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La Ley N° 1670 de Diferimiento de Créditos, promulgada en noviembre de 2025, debía otorgar un alivio financiero inmediato a miles de prestatarios en Bolivia; sin embargo, su aplicación continúa paralizada. El Gobierno decidió suspender su puesta en marcha mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) analiza los recursos presentados por entidades financieras, lo que ha generado un creciente clima de presión social y política para que la norma entre en vigencia.


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