Gobernación observa la ley del 45%, la ALDT analiza promulgarla

En la segunda quincena de octubre fue sancionada la Ley Departamental de Redistribución del 45% de Regalías por el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT). Sin embargo, la norma aún no fue promulgada: la Gobernación la devolvió con observaciones y ahora el documento está nuevamente en manos del Legislativo, que no descarta terminar promulgándolo. Desde el Chaco, en cambio, cuestionan la constitucionalidad de la ley e iniciaron acciones contra los legisladores que la respaldaron.

¿Qué establece la ley?

La norma regula la administración y distribución de las regalías departamentales por hidrocarburos —equivalentes al 11% de la producción en el departamento de Tarija—. Su objetivo es fortalecer la unidad departamental, priorizar a las provincias productoras, promover la solidaridad con las no productoras y apuntalar el desarrollo integral del departamento.

Con esta redistribución, el Chaco deja de recibir de manera automática el 45% del 11% de las regalías departamentales. En su lugar, los recursos se distribuirán así: 38% para las provincias productoras (Arce, O’Connor y otras que pudieran incorporarse), destinado a programas de educación, salud y diversificación productiva. De este porcentaje, un 7% se constituye en “regalía solidaria” para apoyar programas productivos en las provincias no productoras.

El 45% para la Región Autónoma del Gran Chaco, será transferido directamente según la producción efectiva generada en su territorio.

En tanto, el 55% para el Gobierno Departamental, destinado a planes y proyectos sociales, productivos y económicos definidos por la Gobernación.

El Chaco denuncia a legisladores

El secretario de Gestión Institucional del Gobierno Regional del Chaco, Miguel Salazar Nieves, informó que presentaron una denuncia formal contra los asambleístas departamentales que aprobaron la ley, tanto los proyectistas como quienes la respaldaron en el pleno.

Afirmó que la norma es inconstitucional, que la ALDT carece de competencia para tratar materia autonómica del Chaco y que la ley vulnera el marco autonómico chaqueño. Además, anunció que solicitaron a la Fiscalía requerimientos para identificar a todos los legisladores que votaron a favor, asegurando que la directiva mantiene bajo “siete llaves” el acta de aprobación.

Una vez recibida, indicó, ampliarán la denuncia de manera individual. La querella incluye cuatro presuntos delitos, entre ellos incumplimiento de deberes, usurpación de funciones y daño económico al Gobierno Regional. La Fiscalía determinará su admisión y avance.

La ALDT mantiene su postura

El presidente de la ALDT, Damián Castillo, señaló que hasta la fecha no recibió ninguna notificación formal sobre la denuncia anunciada por la autoridad chaqueña. No obstante, aseguró que cuando esto ocurra asumirán defensa, ya que consideran que el tratamiento de la norma cumplió con todo el procedimiento legislativo.

Afirmó que no hubo usurpación de funciones y que la ALDT tiene tuición para legislar sobre la materia. Explicó que la ley fue enviada al Gobernador, quien tenía un plazo de diez días para promulgarla o devolverla con observaciones, optando por lo segundo.

“Ahora corresponde llevarla al pleno y analizar si las observaciones del Gobernador son fundadas o infundadas. Si fueran infundadas, lo que queda es promulgar la ley desde la Asamblea”, precisó.

Consultado sobre cuándo se tratará la norma, Castillo explicó que la siguiente semana ingresa en alternancia, lo que limita la convocatoria a sesión. Adelantó que entre la primera y segunda semana de diciembre podría ingresar en agenda. También dejó abierta la posibilidad de enviar la ley en consulta de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Una postura similar expresó la asambleísta departamental Marina Hoyos, quien minimizó la denuncia presentada por la autoridad del Chaco, señalando que la norma cumplió todo el procedimiento legislativo y que incluso cuenta con el informe de la Comisión de Constitucionalidad antes de haber sido remitida a la directiva para su aprobación.

Cabe recordar que cuando la norma fue tratada en el ente legislativo, ha generado conflictos en el departamento, por un lado organizaciones cívicas y sociales de Bermejo, Padcaya y Entre Ríos se movilizaron hasta la capital para presionar por la promulgación. Mientras en el Chaco realizaron el bloqueo de carreteras en rechazo a la norma.

Redistribución
La ley reduce la porción histórica del Chaco y redistribuye recursos entre provincias productoras, no productoras y el nivel departamental.

Montes busca mantenerse al margen de la polémica

El gobernador Oscar Montes, ha dejado en claro que no quiere entrar en la polémica que ha surgido en torno a la redistribución de regalías. Afirmó que los recursos que para la siguiente gestión se tiene previsto recibir 200 millones de bolivianos por concepto de regalías, pero adelantó que hay un compromiso financiero de Bs 400 millones que deben ser gastados en canastas alimentarias, Prosol, ítems gobernación.

Montes lamentó que se pretenda seguir asignándole gastos a la Gobernación, cuando las regalías ya están comprometidas en un 200%.

Asimismo, indicó que esta norma debería ser enviada en consulta constitucional al TCP, antes de ponerla en vigencia.