Prestatarios vigilarán el cumplimiento de la Ley que aplaza el pago de créditos
La ley de diferimiento de créditos ha sido publicada en la Gaceta Oficial, los sectores que exigían esta norma, analizan el contenido y en base a ello fijar las bases de la reglamentación de la misma
En sus últimas horas de gobierno, el presidente Luis Arce ha promulgado la polémica Ley Nº 1670, que suspende por seis meses los embargos y ejecuciones de sentencias por créditos de vivienda de interés social y micro y pequeñas empresas. La norma, publicada en la Gaceta Oficial, busca “proteger y defender los derechos fundamentales” de los prestatarios más vulnerables. Sin embargo, mientras estos celebran la medida, gremios como la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y representantes del sector empresarial advierten sobre posibles efectos negativos en la estabilidad financiera y el acceso al crédito.
Qué establece la ley
La Ley excepcional de suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias de procesos judiciales por créditos de vivienda de interés social y diferimiento de créditos otorgados para vivienda de interés social y créditos a las unidades económicas de tamaño micro y pequeña, establece:
La suspensión por 6 meses de embargos, remates, desapoderamientos y ejecución de sentencias por créditos de vivienda social y micro y pequeñas empresas; Diferimiento automático de cuotas de créditos para estos sectores, incluyendo capital, intereses, seguros y comisiones; Prohibición de incrementar tasas, aplicar sanciones por mora, anatocismo (interés sobre interés) o costos administrativos adicionales: y la posibilidad de continuar pagando si el prestatario lo solicita expresamente.
La norma es de carácter excepcional y deberá ser reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo de 10 días hábiles.
Prestatarios exigen su cumplimiento
A nivel nacional distintas organizaciones de deudores de vivienda social y microempresarios han anunciado que conformarán comités de vigilancia ciudadana para asegurar que las entidades financieras cumplan con la ley. No descartaron la posibilidad de llevar adelante talleres informativos y asesoría legal para orientar a sus afiliados
Desde la Asociación de Prestatarios de Buena Fe Tarija, han evitado verter opinión al respecto de la norma, indicaron que primero van a sostener una reunión nacional con los diferentes sectores para interiorizarse sobre el contenido de esta ley y contrastar los ajustes que se han hecho para recién emitir una postura.
Sin embargo, adelantaron que en caso que la norma contemple todo el trabajo realizado con anterioridad, van a exigir su cumplimiento.
Natividad Amador, representante de este sector, ha advertido que esta norma va a beneficiar a miles de familias de los atropellos que vienen realizando las entidades financieras. Enfatizó que en este último tiempo, los bancos han procedido con el remate de varias viviendas, y que más de un 60% de prestatarios que han entrado en la central de riesgo que han perdido sus casas.
Amador señaló que con esta ley al menos se van a frenar los remates de viviendas. Sin embargo, reconoció que esta norma es solamente un “parche” temporal.
Advierten riesgos
Por otro lado, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) ya había emitido un comunicado expresando su “preocupación” por el impacto que podría tener la ley en la liquidez del sistema financiero y en la confianza para futuros créditos.
Lo propio sucedió desde el sector empresarial, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) también mostró su inquietud alertando que puede debilitar la liquidez de las entidades financieras y afectar la inversión nacional. Enfatizaron que la norma puede restringir la capacidad crediticia de las entidades financieras, especialmente hacia las micro y medianas empresas, principales generadoras de empleo en el país.
También el analista económico, Fernando Romero, había advertido sobre el impacto negativo de esta norma, y dijo que quedará en manos del gobierno de Rodrigo Paz su aplicación o abrogación.
Reglamentación
La norma es de carácter excepcional y deberá ser reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo de 10 días hábiles.
Prestatarios niegan afectación a los bancos
El ejecutivo de los prestatarios a nivel nacional, Carlos Bautista, minimizó el impacto que vaya a tener esta norma en el sistema financiero nacional.
“¿Cuándo la banca se ha perjudicado? En el 2019 ellos en vez de perder, han ganado, con el sudor del pueblo boliviano hoy los bancos son millonarios”, expuso.
Bautista mencionó que esta ley llega bien ahora que muchas familias están travesando momentos económicos difíciles por la falta de circulante. Enfatizó que el periodo de gracia es apenas por seis meses.





