Un 40% de taxis que operan en Tarija no tributan en el municipio

La concejal municipal Adriana Romero Ugarte advirtió que en Tarija persisten los problemas en el control del transporte público y en el cumplimiento de las tarifas establecidas por ordenanzas municipales vigentes desde 2013. La autoridad señaló que el Ejecutivo municipal es el encargado de fiscalizar el cobro del pasaje, pero reconoció que en los últimos meses han surgido dificultades debido a las justificaciones del sector transportista.

Romero explicó que los choferes, principalmente de sindicatos del transporte, argumentan que no pueden mantener una tarifa estable debido al incremento en los costos de los combustibles, como gasolina y diésel, utilizado principalmente por los micros. En el caso de los taxis, indicó que la mayoría funciona con Gas Natural Vehicular (GNV), aunque este combustible también aumentó de precio.

Ante esta situación, la concejal afirmó que solicitó a la Alcaldía implementar mecanismos para fortalecer la fiscalización. Entre las propuestas planteadas se encuentra la habilitación de un número específico de WhatsApp para que los ciudadanos puedan enviar denuncias sobre cobros irregulares, adjuntando las placas de los vehículos para facilitar su identificación.

“Las denuncias deberían ser remitidas por Movilidad Urbana a la Dirección de Ingresos para aplicar las sanciones correspondientes”, explicó la autoridad.

Adriana Romero: “Si están trabajando en la ciudad, deben tener de manera obligatoria su registro aquí, de lo contrario, deberían operar únicamente en sus municipios”

Taxis sin registro en el municipio

Uno de los principales problemas detectados es que una parte significativa de los vehículos que prestan servicio de taxi en la ciudad no está registrada en el municipio de Tarija. Según Romero, un reporte indica que de cada 100 vehículos que operan en el transporte público, aproximadamente el 40% no está radicado en la capital.

Esto significa que estos vehículos no pagan impuestos en Tarija, lo que dificulta la aplicación de sanciones cuando se cometen infracciones.

“Cuando se anota la placa para sancionar mediante el Registro Único Automotor, resulta que ese vehículo está registrado en otro municipio y no en Tarija”, explicó.

Para enfrentar esta situación, el Concejo Municipal aprobó en 2024 una ley de radicatoria que establece la obligación de que los vehículos que trabajan como transporte público en la ciudad deben registrarse y tributar en el municipio.

La normativa también contempla la posibilidad de decomisar placas a los vehículos que incumplan esta disposición.

Excusas del sector y transporte intermunicipal

La concejal indicó que algunos conductores justifican su situación argumentando que provienen de municipios cercanos como San Lorenzo o Bermejo y que realizan recorridos frecuentes hacia la capital. Sin embargo, Romero sostuvo que si estos vehículos prestan servicio como taxis en la ciudad deben cumplir con la radicatoria en Tarija.

“Si están trabajando en la ciudad, deben tener de manera obligatoria su registro aquí; de lo contrario, deberían operar únicamente en sus municipios”, remarcó.

Falta de personal para controles

Otro de los problemas identificados es la falta de personal para realizar operativos de control en diferentes puntos de la ciudad.

La concejal explicó que actualmente los equipos de Movilidad Urbana son reducidos y no logran cubrir todos los sectores, lo que permite que algunos conductores evadan los controles.

“Puede haber tres funcionarios en un punto, como la rotonda San Martín o el barrio El Tejar, pero no alcanza para cubrir toda la ciudad”, indicó.

Por esta razón, recomendó al Ejecutivo municipal aumentar el personal operativo destinado a la fiscalización del transporte, especialmente en zonas estratégicas, como la circunvalación y la rotonda del Mercado Campesino.

Deudas municipales limitan acciones

Romero también señaló que parte de las dificultades para implementar mayores controles se debe a la situación financiera del municipio.

Según explicó, la actual gestión aún enfrenta el pago de deudas heredadas de administraciones anteriores, que alcanzan aproximadamente los 300 millones de bolivianos. Esto ha reducido la disponibilidad de recursos para ejecutar nuevos proyectos y fortalecer áreas operativas.

Esperan la aplicación del “Taxi Seguro”

Finalmente, la concejal recordó que el municipio ya aprobó la ley para implementar el sistema “Taxi Seguro”, una iniciativa que busca mejorar el control del transporte público mediante un sistema digital.

Sin embargo, su aplicación aún requiere el desarrollo de un software especializado, la habilitación de infraestructura tecnológica y la contratación de personal encargado de la sistematización de datos.

“Más que aumentar el número de funcionarios administrativos, se necesita personal en la parte operativa que esté en las calles realizando controles”, concluyó.