Precios altos y productos con faltantes: vecinos proponen una ley de control

La dirigencia vecinal de Cercado presentará ante el Concejo Municipal de Tarija un proyecto de ley de transparencia y defensa de la canasta alimentaria, con el objetivo de establecer controles regulares sobre el peso de los productos y la variación de precios en los centros de abasto. La propuesta surge ante las denuncias por presuntas irregularidades en el pesaje y el encarecimiento de los alimentos.

El dirigente vecinal Rodrigo Castillo explicó que la iniciativa responde a la preocupación por el impacto del costo de vida en la economía de las familias tarijeñas. Como ejemplo, mencionó una denuncia pública sobre la venta de productos en un centro de abasto, donde, según lo reportado, una carga de 46 kilos presentaba un faltante aproximado de seis kilos o más.

«Es una pena que, a pesar de que los productos nos estén vendiendo caro, nos estén dando faltante. Para nosotros, eso sería una estafa», manifestó Castillo, al pedir a las autoridades municipales que refuercen los mecanismos de fiscalización.

El dirigente también expuso los precios que identificaron durante una verificación de campo. Según indicó, el kilo de puchero se comercializaba entre 34 y 35 bolivianos, mientras que el maple de huevos se ofrecía entre 30 y 40 bolivianos. A ello sumó las dificultades para encontrar garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en tiendas de los barrios.

Castillo señaló que, durante una reunión sostenida el viernes con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), recibieron información sobre un posible reabastecimiento de GLP durante esta semana. Asimismo, advirtió sobre el impacto que podría tener en los hogares una futura eliminación de la subvención al combustible doméstico.

Controles periódicos y posibles sanciones

Richard Hoz de Vila, representante de la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Cercado, explicó que el proyecto busca establecer un mecanismo permanente de fiscalización, en lugar de controles ocasionales que se activan después de recibir denuncias.

Según detalló, la propuesta se sustenta en la normativa municipal vigente y contempla revisiones periódicas del pesaje y seguimiento de los precios de los productos de la canasta familiar en los diferentes centros de abasto.

«¿Qué determina esta ley? Que tiene que ser de manera regular, que haya controles en cada mercado, que es lo más importante», sostuvo Hoz de Vila.

El representante vecinal señaló que actualmente los operativos suelen realizarse de manera paulatina, cuando se presentan denuncias por irregularidades en el peso o la comercialización de los productos. Por ello, la iniciativa pretende definir responsabilidades para los funcionarios encargados de estas tareas y establecer sanciones ante posibles incumplimientos.

Respecto a los precios, explicó que, aunque el país funciona bajo una economía de libre mercado, considera necesario analizar mecanismos que permitan transparentar las diferencias entre los centros de abasto y detectar posibles casos de especulación.

«No solamente (debe haber) control en pesos, sino en precio; también existan sanciones», afirmó, al señalar que la aplicación de la normativa debería coordinarse y socializarse con los gremiales.

La propuesta busca que la fiscalización municipal no dependa únicamente de denuncias ciudadanas, sino que se convierta en una labor periódica y con responsabilidades definidas. El proyecto deberá seguir el procedimiento correspondiente en el Concejo Municipal para su análisis.