Municipios ponen la mirada en el "50/50" para enfrentar la crisis económica

A diferencia de años anteriores, cuando el discurso municipal evitaba confrontar al nivel central, hoy la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) reconoce abiertamente que el país ha atravesado una crisis económica sostenida durante los últimos cinco años, una situación que ha impactado de forma directa en las finanzas locales. En ese escenario, los gobiernos municipales depositan sus expectativas en la propuesta del 50/50 anunciada por el Gobierno de Rodrigo Paz, como una alternativa para superar la actual coyuntura.

Durante casi dos décadas, la estructura municipal se mantuvo mayoritariamente alineada con el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), una relación que se caracterizó por una postura poco crítica, a cambio de acceder a proyectos concurrentes y recursos del nivel central. Sin embargo, la disminución de ingresos y la presión financiera han obligado a cambiar el tono del discurso.

El presidente de la AMT y alcalde de San Lorenzo, Asunción Ramos, admitió que la crisis económica es una realidad que se ha profundizado en el último quinquenio, obligando a los municipios a readecuar su gestión a los recursos que reciben por ley, principalmente por concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y coparticipación tributaria.

En ese contexto, Ramos señaló que resulta urgente que la propuesta del 50/50 —que plantea una redistribución equitativa de los recursos entre el nivel central y las entidades territoriales— pueda efectivizarse, con el objetivo de descentralizar la administración de los fondos públicos.

La preocupación no se limita a Tarija. De acuerdo con un reporte de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), alrededor del 20% de los municipios rurales del país se encuentran en riesgo de paralizar sus actividades administrativas y de gestión en los próximos meses, debido a la reducción de ingresos económicos.

Según la FAM, el Plan Operativo Anual (POA) 2026 podría registrar una disminución de hasta el 35% en los ingresos por concepto de regalías, una situación que pondría en jaque la sostenibilidad institucional de varios gobiernos locales y podría derivar incluso en cierres administrativos.