La ALDT en números rojos, la nueva gestión heredará deudas

La caída sostenida de los ingresos económicos para Tarija, sumada a una estructura institucional que supera ampliamente su capacidad financiera, ha colocado a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) en una situación crítica. A pocos meses del cambio de autoridades, se proyecta que la nueva legislatura que asuma en mayo heredará una deuda aproximada de 1,5 millones de bolivianos, un escenario que enciende alertas sobre la sostenibilidad del ente legislativo si no se encaran ajustes de fondo.

Presupuesto insuficiente

Para la gestión 2026, la ALDT contará con un presupuesto de apenas 14,7 millones de bolivianos, monto que resulta insuficiente para cubrir el funcionamiento de una institución que aún mantiene a 60 asambleístas (30 titulares y 30 suplentes), además de personal administrativo y gastos operativos.

El presidente de la ALDT, Damián Castillo, advirtió que, de no aplicarse medidas inmediatas de ajuste, la Asamblea podría ingresar en un déficit operativo que comprometa el desarrollo de sus funciones básicas, como la labor legislativa y de fiscalización.

“Hemos visto que los recursos que estaban presupuestados para la gestión 2025 han llegado en un 34% menos, y el Gobernador nos ha pedido adecuarnos a esta nueva realidad económica, es decir, bajarnos un 34% de lo que estaba presupuestado”, mencionó Castillo a tiempo de hacer énfasis en la deuda que se arrastra.

Pendientes
La Asamblea transita sus últimos meses con recursos limitados, deudas acumuladas y reformas inconclusas

Si bien la autoridad afirmó que actualmente no existe un déficit formal, reconoció que la ALDT no cuenta con la liquidez necesaria para cumplir con todas sus obligaciones financieras.

Deuda heredada y los pendientes

El principal pasivo que heredará la próxima gestión corresponde a obligaciones salariales. Solo en enero de 2026 ya se reportaba una deuda de aproximadamente 1,5 millones de bolivianos por concepto de sueldos.

A esto se suman otras deudas acumuladas por más de 500.000 bolivianos, relacionadas con servicios de comunicación y gastos administrativos que provienen de directivas anteriores, lo que incrementa la presión financiera sobre la institución.

Ante este escenario, la directiva actual ha comenzado a aplicar medidas para intentar garantizar el pago de salarios. Entre ellas, se implementó una reducción salarial para los asambleístas titulares, cuyo sueldo bajó de 13.000 a 11.500 bolivianos.

Además, se ha planteado formalmente eliminar el pago a los asambleístas suplentes, quienes actualmente perciben el 40% del salario de un titular, como una medida para aliviar la carga económica.

Castillo reconoció que el presupuesto actual apenas alcanza para cubrir los sueldos, dejando un margen mínimo para otras actividades propias del trabajo legislativo.

En esa línea, la asambleísta departamental Juanita Miranda complementó indicando que ya se ejecutó una reducción de personal administrativo. Detalló que se identificaron al menos 26 cargos de secretarias, choferes y asesores, y que ahora se prioriza la asignación de personal por bancada y no por asambleísta, como ocurría anteriormente.

“Vamos a dar alguna respuesta en estos últimos meses a esta situación, porque la asamblea que venga no va a ser sostenible; pueden ser 60 o 15 asambleístas, pero si no tienen condiciones, ¿con qué se va a trabajar?”, cuestionó.

No obstante, la legisladora reconoció de manera contradictoria que existe un déficit económico y que hay normas pendientes orientadas a ajustar el funcionamiento y reducir gastos.

Reducir asambleístas, una reforma pendiente

Uno de los ajustes estructurales más relevantes planteados por la actual directiva fue la reducción del número de asambleístas departamentales. Castillo explicó que se aprobó una ley para disminuir de 30 a 17 legisladores y eliminar el pago a los suplentes, norma que fue enviada en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta, lo que impide su aplicación en las próximas elecciones subnacionales. De este modo, Tarija volverá a elegir 30 asambleístas, manteniendo una estructura que ya no responde a la realidad económica del departamento.Castillo puntualizó que, de haberse aplicado esta reducción, la ALDT habría ahorrado entre 6 y 7 millones de bolivianos anuales, recursos que habrían permitido dar viabilidad financiera a la institución.

La falta de recursos limitó el cumplimiento de leyes

La asambleísta departamental, Juanita Miranda, señaló que la actual legislatura ha aprobado varias leyes, pero que no han podido cumplirse. Atribuyó esta situación, a una mala gestión que no solamente pasó por el tema financiero, sino también por el momento político que ha tocado sobrellevar, tanto por la falta de coordinación con el nivel nacional y departamental.

Cabe mencionar que en las elecciones subnacionales fijadas para el 22 de marzo, se elegirán a los nuevos asambleístas departamentales, mismos que asumirán el cargo en los primeros días del mes de mayo.