Alcaldes reclaman al Gobierno por el recorte presupuestario

Apenas ha transcurrido una semana desde el inicio de la gestión 2026 y los conflictos con el Gobierno nacional ya se han hecho evidentes. A las críticas por la aplicación del Decreto Supremo 5503 se suma ahora el malestar de los gobiernos municipales, que denuncian una drástica reducción en la disponibilidad de sus recursos, limitada al 20% de sus presupuestos anuales, una medida que —advierten— pone en riesgo la ejecución de programas esenciales y afecta directamente a la población.

El reclamo surge a partir de un comunicado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el que se instruye a todas las entidades públicas previstas en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 a aplicar, con carácter temporal, un límite de compromiso de gastos de hasta el 20%, bajo el argumento de garantizar la sostenibilidad financiera del sector público y priorizar los gastos considerados esenciales.

El Gobierno sustenta la decisión, señalando que el objetivo es velar por la sostenibilidad financiera del sector público, implementando medidas que permitan cumplir con los gastos prioritarios. Menciona que de manera excepcional, el Ministerio de Economía podrá habilitar un porcentaje superior al 20%, previa evaluación técnica, en su calidad de autoridad fiscal.

Reclamos desde los municipios

Desde los gobiernos municipales, la reacción no se hizo esperar. El alcalde de Tarija, Johnny Torres, denunció que el Ministerio de Economía bloqueó el acceso al 80% de los recursos municipales en el sistema de gestión pública, restringiendo severamente la operatividad de las alcaldías desde el inicio de la gestión 2026.

Torres explicó que con solo el 20% del presupuesto disponible resulta imposible cubrir servicios críticos, como el desayuno escolar, el transporte de estudiantes, el pago de salarios al personal de salud y la adquisición de insumos básicos para el funcionamiento municipal.

La autoridad municipal señaló que los alcaldes del país han solicitado la abrogación inmediata de la disposición emitida por el Ministerio de Economía, al considerar que vulnera la autonomía de los gobiernos subnacionales.

“Aparte de que el presupuesto ya es malo y extremadamente bajo, ahora tenemos una restricción al 20%. Esto vulnera la Constitución Política del Estado y las autonomías municipales y departamentales”, expresó.

El alcalde advirtió que esta medida equivale a “cortar el cuello” a los municipios, poniendo en riesgo programas sensibles en una etapa clave del año, como la compra de útiles escolares y la provisión del desayuno escolar, más aún cuando el inicio de clases está próximo.

A modo de ejemplo, mencionó que el municipio de Tarija requiere la compra de al menos 10 desbrozadoras para el ornato público; sin embargo, con la restricción presupuestaria, solo podrían adquirir dos, lo que resulta insuficiente para atender la demanda.

Autonomías en tensión

En la misma línea, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y otras organizaciones como la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) calificaron la medida como “inconstitucional” y acusaron al gobierno del presidente Rodrigo Paz de entrometerse en las autonomías municipales con el objetivo de centralizar el gasto público.

Las autoridades locales recordaron además que, durante la campaña electoral, el actual mandatario prometió una distribución equitativa de los recursos bajo el esquema 50/50 entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, compromiso que —aseguran— no solo no se ha cumplido, sino que hoy se encuentra más lejano con la restricción impuesta.

Desde el Gobierno nacional, se argumenta que estas medidas forman parte de un plan de austeridad destinado a reducir el déficit fiscal en un 30%.

Ante este escenario, varios gobiernos municipales se han declarado en estado de emergencia y exigen la anulación inmediata del instructivo que limita la ejecución presupuestaria al 20%.