Gobernaciones fijan hasta el 15 de octubre plazo para abrogar la Ley 767

Las gobernaciones del país fijaron el 15 de octubre como plazo para la abrogación de la Ley 767, en el marco de los acuerdos alcanzados para avanzar en la denominada Agenda 50/50 y fortalecer la autonomía fiscal de los gobiernos departamentales.

El acuerdo fue trabajado esta semana en Tarija, donde equipos técnicos de ocho gobernaciones analizaron propuestas financieras, legales y administrativas para establecer una posición conjunta frente al Gobierno nacional y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Entre los planteamientos está la reversión de la condicionalidad sobre los recursos de los gobiernos autónomos departamentales, además de una mayor participación de las gobernaciones en la distribución de los ingresos nacionales.

El secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero, explicó que la propuesta contempla elevar la coparticipación tributaria al 15%, lo que, tomando como referencia una base de Bs 48.433 millones de coparticipación tributaria de 2025, representaría aproximadamente Bs 7.265 millones anuales para las nueve gobernaciones.

Romero aclaró que este monto no necesariamente significaría un gasto adicional para el Tesoro General de la Nación (TGN), sino una redistribución de ingresos tributarios existentes. En ese escenario, el nivel central dejaría de administrar aproximadamente ese monto para transferirlo a los gobiernos departamentales.

Otro de los puntos planteados es la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), junto con la revisión de responsabilidades que actualmente son financiadas por las gobernaciones, como el bono de vacunación, los prediarios y los títulos de bachiller.

Sobre este punto, Romero señaló que no existe todavía una cifra consolidada para las nueve gobernaciones. En el caso de Tarija, estimó que dejar de asumir esos gastos permitiría liberar entre Bs 13 y 14 millones anuales, mientras que en Santa Cruz la cifra rondaría los Bs 58 millones.

Reprogramación de deudas

La propuesta también incluye medidas para enfrentar la situación financiera de las gobernaciones. En ese marco, los departamentos plantean una pronta reprogramación de sus obligaciones, principalmente con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), además de mecanismos que permitan restablecer el equilibrio fiscal.

Romero explicó que el Programa de Readecuación Financiera (PRFT) no debe entenderse únicamente como una transferencia extraordinaria ni como una condonación de deuda. El Decreto Supremo 5686 contempla mecanismos como la consolidación, conversión, renegociación, diferimiento y refinanciación de obligaciones.

El monto de recursos que requeriría cada gobernación deberá establecerse de manera individual, considerando su déficit, nivel de endeudamiento, liquidez y obligaciones pendientes.

A cambio de una mayor disponibilidad de recursos, las gobernaciones también plantean asumir compromisos de disciplina fiscal, entre ellos la racionalización del gasto corriente, la priorización de la inversión productiva y social, la mejora de los ingresos propios y una mayor transparencia en la ejecución presupuestaria.

Plazos y seguimiento

Los equipos técnicos suscribieron un Acta de Conclusiones que establece el 24 de septiembre como plazo para que las máximas autoridades ejecutivas de cada departamento se pronuncien sobre los acuerdos alcanzados.

Además, se acordó activar un cronograma de trabajo para avanzar en la concertación del Convenio RESTAURA con las nueve gobernaciones y dar seguimiento a las propuestas relacionadas con la coparticipación del 15%, el 12% del IDH, las competencias financiadas y el programa de readecuación financiera.

Romero señaló que todavía falta establecer un cronograma integral para la implementación del 50/50, aunque existen plazos específicos, como el 15 de octubre para la abrogación de la Ley 767.

También recordó que el Decreto Supremo 5686 establece un plazo máximo de 20 días hábiles para que el Ministerio de Economía apruebe la reglamentación específica del PRFT mediante resolución ministerial, trámite que, según indicó, todavía está pendiente.

Para realizar el seguimiento de estos compromisos se conformó un Comité Técnico Permanente, que tendrá la tarea de evaluar las acciones del Gobierno y de la Asamblea Legislativa respecto a las demandas planteadas por las gobernaciones.

Romero sostuvo que el objetivo es que la Agenda 50/50 no implique únicamente una mayor asignación de recursos, sino que esté acompañada de responsabilidad fiscal, eficiencia y resultados verificables, con prioridad en áreas como desarrollo productivo, turismo, salud e inversión departamental.