Justicia da 30 días a instituciones para presentar un plan contra la contaminación del Guadalquivir

La resolución judicial se produjo tras una acción popular presentada por el ingeniero José Luis Arzugaray. El plazo alcanza al Gobierno Municipal de Tarija, la Gobernación, Cosaalt, la OTN y otras instancias involucradas. Según el denunciante, un informe advierte sobre la presencia de metales pesados en el río y el uso de sus aguas contaminadas para el riego de cultivos.

La Justicia otorgó un plazo de 30 días a instituciones públicas y entidades vinculadas con la gestión del agua para presentar un plan de acción destinado a enfrentar la contaminación del río Guadalquivir, en Tarija.

La medida se enmarca en una acción popular interpuesta por el ingeniero José Luis Arzugaray, quien alertó sobre los riesgos ambientales y sanitarios relacionados con la contaminación del afluente y cuestionó el incumplimiento de recomendaciones dirigidas a las instituciones responsables.

Entre las entidades alcanzadas por la resolución se encuentran el Gobierno Municipal de Tarija, el Gobierno Autónomo Departamental, la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt) y la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN), además de otras instancias involucradas.

Arzugaray afirmó que el último informe de la Contraloría reporta incumplimientos en el 55% de las recomendaciones formuladas a las instituciones. Según detalló, el porcentaje asciende al 77% en el caso de la Alcaldía de Tarija y al 87% en Cosaalt.

Sin embargo, manifestó que uno de los datos más preocupantes corresponde al informe de la OTN, que, según explicó, clasifica al río Guadalquivir en categoría D crítica debido a las concentraciones de metales pesados identificadas.

“El río en la actualidad se encuentra en categoría D crítica, con altas concentraciones de metales pesados, cancerígenos”, sostuvo.

El denunciante también advirtió sobre el uso de aguas contaminadas para el riego agrícola. Según indicó, el informe señala que estas aguas son captadas en la obra de toma del sistema de riego Guadalquivir-Senavit-Calamuchita, por lo que extensas superficies de cultivo estarían siendo irrigadas con agua contaminada.

“Grandes extensiones están siendo irrigadas con estas aguas contaminadas, lo cual estos cultivos estamos consumiendo”, manifestó Arzugaray, al explicar las razones que lo llevaron a presentar la acción popular.

Ante esta situación, sostuvo que la resolución judicial representa un avance para exigir medidas concretas a las entidades involucradas. Advirtió, además, que el incumplimiento del plazo de 30 días para presentar un plan de acción podría derivar en acciones penales.

Arzugaray agregó que también existe un plazo de cinco días para que las instituciones presenten una comisión, cuyo vencimiento, según indicó, está previsto para el jueves.

Adhesión de la Brigada Parlamentaria

El presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, agradeció a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil que apoyaron las acciones para precautelar el medio ambiente.

Asimismo, destacó la participación del presidente del Colegio de Abogados, Fernando Valverde, quien patrocinó la adhesión de la Brigada Parlamentaria a la acción popular presentada por Arzugaray.

Corvera sostuvo que la institución busca impulsar medidas preventivas frente a la problemática ambiental y remarcó la necesidad de que las autoridades competentes asuman acciones para proteger los recursos naturales.

La presentación del plan de acción dentro del plazo establecido será clave para conocer las medidas que proponen las instituciones involucradas para reducir la contaminación del Guadalquivir y atender las observaciones relacionadas con la calidad de sus aguas.