Yoremes contra el amoníaco: la batalla de Ohuira

Para el pueblo Yoreme-Mayo de Sinaloa, los manglares de la Bahía de Ohuira no son simples árboles: son el Bawe Ania, el mundo del mar donde habita el espíritu del agua. Desde hace una década, estas comunidades pesqueras libran una batalla desigual contra Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la trasnacional suizo-alemana Proman AG, que construye una planta capaz de producir 2,200 toneladas diarias de amoníaco anhidro.

El paralelo con Tariquía es inevitable. Allá como aquí, el agua es el centro de la disputa. La planta descargará diariamente 2,000 metros cúbicos por hora de agua caliente en un humedal Ramsar donde anidan tortugas marinas, delfines y aves migratorias. Los científicos advierten que la salinidad y temperatura del agua aumentarán hasta devastar el 60% de la producción de camarón, destruyendo el sustento de 4,000 familias pesqueras.

Lo que empezó en 2014 con la tala silenciosa de manglares escaló hasta convertirse en un conflicto de dimensiones internacionales. Doce expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU señalaron que las actividades de la planta “afectarían a los pueblos indígenas, a las comunidades pesqueras, a la niñez, así como a todas las personas de la zona, en particular su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”. Más relatores que los seis que alertaron sobre el Tren Maya en 2020.

Los expertos de la ONU fueron contundentes: “Las emisiones resultantes de las operaciones de la planta, y la producción y el uso de los productos petroquímicos, también contribuyen al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica, con repercusiones negativas adicionales sobre los derechos humanos”. Y denunciaron que el proyecto “habría sido aprobado sin la debida consulta a los habitantes de la región ni el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados”.

La respuesta del Estado mexicano llegó apenas esta semana, y es devastadora en su cinismo. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum virtualmente reconoció ante los relatores de la ONU que certifica y sostiene la construcción acelerada e impune de la planta. Como denunció el periodista Julio Hernández López en La Jornada este 28 de enero, el Estado admite que “no todas las comunidades indígenas directamente afectadas otorgaron su consentimiento”, pero sostiene que el proceso de consulta fue suficiente. Es decir: el consentimiento previo, libre e informado simplemente no existió.

El gobierno federal pretende sentenciar despóticamente a la Bahía de Ohuira y al movimiento ¡Aquí No! “a la virtual inexistencia cívica y jurídica”, denuncia Hernández López, “sin siquiera concederle la oportunidad de la escucha directa y atenta”. Al estilo salinista de no ver ni oír a los opositores.

Las promesas incumplidas se acumulan: María Luisa Albores y Alicia Bárcena, ambas titulares de la Secretaría de Medio Ambiente en sus respectivos momentos, prometieron expresamente ir a la Bahía a dialogar con las comunidades afectadas. Nunca llegaron. Adán Augusto López Hernández, entonces secretario de Gobernación, también ofreció una cita “solo para salir del paso en una visita a Sinaloa”. Nada más.

Mientras el gobierno mexicano hace oídos sordos y litiga a favor de las empresas que contaminan, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, es enviada a foros internacionales —el más reciente, Davos— para promoverla como aspirante a secretaria general de Naciones Unidas. Justamente en el seno de esa organización se emiten las advertencias más firmes sobre violaciones jurídicas, ambientales y de derechos humanos en la Bahía de Ohuira.

El colectivo ¡Aquí No! respondió con dureza a los relatores: el gobierno mexicano “no atiende de manera sustantiva las preocupaciones centrales planteadas por ustedes, sino que recurre a argumentos formales, descripciones normativas generales y omisiones relevantes que perpetúan la vulneración de nuestros derechos humanos”.

El propio Estudio de Riesgo Ambiental de la empresa reconoce que una fuga de amoníaco podría generar un “peligro inmediato para la salud o la vida” de más de 400,000 personas. Sin embargo, la respuesta gubernamental no explica por qué, ante este riesgo extremo, no se aplica el principio precautorio ni se detiene el proyecto.

Las defensoras Melina Sandoval y Claudia Susana Quintero, pescadoras convertidas en activistas y ahora estudiantes de Derecho, han pagado un precio brutal por su resistencia. Ambas usan chalecos antibalas y botones de pánico. Los relatores de la ONU documentaron “amenazas, hostigamiento, agresiones e incluso intentos de desaparición” contra las defensoras. La respuesta del gobierno se limitó a mencionar la existencia de mecanismos de protección, sin reconocer su ineficacia.

