias, para luego acordar ‘incentivos’ para las petroleras, incrementando sus ganancias”.

Como Máxima ante Yanacocha, como las comunidades lencas ante DESA, las 22 comunidades de Tariquía (unas 4,000 personas) resisten desde 2018 mediante protestas, bloqueos y marchas. Como Berta Cáceres, enfrentan amenazas y judicialización. Como Carolina de Moura en Brumadinho, advierten que lo que está en juego no es solo un ecosistema sino la supervivencia de miles de personas que dependen del agua de Tariquía.

Desde octubre de 2024, YPFB ha procesado penalmente a 29 comunarios y dirigentes de Chiquiacá. En enero de 2026, tras sobreseer a 17 de ellos, activó un segundo proceso contra otras 17 personas por “asociación delictuosa”, “atentado contra la libertad de trabajo” e “impedir el ejercicio de funciones públicas” por bloquear el paso de Petrobras e YPFB.

A la fecha, el 52% del área de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía está comprometida para proyectos extractivos.

Más allá del romanticismo: la defensa como necesidad

Los organizadores del evento subrayan que la defensa ambiental no es romanticismo sino urgencia concreta. Tariquía alimenta con agua al valle central de Tarija y cumple una función crucial en el sistema climático global. Sin embargo, el problema se aborda de manera fragmentada y se minimiza con el eufemismo del “cambio climático” cuando ya se vive una crisis climática declarada.

“La película busca demostrar que la explotación de recursos naturales, usando el modelo denominado extractivismo, es facilitada mediante la creación de falsas esperanzas del bienestar, de abundancia de dinero, adquisición de bienes suntuarios”, explica Cabero. “Esta moneda de oro que se ofrece tiene, como todas las monedas, dos caras. Riqueza para unos pocos, empobrecimiento y deterioro ambiental para muchos. Experiencia que en Bolivia hemos vivido desde tiempos de la colonia”.

En Tarija, el calor ha permitido la aparición del mosquito del dengue, las temperaturas aumentan y las inundaciones son constantes. El extractivismo sigue siendo la bandera de políticos y empresarios que operan bajo un modelo que enriquece a pocos y empobrece a muchos, dejando solo pasivos ambientales.

El representante del Movimiento Humanista cita ejemplos concretos: “El departamento de Tarija recibió más de 5,000 millones de dólares por concepto de regalías, dinero que pasó fugazmente, dejando por detrás muchas ‘obras’ inservibles, despilfarro a manos llenas además de algunas mansiones, autos de lujo y jugosas cuentas bancarias. No han generado ni un solo empleo de calidad ni autosostenible en el tiempo. Ni uno”.

Los pasivos ambientales de la explotación petrolera, que data desde 1930, son tangibles: “Pozos mal cerrados que emanan petróleo de manera constante, aguas contaminadas, flora y fauna afectada. La ganadería, la pesca y la agricultura con rendimientos reducidos a un mínimo. Como ejemplos están el caso del Aguaragüe y del Pilcomayo. En el Aguaragüe, los cursos y fuentes de agua en su mayoría están contaminados”.

“Estamos en un momento histórico, hay un fin de ciclo. Se mantienen contratos y acuerdos y los políticos y empresarios no van para atrás”, señalan los organizadores. El gobierno ha transitado de la democracia a lo que califican como autocracia, gobernando mediante decretos. Básicamente, agregan, se trata de poner en marcha “una máquina de acumulación por desposesión”, concepto acuñado por el geógrafo David Harvey para describir cómo el capitalismo se expande despojando a comunidades de sus recursos y territorios.

La acción colectiva

“La ilusión de la abundancia” no solo documenta el precio que pagan quienes defienden el ambiente, sino que propone una lectura sistémica del problema. Los directores explican que, aunque la película está ambientada en América Latina, la audiencia comprenderá que se trata de un problema global cuya causa profunda es el modelo económico basado en el extractivismo.

Cabero conecta esta lógica con la historia boliviana: “¿Qué se llevaron de Bolivia los colonizadores y las empresas transnacionales? Ingentes cantidades de materia prima. Desde principios de la colonia hasta ahora es una norma impedir que el país dueño de las materias primas pueda generar valor agregado. La plata, el estaño, el cobre, zinc, etc., todos nuestros minerales, se exportan como materia prima. Maderas preciosas y piedras preciosas también son exportadas como materia prima. Los hornos de fundición que Bolivia llegó a construir fueron objeto de sabotaje”.

“Los ‘enemigos’, las multinacionales en estos casos, surgen y dividen a las comunidades; van a los tribunales con un ejército de abogados si es necesario y, si la lucha es muy grande, están listos para matar”, señala Erika González Ramírez en entrevistas sobre el documental. “Queremos mostrar que existe una forma sistémica en la que las corporaciones multinacionales están actuando”.

El documental forma parte de un esfuerzo más amplio por impulsar normativas que defiendan los derechos humanos y ambientales del abuso corporativo. La gira internacional ha incluido proyecciones en el Parlamento Europeo, la ONU en Ginebra, el FIDA en Roma y la COP15 sobre Biodiversidad en Montreal, buscando influir en la legislación sobre responsabilidad empresarial y acceso a la justicia para defensores ambientales.

El Acuerdo de Escazú, una herramienta que Bolivia no aplica

El contexto latinoamericano que retrata la película se enmarca en un instrumento legal crucial: el Acuerdo de Escazú, primer tratado regional que obliga a los Estados a proteger a los defensores ambientales. Firmado en 2018 en Costa Rica y vigente desde abril de 2021, establece tres pilares: acceso a la información ambiental, participación pública en decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Crucialmente, obliga a los países a garantizar entornos seguros para defensores ambientales, investigar agresiones y adoptar medidas con enfoque interseccional, priorizando a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.

