Tarija se adhiere al paro nacional del 10 de febrero

En marco del cuarto encuentro multisectorial en Tarija, evento que reúne a distintos actores de la cadena productiva, se ratificó el paro nacional de 24 horas que se llevará a cabo el 10 de febrero. El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, ha confirmado que Tarija se sumará a esta medida. El paro ocurre en reclamo a la disposición séptima del PGE.

La reunión se instaló pasadas las 08:30 de este miércoles, en rechazo a la disposición séptima enmarcada en la ley financial que estipula decomisos en casos de supuesto agio y especulación de precio de productos.

La reunión se efectúo bajo la premisa de ultimar detalles referentes al paro nacional que harán los productores, gremiales y otros sectores y que está anunciado para el 10 de este mes, medida que tendrá el respaldo de distintos Comités cívicos departamentales.

Desde hace varias semanas, agropecuarios, transportistas, gremiales, industriales, exportadores y cuentapropistas cerraron filas en torno a esta disposición que contempla el “control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

La disposición séptima de la ley 1363 del Presupuesto General del Estado, que entró en vigencia el 1 de enero de 2025 tiene dos parágrafos, siendo el primero el más cuestionado. Éste dice lo siguiente:

“Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

En la previa al encuentro, el presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, señaló que la institucionalidad tarijeña se plegará a la demanda de derogación de esta polémica disposición, que es considerada como confiscatoria y atentatoria a la seguridad jurídica.