El hostigamiento incluye ahora amenazas legales: directivos del banco alemán KfW advirtieron por escrito a Claudia Susana de acciones judiciales si no borra mensajes en redes sociales dirigidos al personal de esa banca. La criminalización de la protesta se suma a la división comunitaria fabricada con despensas, promesas de empleo y “ayudas” económicas que reparten peso a peso el respaldo aparente al proyecto.

En 2022, la Suprema Corte de Justicia mexicana (SCJN), revocó los permisos por falta de consulta indígena. Pero la empresa forzó una nueva consulta que dividió a las comunidades: ocho votaron a favor del dinero prometido, cuatro (las únicas que habían llevado el caso a la SCJN) rechazaron la planta. En agosto de 2024, un juez declaró “superada” la consulta con el argumento que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el gobierno mexicano solo obliga a una consulta donde se informe y se escuche a las comunidades no a una consulta que le obligue a obtener “el pleno consentimiento” de ellas por ser un mega proyecto que almacena grandes cantidades de químicos, tal como lo indica la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanas, pues hacerlo –dicen ese y otros jueces– es dar “poder de veto” a las pueblos indígenas.

El litigio continúa, pero las obras se reanudaron a marcha forzada. Según el gobierno federal, la planta lleva más del 70% de construcción terminada. Día a día, hora a hora, se avanza de manera implacable mientras se agota el tiempo para detenerla.

La científica Diana Escobedo Urías, quien ha estudiado la bahía durante tres décadas, es contundente: “La planta de amoníaco no es mala en sí misma, pero el sitio está equivocado. Es un error geográfico”. La Bahía de Ohuira es una laguna estrangulada: 125 kilómetros cuadrados conectados al mar por una boca de apenas 700 metros. Todo contaminante que entre permanecerá décadas. Y en caso de fuga, las 15,000 personas que viven en un radio de 15 kilómetros no tendrían escape.

Los relatores de la ONU señalaron que el proyecto afecta “centros ceremoniales, prácticas espirituales y formas de vida profundamente ligadas al mar y al territorio”. La respuesta del Estado mexicano redujo estos derechos a “impactos secundarios” dentro de la evaluación ambiental. Como si la cosmovisión de un pueblo pudiera medirse en pesos y porcentajes de mitigación.

La presunta justificación de fondo descansa en el Plan México —neoliberal a cuál más— y sus polos de desarrollo que privilegian la inversión, sobre todo extranjera, por encima de cualquier otra consideración. El mismo modelo extractivista que conocemos en Bolivia, apenas con distinta retórica.

Mientras tanto, el banco estatal alemán KfW IPEX-Bank —que financia el proyecto con 1,600 millones de dólares— envió discretamente auditores tras el informe “KFW: Financiamiento irresponsable” de la Coalización para los Derechos Humanos en el Desarrollo. Durante cuatro días, la empresa mantuvo a estos funcionarios encerrados, lejos de las comunidades que intentaban contactarlos. El negocio debe continuar.

“Lo que me motiva es que las nuevas generaciones miren todo esto”, dice Melina Sandoval, “cómo amamos el territorio, cómo se debe defender el territorio y que, si lo perdimos, lo perdimos con dignidad”.

Como en Tariquía, como en tantos territorios, el Estado mira hacia otro lado mientras las corporaciones avanzan. La diferencia es que en Ohuira el gobierno no solo mira: ahora ha respondido oficialmente a la ONU para certificar que la violación de derechos es política de Estado. Más allá de discursos, declaraciones y giras ambientales, el gobierno de Sheinbaum pretende sentenciar a la Bahía de Ohuira a una virtual inexistencia con alegatos que solo sirven para que el Plan México, los polos de desarrollo y el bienestar de políticos, servidores públicos y empresarios coludidos avancen sin freno.

Y son siempre las mismas voces —indígenas, pescadoras, defensoras con chalecos antibalas— las que ponen el cuerpo para detener lo que ningún estudio de impacto ambiental detendrá.

PARA PROFUNDIZAR:

• Topolobampo: cuando el desarrollo se impone a los derechos humanos
• Topolobampo: Cuando el financiamiento internacional prefiere mirar hacia otro lado
• De pie contra una fábrica de amoníaco: un pueblo indígena de Sinaloa resiste
• El gigante de amoníaco y un pueblo dividido en la resistencia
• Astillero: El gobierno mexicano reconoce ante la ONU la construcción impune
• Astillero: La 4T busca condenar a Bahía de Ohuira
• Sitio oficial de la organización Salvemos Ohuira

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