Inspección judicial en Tariquía pone bajo la lupa impactos del pozo Domo Oso X3

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, junto a una delegación defensorial, participó en la inspección judicial realizada por el juez agroambiental de Entre Ríos, en el cantón Chiquiacá (Tarija), con el objetivo de verificar en campo los posibles impactos ambientales del proyecto hidrocarburífero Domo Oso X3.

De acuerdo con información oficial de la Defensoría del Pueblo, esta diligencia se desarrolló en el marco de una acción ambiental precautoria que solicita la aplicación de medidas cautelares, orientada a resguardar los derechos ambientales y colectivos de las poblaciones de la zona.

“Concluimos nuestra participación en la audiencia de inspección técnica ocular (…) esta participación es importante porque ha permitido esclarecer diversos elementos fácticos y situaciones que se presentan en la región”, señaló Callisaya tras la visita al área colindante con la Reserva de Tariquía.

Durante la inspección, también se recogieron testimonios de actores locales. Marianela Coca, comunaria de Chiquiacá Sud, valoró la presencia del juez en el lugar, señalando que permitió evidenciar directamente las intervenciones realizadas en la zona, frente a versiones que indicaban lo contrario. Asimismo, expresó su preocupación por la intervención en el área y la necesidad de transparencia en el proceso.

Al lugar también concurrieron otras autoridades, entre ellas la diputada Cecilia Requena, integrante de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, quien alertó sobre la falta de información, los riesgos ambientales y las posibles afectaciones a la cuenca.

“Estamos realizando seguimiento al caso Tariquía (…) hemos podido identificar situaciones preocupantes que requieren atención”, afirmó la legisladora.

La acción ambiental precautoria, presentada el pasado 9 de enero, solicita la aplicación de medidas cautelares para la suspensión temporal de las operaciones vinculadas al pozo exploratorio Domo Oso X3. En este contexto, el juez agroambiental de Entre Ríos dispuso la continuidad de la inspección judicial y rechazó los pedidos de suspensión, al considerar que la normativa procesal vigente no establece la paralización automática del proceso.

La Defensoría del Pueblo reafirmó que continuará ejerciendo su mandato constitucional de vigilancia, supervisión y defensa de los derechos humanos y de los derechos de la Madre Tierra, a la espera de la audiencia pública en la que se valorarán los elementos recabados durante la verificación en campo.