Suspenden las fotomultas, pero surge otro problema para el Municipio

El proyecto de fotomultas en la ciudad de Tarija fue suspendido de manera indefinida tras una acción de amparo constitucional, desatando un fuerte cruce de versiones entre el Gobierno Municipal y la empresa Smart Solutions, adjudicataria del servicio. Mientras la Alcaldía argumenta que la empresa actuó sin un marco legal que respaldara las multas, la compañía responde que la suspensión judicial se debió a una "omisión municipal" que, alegan, pone en riesgo la validez de todos los actos administrativos del municipio desde 2021.

La crisis se desató luego de que un ciudadano interpusiera una denuncia contra el Municipio y Smart Solutions. En la audiencia de amparo, la empresa no logró presentar la norma legal que avalara los costos económicos de las multas, lo que llevó a la jueza a ordenar la suspensión del proyecto.

Versión Municipal

Desde el Gobierno Municipal, el asesor legal Luis Carlos Barrios confirmó la suspensión del proyecto "sin una fecha en concreto" hasta que se cumpla el procedimiento legislativo para emitir la norma reglamentaria.

Barrios sostuvo que la Alcaldía se encontraba en proceso de socializar el proyecto, pero que Smart Solutions decidió ejecutarlo y aplicar sanciones sin tener el respaldo legal necesario.

"En el marco de lo resuelto por la Sala Constitucional, ha habido un incumplimiento por parte de la empresa porque, sin tener una norma publicada, aplicó la sanción sin tener una norma de respaldo", manifestó.

Versión Smart Solutions

En un boletín de prensa, SmartSolutions S.A. rebatió la postura municipal. La empresa afirma que la jueza suspendió las multas específicamente porque el alcalde no publicó el Decreto 039 en la Gaceta Oficial del Gobierno Municipal, un requisito legal indispensable.

La compañía fue más allá y reveló que el alcalde "no ha publicado nada en la Gaceta de la Municipalidad desde el 14 de mayo de 2021", lo que calificaron como un "incumplimiento de funciones" que, según el criterio de la jueza, "pone en riesgo todos los actos municipales" no publicados, incluyendo leyes, resoluciones y adjudicaciones.

Además, SmartSolutions apuntó directamente contra una posible colusión de intereses. Señalaron que el abogado del municipio, Luis Carlos Barrios, es también abogado de los transportistas, y que, según audios que prometieron remitir a los medios, durante la audiencia "dio la razón al accionante".

La empresa insinúa así que la acción de amparo fue un "acuerdo entre el alcalde y los transportistas", operado por altas esferas ("El Rayes"), en perjuicio de la ciudadanía que queda "desprotegida frente a conductores temerarios".

Smart Solutions concluye advirtiendo que actuará "siempre con respeto a la ley" y tomará las acciones legales que correspondan. Asimismo, responsabiliza al municipio de generar una "inseguridad jurídica constante" que, aseguran, ya ha puesto fin a tres de sus acuerdos público-privados, fracasando en la "generación de empleo y de recursos para la ciudad".