Magisterio Urbano advierte con movilización si el Gobierno no cede

La tensión entre el Magisterio Urbano de Bolivia y el Gobierno Nacional continúa latente. Aunque las movilizaciones y bloqueos ingresaron en un cuarto intermedio temporal, la dirigencia sindical advirtió que las medidas de presión podrían retomarse después del sábado 16 de mayo si las bases consideran insuficientes las propuestas planteadas por el Ejecutivo.

El conflicto refleja una disputa que va más allá del incremento salarial. El sector educativo exige mayor presupuesto, creación de ítems, defensa del escalafón nacional y rechaza cualquier intento de descentralización o “municipalización” de la educación pública, mientras el Gobierno sostiene que las limitaciones económicas impiden atender plenamente las demandas del magisterio.

Una tregua frágil

Tras varios días de protestas impulsados por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), la dirigencia nacional decidió establecer un cuarto intermedio en las medidas de presión para socializar con las bases docentes las propuestas discutidas con el Gobierno.

La pausa temporal suspendió los bloqueos y movilizaciones específicas del sector, aunque la dirigencia dejó claro que no existe todavía un acuerdo definitivo firmado.

Las asambleas regionales que se desarrollan en diferentes departamentos serán las encargadas de definir si el magisterio acepta las propuestas gubernamentales o radicaliza nuevamente las protestas.

La advertencia es clara, si el documento final no satisface las demandas centrales del sector, volverán el paro nacional y los bloqueos de caminos.

Las principales demandas del magisterio

El pliego petitorio del Magisterio Urbano gira en torno a cuatro ejes. El primero es el incremento salarial. Los maestros sostienen que el actual salario perdió poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida y la inflación acumulada durante los últimos meses.

El segundo punto es la exigencia de mayor presupuesto para educación y la creación de nuevos ítems que permitan cubrir el déficit histórico de horas en las unidades educativas.

El tercero tiene relación con la defensa irrestricta del escalafón nacional docente, considerado uno de los pilares del sistema educativo boliviano.

Finalmente, el sector rechaza cualquier intento de descentralización o municipalización de la educación pública, advirtiendo que esto podría fragmentar el sistema educativo nacional y afectar derechos laborales conquistados.

Más ítems, pero no incremento salarial

La posición del Gobierno Nacional, encabezada en este conflicto por la ministra de Educación, Beatriz García, se mantiene firme respecto al incremento salarial.

El Ejecutivo argumenta que actualmente no existen condiciones presupuestarias para asumir un aumento salarial generalizado.

Como alternativa, el Gobierno planteó compensaciones mediante la creación de nuevos ítems y la nivelación de horas docentes.

La propuesta oficial contempla alrededor de 4.000 ítems, de los cuales 1.000 estarían destinados al área administrativa y 3.000 para docentes.

Sin embargo, esta oferta ha sido cuestionada por el magisterio, que considera que la cifra presentada no refleja la necesidad del sistema educativo.

Desde Tarija cuestionan la propuesta

El ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Tarija (FTEUT), Nicanor Gaite, explicó que si bien hubo avances parciales en las negociaciones desarrolladas en Cochabamba, todavía no existe consenso.

Gaite detalló que uno de los principales puntos de debate fue precisamente la cantidad real de ítems que el Gobierno pretende asignar.

Según explicó, de los 4.000 ítems anunciados, aproximadamente 500 se destinarían a cubrir deuda histórica, lo que reduce significativamente el número de nuevas plazas efectivas.

Además, cuestionó que los ítems ofrecidos contemplen solamente 96 horas, cuando las necesidades reales del sistema educativo son mucho mayores.

El dirigente explicó que en primaria se requieren 120 horas para completar un ítem; en secundaria, entre 136 y 144 horas; y en unidades educativas con Bachillerato Técnico Humanístico (BTH), hasta 192 horas.

En ese contexto, sostuvo que el cálculo real reduce considerablemente la cantidad de ítems completos disponibles para el sistema educativo.

“En el cálculo así a priori yo les puedo decir que no llegamos a sobrepasar los 1.600 ítems completos”, afirmó.

El déficit educativo cargado a maestros y padres

Uno de los aspectos que más preocupa al sector docente es que el déficit de horas continúe siendo cubierto por maestros y padres de familia.

Gaite denunció que muchas unidades educativas sobreviven gracias al aporte económico de las familias y al sobreesfuerzo de los docentes para cubrir materias y cargas horarias no reconocidas oficialmente por el Estado.

“No podemos continuar recargando esta deuda histórica en los hombros de los maestros y peor tocar los bolsillos de los padres de familia”, señaló.

El dirigente aseguró que el magisterio no solamente pelea por temas salariales, sino también por mejores condiciones para los estudiantes y por garantizar calidad educativa.

En esa línea, destacó el anuncio gubernamental sobre construcción de nuevas infraestructuras educativas y tinglados, aunque aclaró que esas obras benefician directamente al alumnado más que al sector docente.

Padres de familia molestos

Mientras el conflicto continúa, los padres de familia empiezan a expresar preocupación por la pérdida de clases y el impacto que las movilizaciones generan en la planificación escolar.

El presidente de la Junta de Padres de Familia de Tarija, Franklin Arancibia, cuestionó la falta de respuestas claras respecto a la recuperación de las jornadas educativas suspendidas.

“El Magisterio Urbano ha parado 24 horas y ahora ha dado un cuarto intermedio en el diálogo hasta el día sábado, pero ahora quién devuelve las horas perdidas”, reclamó.

Arancibia advirtió que la suspensión de actividades perjudica directamente el avance académico de los estudiantes y genera incertidumbre entre las familias.

Asimismo, criticó la ausencia de autoridades encargadas de garantizar el derecho a la educación y cuestionó el rol de la Defensoría del Pueblo frente al conflicto.

El dirigente incluso planteó la necesidad de modificar el calendario escolar para garantizar la recuperación de contenidos y evitar mayores perjuicios académicos.