Construcción advierte desempleo por el alza de costos y la falta de presupuesto

El presidente departamental de la SIB en Tarija, Eduardo Miranda, explicó que el encarecimiento de insumos esenciales, como el diésel y otros materiales, elevó entre un 25% y un 30% el costo de las obras. Aunque existen decretos gubernamentales que contemplan la actualización de costos, su aplicación enfrenta dificultades en las instancias públicas nacionales, departamentales y municipales.

Miranda señaló que el principal problema es la falta de recursos adicionales para cubrir la diferencia, debido a que los presupuestos institucionales ya están comprometidos en otros programas.

Para dimensionar el impacto, explicó que un módulo educativo presupuestado inicialmente en un millón de bolivianos necesita ahora entre 250.000 y 300.000 bolivianos adicionales para cubrir el incremento de los costos.

Ante esta situación, las entidades ejecutoras tienen dificultades para garantizar la continuidad de los proyectos. Entre las alternativas están reducir el alcance de las obras o resolver los contratos mientras se gestiona un presupuesto adicional.

La primera opción puede derivar en la entrega de infraestructuras incompletas, sin ambientes complementarios, como canchas deportivas o aulas previstas en el diseño original. La segunda implica paralizar los trabajos hasta contar con los recursos necesarios, sin una garantía de que el financiamiento adicional llegue en el corto plazo.

El problema también tiene consecuencias directas en el empleo. Las empresas constructoras se ven obligadas a suspender actividades y dejar temporalmente sin trabajo a ingenieros y obreros, quienes deben esperar hasta que se resuelvan las dificultades presupuestarias y contractuales para retomar sus labores.

El sector advierte que esta situación puede profundizar la crisis laboral en la construcción, además de retrasar la ejecución de proyectos de infraestructura pública.

Miranda también alertó sobre las dificultades que generan los procedimientos administrativos para concretar los ajustes de costos. Los plazos establecidos por la normativa, que condicionan la aplicación de estas modificaciones hasta fin de año, prolongan la incertidumbre para las empresas y los trabajadores.

Frente a este panorama, el sector demanda respuestas oportunas y soluciones presupuestarias que permitan actualizar los costos, evitar la paralización de obras y proteger las fuentes laborales.

La preocupación se centra en que, sin recursos adicionales y decisiones oportunas, los proyectos podrían quedar inconclusos, mientras las empresas constructoras y sus trabajadores continúan soportando las consecuencias del incremento de los costos.