Fotomultas dividen al Concejo y desata rechazo del transporte

La implementación del proyecto de las Fotomultas en Tarija tiene abierto un frente de conflicto, pues el Concejo Municipal se encuentra dividido entre quienes respaldan la medida y quienes la cuestionan, mientras sectores sociales y el transporte organizado ratifican su rechazo y advierten que no pagarán las sanciones.

La concejal Raquel Ramos cuestionó la falta de claridad y firmeza del Gobierno Municipal respecto al proyecto. Recordó que inicialmente se anunció la suspensión de las fotomultas, pero poco después la empresa Smart Solutions aseguró que el contrato seguía vigente y que únicamente recibió una “intención de rescisión”.

Ramos alertó que el convenio firmado con la empresa privada limita la capacidad de fiscalización del Concejo y deja a la población en una situación de indefensión.

“Sale la empresa y dice ‘voy a cobrar tanto’, y no se olviden que las multas superan los 300 bolivianos. Luego anuncian rebajas, pero ¿dónde está el Alcalde que debe defender a la población? La potestad de sancionar es del Gobierno Municipal, no de una empresa privada”, manifestó.

Según la legisladora, la situación implica una vulneración de derechos constitucionales, ya que la compañía define unilateralmente las multas y reglamenta cuánto se cobrará, desplazando competencias propias de la Alcaldía.

En contrapartida, el concejal Daniel López defendió la continuidad del proyecto, asegurando que ha generado cambios de conducta en los conductores, obligándolos a respetar las normas de tránsito.

Aseguró que este proyecto no busca meter la mano al bolsillo de la gente, sino generar conciencia y salvar vidas. Indicó que incluso peatones, ciclistas y usuarios del transporte público lo respaldan.

Transporte cierra filas

El rechazo del sector transporte es unánime. El dirigente del Transporte Libre, Luis Casso, aseguró que la medida nunca fue socializada con el rubro y cuestionó la instalación de equipos en avenidas de alta circulación sin señalización adecuada.

“Ya existe un Código de Tránsito que regula las sanciones. No aceptamos que venga una empresa privada a fijar sus propias multas y cobrar lo que se le antoje”, señaló.

Casso añadió que algunos transportistas recibieron multas entre 2.000 y 4.000 bolivianos, lo que consideran abusivo.

El ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de Abril, Damián Castillo, fue aún más contundente, advirtiendo que no pagarán “ni 10 centavos a la empresa”.

Ante las críticas, el vocero de Smart Solutions, Daniel Rodríguez, invitó públicamente a la concejal Ramos a revisar la documentación del proyecto y reiteró que el contrato con la Alcaldía sigue vigente. También instó a la población a continuar realizando los pagos, subrayando que el sistema está plenamente operativo.