Denuncian que cierre del Sedeca generó pérdida de Bs 25 millones

La pelea perdida del gobernador de Tarija, Oscar Montes, en torno al conflicto con el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), le ha costado 25 millones de bolivianos a la Gobernación. Así lo ha denunciado el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Edwin Rosas, quien detalló que por sueldos devengados se pagaron 10.250.249 bolivianos y por responsabilidad civil corresponde un pago de 15.739.513 bolivianos.

Cabe recordar que el conflicto de Montes con los trabajadores del Sedeca, data desde febrero del 2022, cuando el Gobernador promulgó los decretos 03/2022 y el 21/2022 mediante los cuales dispone el cese de operaciones, supresión y liquidación, es decir, elimina a la entidad caminera, pero en su reemplazo crea la Dirección Administrativa Vial (DAV). Tras una batalla judicial, el sector obrero termina ganando, pues mediante la Sentencia 004/2025 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se manda a restituir al Sedeca.

El diputado Rosas señaló que en esta pelea perdida, el artífice no solamente es Montes, sino también Jorge Mariano Bacotich, Sandra Zubieta Llanos, Erich Montaño Miranda, María Lourdes Vaca, Efraín Rivera Gutiérrez y Karina Patricia Liebers Cáceres, quienes firmaron la responsabilidad civil.

“La Sentencia Constitucional 04/2025 establece y da la razón a todas las acciones judiciales que han ejecutado los trabajadores y establece este caso como una cosa juzgada y cierra el tema”, indicó.

Sin embargo, Rosas menciona que tomando en cuenta lo que establece el artículo 113, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado (CPE), que en caso que el Estado sea condenado a la reparación de daños, como es el caso del Sedeca, se debe interponer la acción de repetición con la autoría.

“Es decir, que la Gobernación debe exigir y demandar al Gobernador que repare el daño civil que ha producido toda esta decisión. Sin embargo, nadie en la Gobernación va a tomar la decisión de demandar al Gobernador, pero ¿qué estamos haciendo? Pasar esta información a la Asamblea para que como ente fiscalizador, haga cumplir esta decisión e interponga las acciones necesarias para que estos responsables devuelvan la plata”, apuntó.

Indicó que en caso que la Asamblea no asuma ningún tipo de acción en contra Montes, también estaría incurriendo en un tipo de delito penal, como lo es el incumplimiento de deberes.

El diputado señaló que los montos económicos que se están estableciendo como daño, no es un invento de su persona, sino que es un informe de Contraloría.

Lamentó que por denunciar y visibilizar el resultado de las malas decisiones del Gobernador, su persona haya recibido ofensas y adjetivos.