El dólar flexible y la deuda pública golpean al sector constructor

Cuando las empresas comenzaban a reactivar lentamente la ejecución de obras gracias al decreto que permitió la actualización excepcional de precios en los contratos públicos, la implementación del tipo de cambio flexible del dólar volvió a modificar las reglas del juego. El incremento acelerado en el costo de los materiales, la presión inflacionaria sobre los insumos, la imposibilidad de reajustar nuevamente los contratos y la millonaria deuda que mantiene el Estado con las constructoras configuran un panorama que el sector califica como crítico.

En Tarija, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) advierte que las alarmas se encendieron desde el mismo momento en que el Gobierno anunció la flexibilización cambiaria. Si bien el sector reconocía que el mercado ya operaba con un dólar paralelo mucho más alto que el tipo de cambio oficial, la oficialización de un esquema flexible terminó trasladando el incremento a otros costos que antes permanecían relativamente contenidos.

El presidente de la SIB Tarija, Eduardo Miranda, explicó que la preocupación radica en que no se adoptaron medidas de contingencia que acompañaran el cambio económico.

"Esperábamos que la flexibilización venga acompañada de medidas paliativas o algún mecanismo que evitara una escalada mayor en los precios. Lamentablemente eso no ocurrió", afirmó.

Materiales hasta 30% más caros

El impacto fue prácticamente inmediato. Según datos del sector, alrededor del 80% de los materiales utilizados en la construcción son importados, por lo que cualquier variación del dólar repercute directamente sobre los costos de las obras.

Miranda explicó que insumos como material eléctrico, plásticos, cables, aluminio, accesorios hidráulicos y otros productos importados registraron incrementos de entre el 20% y el 30% en menos de un mes.

"Un insumo eléctrico que hace un mes costaba 100 bolivianos hoy se encuentra en 130 bolivianos. Ese incremento lo puede comprobar cualquier persona que actualmente esté construyendo una vivienda", señaló.

Pero el fenómeno no se limita únicamente a los productos importados. Incluso materiales de fabricación nacional como el cemento, la cerámica roja o algunos agregados comenzaron a registrar incrementos periódicos debido al encarecimiento de sus procesos de producción y transporte.

El resultado es una presión inflacionaria que termina elevando el costo total de las construcciones, tanto públicas como privadas.

El decreto quedó desactualizado

Paradójicamente, semanas antes el sector había recibido con optimismo el decreto que autorizó la actualización excepcional de precios en los contratos de obra pública, una medida largamente demandada por las empresas constructoras para compensar el incremento acumulado de los costos.

Desde la Cadeco La Paz, su presidente Jaime del Llano, menciona que con esa norma varias obras paralizadas retomaron actividades. Sin embargo, el nuevo escenario económico volvió insuficiente ese mecanismo.

Del Llano considera que será inevitable revisar nuevamente la normativa para incorporar mecanismos automáticos de actualización que respondan a la inflación y al comportamiento del tipo de cambio. De lo contrario, advierte, muchas empresas volverán a enfrentar pérdidas económicas imposibles de absorber.

Por su parte, Miranda recordó que el decreto únicamente autorizaba un reajuste extraordinario de precios y no contemplaba futuras modificaciones derivadas de nuevas variaciones del dólar.

"Hoy tenemos un escenario completamente distinto y nuevamente los contratos quedaron desfasados. (…) Vamos a entrar en un círculo vicioso donde cada vez que suba el dólar habrá que volver a pedir un reajuste. Lo correcto sería que los contratos tengan mecanismos flexibles de actualización", sostuvo.

Riesgo de incumplimientos

Las consecuencias ya comienzan a sentirse en la ejecución de obras. El incremento constante de los materiales está comprometiendo el cumplimiento de contratos tanto con instituciones públicas como con clientes privados.

En Tarija, donde aproximadamente el 70% de la inversión en construcción proviene del sector privado y solo entre el 20% y el 30% corresponde al Estado, las empresas deben asumir contratos cuyos precios fueron pactados antes del nuevo escenario cambiario.

"Los propietarios exigen el cumplimiento de los precios establecidos, pero los costos ya no son los mismos. Eso está afectando directamente la viabilidad económica de los proyectos", explicó Miranda.

La preocupación también alcanza a las obras públicas, donde las constructoras temen que los presupuestos vuelvan a quedar rápidamente desactualizados si la cotización del dólar continúa incrementándose.

La deuda que agrava la crisis

Pero el tipo de cambio no es el único problema que enfrenta la construcción. El sector sostiene que la mayor dificultad continúa siendo la falta de pago por parte del Estado.

Según Miranda, numerosas obras permanecen paralizadas no porque los contratos hayan perdido rentabilidad, sino porque las instituciones públicas acumulan retrasos de entre 60 y 90 días en la cancelación de planillas.

"La construcción no solamente se paraliza por el reajuste de precios. Muchas obras se detienen porque simplemente no se pagan las planillas", afirmó.

El dirigente recordó que únicamente el Gobierno nacional mantiene una deuda superior a los 850 millones de bolivianos correspondientes a la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), monto al que deben sumarse obligaciones pendientes de gobiernos departamentales y municipales. Aunque no existe una cifra consolidada, el sector estima que la deuda acumulada supera ampliamente ese monto.

El termómetro de la economía

Desde la SIB consideran que la situación de la construcción refleja el deterioro general de la economía boliviana.

El incremento del dólar, la inflación de materiales, la falta de liquidez estatal y la incertidumbre contractual afectan simultáneamente a uno de los sectores con mayor capacidad de generación de empleo.

Por ello, advierten que las soluciones ya no pueden limitarse a medidas temporales.

Entre las propuestas planteadas figura la creación de mecanismos permanentes de actualización de contratos, planes de pago para las deudas estatales y políticas económicas que otorguen previsibilidad al mercado de la construcción.

"Pareciera que el sector de la construcción fuera el menos importante de la economía. Sin embargo, es uno de los principales indicadores del comportamiento económico del país. Si la construcción está mal, el resto de la economía también comenzará a resentirse", concluyó Miranda.