Sin embargo, de 33 países latinoamericanos, solo 17 lo han ratificado, y la lista no incluye naciones con alta conflictividad ambiental como Brasil, Perú, Guatemala y Costa Rica (país anfitrión donde se firmó). Esta ausencia no es casual: los tres casos del documental ocurren precisamente en países que no han ratificado el acuerdo o que, habiéndolo firmado, no lo cumplen.

Honduras firmó el Acuerdo de Escazú en 2018, pero no lo ha ratificado. Berta Cáceres fue asesinada en 2016, dos años antes de que el acuerdo existiera, pero si Honduras lo hubiera ratificado tras su firma, su hija Bertha Zúñiga Cáceres —quien continúa la lucha— tendría herramientas legales internacionales más contundentes para exigir protección.

Perú firmó en 2018 pero no lo ratificó hasta 2023. Máxima Acuña enfrentó años de acoso, judicialización y violencia sin la protección que el acuerdo habría garantizado.

Brasil firmó en 2018 pero no lo ha ratificado. Carolina de Moura advirtió sobre Brumadinho en 2018; el desastre ocurrió en enero de 2019. Si Brasil hubiera ratificado Escazú, las comunidades habrían tenido derecho exigible a información ambiental completa, participación vinculante en decisiones y acceso garantizado a justicia. En cambio, Carolina tuvo que comprar acciones de Vale para poder hablar en asambleas de accionistas.

Y Bolivia, que enfrenta el caso de Tariquía desde 2018, si bien ha ratificado el acuerdo, no lo aplica. Las 22 comunidades que rodean la reserva no cuentan con la protección internacional que Escazú les garantizaría. Los comunarios procesados por defender Tariquía carecen del marco legal que el acuerdo establece para proteger defensores ambientales de la criminalización.

Campanini del Cedib advierte que se han “vulnerado derechos de acceso a información y de consulta previa ante un Plan de Manejo actualizado sin el consentimiento de las comunidades, se ha vulnerado el derecho a una vida digna, el derecho al acceso a justicia ambiental y defensa que responde el Acuerdo de Escazú”.

América Latina creó el primer tratado del mundo que protege específicamente a defensores ambientales, pero los países donde más se les asesina son precisamente los que no lo han ratificado o no lo cumplen.

Una semilla para tiempos venideros

El Movimiento Humanista Bolivia, organizador del evento, es parte de una corriente internacional fundada en 1969 que promueve la no-violencia activa y la transformación social. En 2007, el entonces presidente Evo Morales participó del Segundo Foro Humanista Latinoamericano en La Paz, señalando el reconocimiento que la organización ha tenido en diversos países.

La proyección del miércoles 4 de febrero busca generar reflexión y debate en Tarija sobre la relación entre extractivismo, crisis climática y defensa territorial. Como señalan los directores del documental, hicieron esta película no solo para que el mundo sepa lo que hacen las corporaciones del norte global en América Latina, sino también para inspirar resistencia entre la gente de América Latina.

“Aun cuando no logremos inmediatamente los resultados que esperamos, esta semilla ya existe y espera la llegada de los tiempos venideros”, expresó Silo, fundador del Movimiento Humanista, en palabras que resuenan con la lucha de Máxima, Bertha, Carolina y las miles de personas que, como ellas y como los defensores de Tariquía, defienden el agua, los bosques y la vida misma.

El documental no ofrece respuestas fáciles ni finales felices. Máxima sigue bajo vigilancia constante de personal de Yanacocha. El principal responsable intelectual del asesinato de Berta permanece prófugo. En Brumadinho, cuatro cuerpos aún no han sido encontrados y nadie está en prisión. En Tariquía, comunarios enfrentan cárcel por defender el agua.

Pero también muestra que la resistencia es posible, que la dignidad no se negocia, y que —como dice Máxima Acuña— si se pierde, se pierde con dignidad. Y eso, como demuestra la lucha de Tariquía, es lo que hace la diferencia entre la derrota y la rendición. Las luchas no son tres, ni cuatro, ni diez. Son una batalla que se libra en distintos frentes, con distintos rostros, contra el mismo modelo que antepone la ganancia de pocos a la supervivencia de muchos.

PARA PROFUNDIZAR:

• Máxima Acuña: perfil en Goldman Environmental Prize
• Caso Berta Cáceres: Front Line Defenders
• Informe GIEI sobre el asesinato de Berta Cáceres - Desinformémonos
• Carolina de Moura: cuatro años después de Brumadinho - CIDSE
• Audiencia del Senado de Brasil exige justicia por el colapso de la represa en Brumadinho
• Jorge Campanini: El núcleo de Tariquía se ha convertido en un campo petrolero - ANA Bolivia
• Tariquía: impacto económico vs. impacto ambiental - Bolivia Verifica
• Texto completo del Acuerdo de Escazú

Ficha técnica del documental:

• Título: La ilusión de la abundancia
• Dirección: Erika González Ramírez y Matthieu Lietaert
• Año: 2022-2023
• Duración: 58 minutos
• País: Bélgica/Colombia
• Premios: 26 festivales internacionales
• Idiomas: Español, portugués, inglés (con subtítulos)

Evento:

• Fecha: Miércoles 4 de febrero de 2026
• Hora: 19:00 horas
• Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura de Tarija
• Entrada: Libre
• Organiza: Movimiento Humanista Bolivia
• Apoyan: Javier Cabero, La Quimba, Cintia Mamani Rodríguez, Lilu Aramayo, Hernán Ruiz, Lea Quiroga

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