Cuestionan el DS 5676 y piden que el Gobierno negocie la medida

Al igual que en el resto del país, en Tarija distintos sectores se pronunciaron contra el Decreto Supremo 5676 que establece el alza de la tarifa de diésel para grandes consumidores a 18 bolivianos por litro. Además de proponer su abrogación, también llaman a que el Gobierno convoque a mesas de diálogo para llegar a un acuerdo.

En el oriente ya se registraron bloqueos, los cívicos cruceños y el sector del transporte advierten con medidas. Mientras, el Gobierno descarta la abrogación y propone “mejorar” la redacción.

Cuestionamientos

A primera hora del pasado lunes 17 de agosto quedó promulgado el D.S. 5676, que establece que grandes consumidores pagaran 18 bolivianos por litro de diésel. En ese grupo están contemplados usuarios directos que compran grandes cantidades y usuarios que consumen más de 120 litros al mes. Para el resto sigue vigente la tarifa de 9,80 bolivianos.

El Ejecutivo argumentó que la norma reduciría los problemas de desabastecimiento, contrabando y especulación.

Desde entonces a la fecha se registraron una serie de cuestionamientos, debido a que todavía persisten las filas en los surtidores y a que ese incremento podría derivar en el incremento de la canasta básica familiar.

El economista Roberto Castillo apuntó que es necesaria una política para reducir la subvención, pero propuso que se llegue a una negociación de prorrateo.

“Hay datos que indican que el transporte público, transporte privado y carga en tanque constituyen el 85 u 86% del consumo, los pequeños y grandes consumidores son solo el 14 o 15%. Se puede llegar a un precio promedio porque solo tiene que subvencionarse el transporte público, no el privado ni el pesado. Sería un acuerdo de prorrateo a 13 bolivianos, se podría terminar un problema e incluso ahorrar dinero”, indicó.

Luis Casso, como dirigente del Transporte Libre, afirmó que el DS 5676 no cumplió su objetivo, por lo que debe ser abrogado y posteriormente el Gobierno debe acordar con los distintos actores sociales las políticas que vayan a aplicarse para evitar protestas.

“Ha empeorado la situación. Amerita que el Gobierno tenga que retroceder y abrogar el decreto. Dicen que puede haber mejorar, pero no sé cuáles serían esas mejoras (…) Que lo abroguen y después que pueda el Ministerio se siente con nosotros, con los empresarios, con todos para ver la mejor solución”, afirmó.

Casso anunció que para los primeros días de septiembre se planea convocar a un ampliado nacional específicamente para tratar este tema. Sin embargo, no dio una fecha ni adelantó las medidas de protesta que podrían asumirse en el encuentro.