Diferimiento de créditos aviva lío entre el legislativo y bancos

El debate sobre la posibilidad de dar una nueva pausa en el pago de créditos volvió a resurgir. El diputado tarijeño Edwin Rosas, de Comunidad Ciudadana (CC), pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) priorizar el tratamiento del proyecto de Ley Nº 547/2024-2025, que plantea un diferimiento automático de seis meses en el pago de cuotas de capital e intereses. La propuesta, enfrenta un rechazo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), que advierte que la norma podría desestabilizar al sistema financiero.

Rosas defendió la iniciativa señalando que no se trata de un capricho político, sino de una exigencia ciudadana en un contexto de crisis económica.

“Está claro que en una época de crisis leyes como esta deben ser prioritarias para ser tratadas y darle a la gente un respiro en lo que significa el pago de su deuda en la banca. La población lo está exigiendo a gritos”, remarcó.

El legislador explicó que el diferimiento no contempla la acumulación de capital ni intereses, lo que en la práctica se traduciría en un alivio real para los deudores. Además, la ley paralizaría órdenes de remate y demolición de bienes derivadas de procesos crediticios.

Rosas advirtió que, de postergarse el debate hasta la llegada de nuevas autoridades, la medida perdería eficacia, ya que —según dijo— los legisladores entrantes podrían tardar hasta cinco meses en normalizar su trabajo, tiempo en el cual miles de familias seguirían presionadas por sus obligaciones bancarias.

El pedido del diputado choca con la posición de Asoban, que considera que otro diferimiento pondría en jaque la estabilidad del sistema financiero.

“Esta norma compromete la sostenibilidad de la banca y en lugar de solucionar los problemas de la población, forzaría una restricción del crédito”, sostuvo el gremio en un pronunciamiento.

El argumento de los banqueros es que los recursos que ingresan por las cuotas no solo son utilidades de las entidades financieras, sino que también sostienen la cadena de pagos: créditos a productores, préstamos a empresas y la liquidez de todo el sistema. Si estos ingresos se frenan, aseguran, los bancos tendrán que restringir la colocación de nuevos créditos, afectando especialmente a los pequeños y medianos emprendedores.

El debate no es nuevo. Durante la pandemia del COVID-19, el Gobierno ya impulsó medidas de diferimiento que, aunque fueron un alivio temporal, dejaron secuelas en la cartera bancaria y generaron tensiones entre prestatarios y el sistema financiero.

El proyecto de ley, remitido por el presidente Luis Arce en junio, ya ingresó a la agenda de Diputados, pero su debate fue postergado para esta semana. De aprobarse, la medida beneficiará a sectores vulnerables, pero puede generar un choque con la banca privada y un nuevo frente de conflicto para el Gobierno.