Amparos sacuden a UNIR y ponen en duda su participación electoral
El gobernador de Tarija y dirigente de UNIR, Óscar Montes, denunció este martes un atropello a la democracia interna y a la independencia de poderes, tras la admisión de dos acciones de amparo constitucional impulsadas por el exdirigente Víctor Hugo Zamora, que derivaron —según afirmó— en la anulación arbitraria de su presidencia dentro de la agrupación política.
Montes explicó que el primer amparo impidió la realización de una asamblea departamental ya convocada, vulnerando —dijo— derechos constitucionales como la libre asociación, la reunión y la participación democrática. El segundo amparo, sostuvo, desconoció resoluciones firmes del Tribunal Electoral Departamental (TED) y principios fundamentales de la ley electoral, como la preclusión.
El gobernador recordó que Zamora fue presidente de UNIR entre 2016 y 2020, pero que en ese último año abandonó de facto el cargo al asumir funciones ministeriales y ausentarse de Tarija. Tras la conclusión de su mandato estatutario, la directiva convocó a una asamblea —en plena pandemia— para renovar autoridades, proceso que fue reconocido formalmente por el TED mediante resoluciones oficiales.
“Se nos acusó de ilegalidad, pero el propio Tribunal Electoral reconoció a la directiva electa en 2020 y posteriormente a la actual, tanto en 2021 como en 2022. Todo eso fue ignorado por una vocal que se pasó por encima del estatuto, de las resoluciones electorales y de la decisión soberana de las bases”, afirmó Montes.
Detalló que UNIR cumplió con la adecuación de su estatuto a la nueva ley electoral y realizó una nueva elección interna, avalada por el informe TED N.º 067/2022, firmado por sala plena, que certifica la legalidad de la asamblea y la elección de autoridades departamentales y municipales.
Sin embargo, la resolución judicial cuestionada mantiene intacto al directorio y solo desconoce la presidencia, una decisión que Montes calificó como inédita e irregular, al no precisar a qué gestión se refiere ni por cuánto tiempo.
“Esto genera inseguridad jurídica no solo para UNIR, sino para todo el sistema democrático. Si una vocal puede anular resoluciones electorales y definir quién preside una organización política, estamos ante una intromisión grave de la justicia ordinaria en el órgano electoral”, sostuvo.
Montes advirtió que esta situación ya causó un daño político concreto, al impedir que UNIR presente oportunamente sus planes de trabajo en el actual proceso electoral, lo que incluso podría derivar en la anulación de candidaturas. Anunció que solicitarán explicaciones formales a la vocal y no descartó acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional, ante lo que varios abogados consideran posibles delitos como prevaricato.
Pese a ello, aseguró que UNIR “sigue intacto”, que las decisiones las toma el directorio y no una sola persona, y que evaluarán en las próximas horas si continúan en carrera electoral o apoyan a otra candidatura.“Me quitaron la presidencia, pero no el liderazgo. El jefe tiene un cargo; el líder es al que la gente sigue”, concluyó.





