Sin control ni estudios concluidos, transporte ya habla de subir tarifas
El ejecutivo de la Federación de Transporte, Gabriel Pérez, confirmó que el sector busca reunirse con juntas de padres de familia para avanzar en un nuevo estudio tarifario que podría derivar en el incremento del pasaje en micros y taxi trufis. El anuncio surge en un contexto marcado por la crisis de combustible y el alza generalizada de precios, factores que —según el dirigente— afectan directamente a los transportistas.
Pérez argumentó que el sector “está trabajando a pérdida” debido al encarecimiento de insumos como repuestos, llantas y la canasta familiar. Sin embargo, su postura abre un nuevo frente de tensión con la población, que ya enfrenta el impacto del incremento del costo de vida y observa con recelo cualquier intento de subir tarifas sin mejoras visibles en el servicio.
El dirigente insistió en que los estudios técnicos definirán el costo real del pasaje y que estos deberán ser consensuados con actores como Fedjuve y Movilidad Urbana. No obstante, reconoció que el proceso se ha retrasado, en parte por la problemática del combustible, lo que evidencia una falta de planificación oportuna en un tema sensible para la ciudadanía.
Mientras el transporte justifica un eventual ajuste, sectores como el universitario ya han advertido que no permitirán un incremento. La resistencia social pone en entredicho la viabilidad de una medida que, de concretarse, podría profundizar el malestar ciudadano frente a un servicio frecuentemente cuestionado por su calidad e informalidad.
A esto se suman denuncias sobre cobros irregulares, como el pago de Bs 1,50 a escolares bajo el argumento de falta de cambio. Pérez deslindó responsabilidad y atribuyó los controles a Movilidad Urbana, aunque también cuestionó que usuarios se hagan pasar por universitarios para pagar menos, trasladando parte del problema a la fiscalización estatal.
En un tono más confrontacional, el dirigente también criticó la calidad del combustible importado, señalando que el Gobierno debe garantizar estándares adecuados. “No pueden traernos basura”, afirmó, pese a que el sector —según indicó— ha aceptado la eliminación de la subvención y el pago a precio internacional.
El debate sobre tarifas, lejos de resolverse, se perfila como un nuevo foco de conflicto. La demanda del transporte choca con una ciudadanía golpeada económicamente, que no solo cuestiona el alza, sino también la falta de garantías en la calidad del servicio.








