Crece la presión sobre Paz para que tome decisiones frente al conflicto

Tras más de 40 días de bloqueos de carreteras, enfrentamientos y una creciente afectación económica, distintos sectores sociales, empresariales y autoridades comenzaron a exigir al presidente Rodrigo Paz que adopte decisiones para restablecer el orden y encaminar una solución al conflicto.

La presión aumentó después de la promulgación de la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción, norma que establece el marco legal para que el Órgano Ejecutivo pueda aplicar esta medida en casos de conmoción interna, amenazas al orden público o situaciones extraordinarias que comprometan la estabilidad del país.

Mientras el Gobierno mantiene abierta la posibilidad del diálogo, organizaciones cívicas, empresariales, gremiales y de transporte consideran que el tiempo de las negociaciones se está agotando.

La demanda de acciones

El prolongado conflicto ha dejado carreteras cerradas, cadenas de abastecimiento interrumpidas y crecientes dificultades para el traslado de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos esenciales.

Las regiones más golpeadas continúan siendo La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, donde los bloqueos mantienen aisladas a numerosas poblaciones y afectan el normal funcionamiento de la actividad económica.

Desde Tarija, el presidente del Comité Cívico, Jesús Gira, manifestó que el Gobierno ya cuenta con las herramientas legales necesarias para actuar.

Según el dirigente cívico, la población espera una decisión firme por parte del Ejecutivo para restablecer el orden público y garantizar la libre circulación en el territorio nacional.

Gira sostuvo que corresponde al Gobierno definir si una eventual medida debe aplicarse de manera nacional o focalizada en aquellas regiones donde persisten los focos de conflicto más severos.

La postura es compartida por el ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de Abril, Gabriel Pérez, quien advirtió que el sector transportista es uno de los más afectados por la crisis.

El dirigente señaló que decenas de camiones permanecen varados en las carreteras desde hace semanas, generando pérdidas económicas millonarias y poniendo en riesgo la actividad de cientos de familias que dependen del transporte.

Pérez afirmó que la presencia de grupos armados en algunos puntos de bloqueo ha generado un escenario de inseguridad que, a su criterio, justifica la adopción de medidas extraordinarias para recuperar el control de las rutas nacionales.

La preocupación también alcanza al sector gremial y empresarial. Desde Santa Cruz, el representante gremial Edgar Álvarez manifestó que los bloqueos han provocado un fuerte deterioro de la actividad comercial, elevando los costos de transporte, reduciendo la oferta de productos y encareciendo los precios para los consumidores.

A su juicio, el conflicto ya no afecta únicamente a los departamentos donde se desarrollan las protestas, sino que se ha convertido en un problema nacional que golpea a toda la cadena productiva.

En esa línea, instituciones empresariales como la Cámara de Industria, Comercio y Servicios (ICAM) y los empresarios privados han advertido que la economía boliviana está acumulando pérdidas que serán difíciles de revertir incluso después de levantarse los bloqueos.

Los sectores productivos sostienen que la paralización de rutas está afectando exportaciones, importaciones, distribución de mercancías y el abastecimiento regular de mercados.

Las autoridades también exigen definiciones

La presión sobre el Ejecutivo no solo proviene de los sectores económicos.

El alcalde de Tarija, Johnny Torres, instó públicamente al presidente Rodrigo Paz a tomar una decisión frente a la crisis, ya sea mediante una nueva convocatoria al diálogo o aplicando los mecanismos previstos en la reciente normativa.

“No se puede quedar sin hacer nada, eso sería lo peor”, manifestó la autoridad municipal.

Torres recordó que el conflicto ya supera los 40 días y está afectando incluso a regiones donde no existen bloqueos directos, como Tarija y Beni.

El alcalde lamentó además que la situación haya paralizado negociaciones importantes entre los gobiernos subnacionales y el nivel central, entre ellas la propuesta de redistribución de recursos conocida como el 50/50 y la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Según la autoridad, la incertidumbre nacional también obliga a las alcaldías a prepararse para distintos escenarios, especialmente si el Ejecutivo decide activar un estado de excepción nacional o sectorializado.

¿Cómo aplicar un Estado de Excepción?

Desde la Brigada Parlamentaria de Tarija, su presidente Gabriel Corvera explicó que la promulgación de la Ley 1740 no implica automáticamente la aplicación del Estado de Excepción.

La autoridad detalló que previamente debe existir una evaluación formal del Consejo de Ministros para determinar si las condiciones justifican la medida y definir el territorio donde sería aplicada.

Posteriormente, el Ejecutivo tendría que emitir un decreto supremo que deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La normativa establece que el Legislativo dispone de un plazo de 72 horas para aprobar o rechazar la medida mediante mayoría absoluta (51%).

Corvera enfatizó que el análisis debe considerar la realidad de cada región y que una eventual declaratoria podría concentrarse únicamente en los departamentos donde persisten los mayores focos de conflictividad.

La amenaza de una mayor confrontación

Sin embargo, la posibilidad de un Estado de Excepción también genera fuertes resistencias.

Sectores movilizados como la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Juntas Vecinales de El Alto y las Federaciones del Trópico de Cochabamba advirtieron que endurecerán sus medidas de presión si el Gobierno decide avanzar por esa vía.

Las organizaciones consideran que una declaratoria de excepción representaría una respuesta represiva frente a las demandas sociales y han anunciado que continuarán las movilizaciones hasta lograr sus objetivos políticos y sectoriales.