Alza de precios desata malestar, advierten ausencia del Estado

Mientras la mirada de las autoridades se centra en las pugnas políticas de cara a las elecciones generales de agosto, en los mercados de Tarija y otras regiones de Bolivia los precios de la canasta básica familiar no dejan de subir. El aceite, azúcar, arroz y la carne se han vuelto productos cada vez más inaccesibles para miles de familias. El malestar crece, mientras la institucionalidad civil y vecinal exige respuestas urgentes al Gobierno ante lo que ya califican como un abandono del control estatal.

La política antes del hambre

El país atraviesa una etapa de efervescencia política, marcada por fracturas dentro del oficialismo, el surgimiento de nuevos bloques opositores y una creciente incertidumbre sobre el futuro económico. En este escenario, la atención del Gobierno y de las autoridades departamentales parece haberse desplazado del día a día de la ciudadanía, particularmente del control de precios y del abastecimiento de productos básicos.

Protestas Desde la Fedjuve no descartan cacerolazos y protestas pacíficas, como una forma de visibilizar una crisis

En Tarija, uno de los departamentos más afectados por la crisis de precios, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) levantó la voz. Su presidente, Celestino Barro, reclamó que actualmente el litro de aceite ahora cueste 25 bolivianos, cuando hace un año apenas llegaba a los 10. Y el envase de 5 litros, que oscilaba entre 35 y 40 bolivianos, hoy se comercializa hasta en 138 bolivianos.

“Ya no hay bolsillo que aguante estos precios”, protestó Barro en declaraciones a la prensa local, y advirtió que, de no haber respuesta de las autoridades, podrían salir a las calles con marchas y un cacerolazo, como expresión de descontento social.

Piden la presencia del Gobierno

Barro apuntó directamente al viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, exigiendo su llegada inmediata a la capital chapaca para explicar por qué el aceite nacional no está llegando a los mercados y por qué se está permitiendo que el producto argentino —más caro y escaso— inunde los puntos de venta.

Advirtió que la situación se agrava aún más con las intermitencias en el abastecimiento de carburantes, ya que, según denunció Barro, productores del área rural deben hacer fila por hasta dos días para conseguir combustible, lo cual encarece el transporte de alimentos a los mercados urbanos.

Cívicos se reúnen de emergencia

Frente a esta situación crítica, el Comité Cívico de Tarija, encabezado por Jesús Gira, convocó a una reunión de emergencia con los representantes cívicos de las provincias. La agenda del encuentro incluye no solo la creciente crisis económica y la falta de control de precios, sino también la fragmentación política nacional y la ausencia de propuestas frente a la inflación.

Gira adelantó que revisarán el pliego petitorio emitido en abril, donde ya se había advertido sobre el deterioro del poder adquisitivo y la creciente precarización del acceso a los productos de la canasta familiar.

Contrabando a la inversa

Cabe señalar que otro de los factores detrás del incremento sostenido de precios es el llamado contrabando a la inversa. Según diversas entidades económicas y sociales, la devaluación progresiva del boliviano ha generado una situación paradójica: el producto boliviano es más barato y de mejor calidad para compradores argentinos y brasileños, por lo que es sacado del país en grandes cantidades, dejando desabastecidos los mercados internos.

El arroz, el azúcar, el aceite, tomate, hortalizas, carne de res y hasta el pollo se van por miles de toneladas a la Argentina. Eso se puede notar en el Mercado Campesino, donde los fines de semana se observan camionetas con placa argentina cargadas de todo tipo de mercadería.

El dirigente del barrio San Marcos, Rodrigo Castillo, realizó una comparación de precios de los productos básicos. Recordó que hasta hace un poco más de un año atrás el aceite costaba 35 bolivianos y ahora supera la barrera de los 120; por otro lado, refirió que la coca cola retornable de vidrio que costaba 5,50, pero ahora vale 8 bolivianos; mientras que el pan de Tarija, una vez más se ratifica como el más caro del país, ya que redujo de gramaje y aumentó de precio y llega a costar 2 bolivianos; la papa que antes costaba 180 ahora alcanza los 320 bolivianos;  y el pollo pasó de 12 a 18 bolivianos.

Asimismo, enfatizó que los pañales para bebé que costaban entre 35 y 40 bolivianos, y ahora están entre 98 a 135 bolivianos.

Comerciantes no saben explicar el alza de productos

Un operativo realizado por la oficina del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor en Tarija, ha podido advertir que si bien los comerciantes están incrementando los precios, estos no saben justificar dicha alza.

La responsable de la Oficina de Defensa del Consumidor en Tarija, Silvia Palacios, mencionó que los comerciantes deberían mostrar un respaldo, entre ellos una proforma que explique a cuánto están agarrando el arroz y a cuánto lo están vendiendo, de esta manera demostrar que el alza no es del intermediario, sino de la fábrica. Sin embargo, esto no sucede.

Palacios había señalado que de diferentes comercios que visitó, solo algunos mostraron boletas sobre el costo. En ese sentido, notificó a los comerciantes para que en un plazo de tres días presenten sus respaldos, de lo contrario elevará un informe a la Fiscalía, para que sean procesados por agio y especulación, ya que no saben demostrar por qué el alza de precios.

Los comerciantes aseguran que ante la inestabilidad económica y la volatilidad del precio del dólar que se da en el país, los precios son fluctuantes de un día para otro, por ello es que deben ajustar el costo de sus productos para no registrar pérdidas.

Cabe señalar que en días pasados se había reportado que los insumos para la elaboración del pan han registrado un alza considerable, superando la barrera de los 500 bolivianos. Sin embargo, Palacios afirmó que el precio justo del quintal de harina no debe superar los 490 bolivianos, exhortando a la población evitar pagar cobros excesivos.