Hay cuatro procesos penales en torno al tramo Isiri – La Central

Cuatro demandas penales se ventilan en estrados judiciales contra las empresas responsables de la construcción del proyecto carretero Isiri – La Central, en la Ruta fundamental 11, que une Villa Montes con la ciudad de Tarija. La obra, iniciada en 2015 y paralizada en 2018, generó un daño económico que supera los 30 millones de bolivianos. La obra se ejecutaba con recursos propios del Gobierno Regional de Villa Montes.

Las denuncias se asentaron en el Ministerio Público por los delitos de: falsedad material y uso de instrumento falsificado (demanda 1); incumplimiento de contrato, conducta antieconómica y contratos lesivos al estado (demanda 2); estelionato (demanda 3) y conducta antieconómica, incumplimiento de contrato e incumplimiento de deberes (demanda 4).

La información fue expuesta durante la socialización e informe público realizado a solicitud de la Fejuve Villa Montes. Del evento participaron al menos 200 personas entre vecinos, representantes y dirigentes de organizaciones sociales. La directiva de la Fejuve desistió a última hora de asistir al acto, pese haberlo solicitado.

Casos penales

Una de las principales controversias surgió cuando la Asociación Accidental Itacua, conformada por las empresas Global R.R. Ltda., GMC S.R.L., y Paula Construcciones, firmó un acuerdo en 2018 para la paralización del proyecto.

Camino El tramo de casi 30 kilómetros conecta a Entre Ríos con Villa Montes, y forma parte del Corredor Bioceánico

Se suscribió un contrato modificatorio que alteró la cláusula sobre las garantías, sustituyendo la boleta de garantía emitida por el Banco Bisa por retenciones en las planillas de pago, lo cual fue considerado ilegal. Esta modificación fue calificada como un "contrato lesivo al Estado", iniciando así uno de los procesos penales. En este caso, la actual administración del Gobierno Regional toma parte denunciante.

Renato Bedoya, asesor jurídico, explicó que el Decreto Supremo 181 prohíbe modificaciones de contrato que no estén relacionadas con el monto, plazo o alcance del proyecto.

"Modificar la cláusula de garantías fue un error legal, lo que ha derivado en una denuncia penal por incumplimiento de contrato, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado", amplió Bedoya. Por ello se decidió resolver el contrato con la empresa.

Además, la Asociación Accidental Itacua, también resolvió el contrato con el Gobierno Regional, presentando una demanda por pagos adeudados y por mantenimiento de obra.

Sin embargo, desistió de una parte de su demanda, tras descubrirse que la planilla presentada tenía firmas falsificadas, un hecho que implicaba falsedad material y uso de instrumento falsificado.

El documento presentado señala: “desistimos únicamente de la pretensión jurídica correspondiente al pago de gastos por mantenimiento de obra desde diciembre de 2018 al 2021, por el monto de Bs 436.468,70”.

“La pregunta es, ¿por qué han retirado esto? Se ha retirado porque se conoció de un delito conocido como falsedad material y uso de instrumento falsificado. Falsificaron la planilla de mantenimiento de obra. El fiscal de obra de entonces, ha dado fe que esa firma que estaba en esa planilla no era su firma”, reveló el jurista.

Otro de los procesos penales involucra la recuperación de seis vehículos adquiridos como parte del proyecto de construcción del tramo carretero. Cinco fueron recuperados, uno aún no aparece, aunque existe una orden judicial para que sea devuelto.

Durante el proceso contencioso con la empresa Asociación Accidental Itacua, se descubrió que estos vehículos comprados con recursos públicos, estaban siendo utilizados indebidamente. Se trata de 4 camionetas y 2 vagonetas. Estos hechos han dado lugar a cargos por estelionato.

Uno de los vehículos fue gravado a nombre de una empresa. Es decir, habían puesto como garantía el motorizado adquirido para la ejecución del proyecto. También se conoció que estos eran utilizados en el territorio nacional; pese que la empresa paralizó el proyecto en 2018 siguieron utilizándolos hasta septiembre de 2023.

Finalmente, el cuarto proceso penal está vinculado al desfasaje entre el avance físico de la obra (59%) y el avance de la supervisión (89%), lo que evidencia posibles irregularidades en la gestión del proyecto.

Los responsables de la empresa supervisora también enfrentan cargos por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Por este caso se está pidiendo la devolución de Bs 2.450.462,57.