Productores vitícolas exigen prohibir la importación de uva para proteger la vendimia 2026

Los productores vitivinícolas del valle central de Tarija anticipan que para la vendimia 2026, la Asociación Nacional de Viticultores (Anavit) proyecta una producción de 1,5 millones de quintales de uva, volumen que representa un movimiento económico estimado en 180 millones de dólares en toda la cadena productiva, desde el campo hasta la industria del vino y el singani. Sin embargo, piden al Gobierno acompañar al sector con la aprobación de una resolución administrativa que prohíba el ingreso de uva de otros países.

El vocero de Anavit, José Luis Sánchez, detalló que solo en materia prima el sector generará alrededor de 220 millones de bolivianos, cifra que refleja la importancia estratégica de la uva tarijeña para la economía departamental.

En paralelo a estas proyecciones, los productores impulsan gestiones ante el Gobierno central para aprobar una resolución administrativa que prohíba el ingreso legal e ilegal de uva extranjera, principalmente de Perú, Argentina y Chile. Sánchez alertó que estos productos ya están ingresando a los mercados de Santa Cruz y Cochabamba, desplazando a la producción local en el inicio de cosecha.

La principal preocupación —subrayó— es que el ingreso de uva foránea se produce justo cuando Tarija comienza a abastecer la demanda nacional, desde el 21 de diciembre, empezando por la variedad primor.

Por ello, Sánchez pidió al director del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) que priorice la aprobación de la resolución restrictiva. Reconoció que el país atraviesa un periodo de transición gubernamental, pero insistió en que esta situación no debería frenar la protección del sector vitícola.

El vocero de Anavit remarcó que la producción de 1,5 millones de quintales representa no solo la provisión de uva de mesa, sino también la base para la elaboración de vinos y singanis, industrias que dependen directamente de la materia prima local.

Por ese motivo, pidió que los industriales vitivinícolas, que se reunieron recientemente para evaluar su gestión, informen con claridad sobre el movimiento económico que generan en Tarija y el impacto que tienen en el empleo.

“No se olviden que las cadenas de uvas, vinos y singanis son de las principales generadoras de movimiento económico, además de empleo directo en diferentes niveles”, recordó Sánchez.

Corrupción y contrabando

El dirigente también denunció que la cadena vitivinícola enfrenta un problema histórico, la corrupción en el Senasag. Explicó que en gestiones anteriores las guías de movimiento de uva —documentos necesarios para transportar la fruta— eran clonadas, lo que facilitaba el ingreso de uva de contrabando, especialmente desde Perú.

Esta distorsión en el mercado, sumada a la competencia ilegal, genera pérdidas millonarias. Según cálculos de Anavit, el impacto económico del contrabando en la presente temporada asciende a 18 millones de bolivianos.