Richard Mamani y los nueve años que la justicia le arrebató

Tenía 19 años cuando lo llamaron violador y lo encerraron. Nueve años después, la misma justicia que lo condenó lo reconoce como inocente. Pero Richard Mamani Martínez ya no es el joven que entró: en la cárcel dejó años importantes de su vida, marcados por la espera, la lucha y la injusticia. 

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“Estoy recuperando mi libertad después de nueve años, tiempo en el que he estado injustamente aquí (en la cárcel). ¿Quién me devuelve mi juventud? Esa es la pregunta que me hago”, dijo Mamani al salir del penal de Morros Blancos, en Tarija, con la voz quebrada, durante una entrevista con medios de comunicación locales. Agradeció al padre Miguel Sotelo, a sus abogados Rosmery Peralta y Elías Martínez, a la magistrada Rosmery Ruiz y a todas las personas que creyeron en su inocencia cuando parecía que nadie más lo hacía.

El camino hacia la verdad fue largo. Seis años después de la sentencia, en 2023, la víctima —ya mayor de edad— decidió romper el silencio. En la plaza principal de Tarija, frente a los medios de comunicación, confesó que su hermana y su cuñado la habían obligado a culpar a Mamani. Reveló que vivía amenazada, dominada por el miedo. El verdadero agresor, dijo, era su cuñado. A pesar de esa confesión pública, las autoridades no actuaron con celeridad. Mamani recién fue liberado hace una semana. El verdadero autor fue declarado culpable en febrero de este año y sentenciado a 25 años de prisión por el delito de violación a infante, niña, niño o adolescente.

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Mamani recuerda que, en el momento en que todo ocurrió, se encontraba en la comunidad de Challaupe, en el municipio de Villa Charcas, Chuquisaca, visitando a su abuela. Fue el 28 de julio de 2016 cuando algunas personas le comentaron que la Policía lo estaba buscando. Él decidió quedarse y esperar, ya que no entendía por qué intentaban ubicarlo y prefería aclarar cualquier malentendido. “Nunca antes había tenido problemas con la Policía. Nunca me habían arrestado, ni siquiera por consumo de alcohol. Nada de nada”, afirmó.

Mamani asegura que lo que vino después es un borrón en su memoria. Entró en shock y apenas puede reconstruir los momentos siguientes, incluida la audiencia. De pronto, ya estaba en el penal de Morros Blancos, enfrentando una acusación de violación contra una niña de 12 años. La conocía: era su prima.

Mamani aún no lograba entender qué había sucedido. Lo cierto es que, el 16 de octubre de 2019, el Tribunal de Sentencia No. 1 de las provincias Nor y Sud Cinti, con sede en el municipio de Camargo, lo condenó a 20 años de prisión en el penal de Morros Blancos por el delito de violación de infante, niña, niño y adolescente. Tras recibir el fallo, confesó que perdió el sentido de la vida. Fue entonces cuando apareció un gesto inesperado: miembros de la Pastoral Social Carcelaria Católica, liderados por el sacerdote Miguel Sotelo, se acercaron a él y le ofrecieron acompañamiento psicoterapéutico. Esa ayuda fue clave para sobrellevar la carga emocional, mientras su familia —padres y hermanas— peregrinaba en busca de demostrar su inocencia. La Pastoral conoció su caso y decidió brindarle su apoyo.

La historia cambió cuando la víctima alcanzó la mayoría de edad. Hasta entonces, había estado bajo el control de su hermana y su cuñado, quienes la amenazaban y no le permitían ni siquiera hablar a solas con sus padres. Fue el 13 de octubre de 2022 cuando, en cámara Gesell, declaró que el verdadero agresor fue su cuñado, Ángel Gabriel G.M., quien abusó de ella sexualmente en dos ocasiones: cuando tenía siete y nueve años.

A pesar de haber confesado la verdad, el proceso judicial no mostró avances significativos. En febrero de 2023, la víctima rompió el silencio públicamente en la plaza de Tarija, donde brindó su testimonio ante los medios de comunicación. “Mi cuñado me violó cuando tenía 7 y 9 años. Yo le conté a mi hermana que mi primo me había molestado, y ella me obligó a decir que fue él quien me violó (…) No decía nada porque vivía con ella, me amenazaba y no me dejaba volver a casa, al campo”, relató, según Correo Del Sur.  

Después de tres meses, el 24 de mayo de 2023, se conoció que el Ministerio Público de Tarija presentó una imputación formal contra la hermana de la víctima por el delito de acusación y denuncia falsa. El 8 de agosto de 2024, fue declarada culpable y sentenciada a tres años de privación de libertad. Paralelamente, se abrió otro proceso judicial contra ella y su esposo, Ángel Gabriel G.M. El 13 de febrero de 2025, él fue condenado a 25 años de prisión por la violación de su cuñada cuando era niña, mientras que su esposa (hermana de la víctima) recibió una sentencia de dos años por encubrimiento.

Una vez conocida la sentencia, Anacleto Mamani, padre de Richard, se presentó el 18 de febrero en la plaza de Tarija para pedir la liberación de su hijo, ya que el verdadero autor de la violación había sido condenado, pero Richard seguía injustamente encarcelado. Tuvieron que pasar más de cuatro meses para que, finalmente, Richard pudiera salir de la cárcel de Morros Blancos, reencontrarse con su familia y volver a caminar con tranquilidad por las calles.

Para él, ese momento fue como “despertar de una pesadilla”. Durante su tiempo en prisión, también tuvo que luchar. Con esfuerzo y algo de ayuda, logró abrir una pequeña tienda para vender algunos productos, lo que le permitió mantenerse y, en la medida de lo posible, apoyar a sus seres queridos, quienes se habían endeudado en su incansable búsqueda de justicia.

Mamani, a través de su abogada, iniciará una demanda contra el Estado y el sistema de justicia en busca de una reparación integral, tras haber pasado nueve años en prisión siendo inocente. Según sostiene, fue condenado sin pruebas en su contra. La demanda se fundamentará en graves violaciones a sus derechos humanos. De acuerdo con el artículo 95 del Código Penal, “toda persona que, después de haber sido sometida a juicio criminal, fuere declarada inocente, tendrá derecho a la indemnización de todos los daños y perjuicios que hubiere sufrido con motivo de dicho juicio”. En ese sentido, le correspondería un resarcimiento económico por el tiempo injustamente privado de libertad y las consecuencias derivadas del proceso judicial.

No son muchos los casos conocidos de este tipo, pero sí existen. Uno de ellos es el de Brayan Ríos, en Cochabamba, quien en enero de 2022 recuperó su libertad tras haber pasado tres años y siete meses en detención preventiva, imputado por feminicidio. Aunque no fue sentenciado, estuvo encarcelado por un delito que no cometió.