Tarija pide la devolución de los fondos de la Ley de Incentivos

El 11 de diciembre de 2015, el Gobierno promulgó la Ley N° 767 de “Promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera”. Ocho años después, y ante la falta de resultados, desde la Gobernación de Tarija piden la devolución de estos recursos, más ahora por la difícil situación económica por la que atraviesa el departamento, la cual avizora con empeorar el 2024, por la pérdida del mercado de gas con Argentina.

La normativa establece que el Fondo de Incentivos se financia con el 12% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que son retenidos antes de la distribución a gobernaciones, municipios y universidades.

Esta ley, promulgada durante el gobierno de Evo Morales, y con Alberto Sánchez como ministro de Hidrocarburos, prometía que por cada dólar aportado (confiscado) por las entidades autónomas, estas iban a recibir ocho dólares en retribución.

Los aportes de Tarija

Según un análisis realizado por el asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza, desde la gestión 2016 hasta el 2022, Tarija aportó 334 millones de bolivianos (48 millones de dólares), con recursos retenidos a la Gobernación, gobiernos municipales y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS).

Lea Plaza detalla que durante la vigencia de esta Ley, y descontando los recursos que han sido devueltos en 2020 para la atención de la emergencia del Covid-19, la Gobernación de Tarija ha realizado un aporte de 67,85 millones de bolivianos; los gobiernos municipales aportaron 242,45 millones de bolivianos; y la UAJMS aportó 24,12 millones de bolivianos.

“El Gobierno departamental ve cada vez más disminuidos sus ingresos, este año vamos a recibir 14% menos de nuestro presupuesto, es decir, menos 92 millones de bolivianos. El nuevo techo presupuestario que nos ha dado el Ministerio de Economía para el 2024, implica una reducción de 85,8 millones de bolivianos, eso es un 13% menos”, explicó.

La autoridad indicó que esta disminución progresiva de los ingresos departamentales, han orillado a presentar propuestas para paliar estos efectos de la reducción de ingresos, y una de estas es la devolución de los aportes que se han hecho las entidades autonómicas del país al fondo de incentivos de exploración y explotación hidrocarburífera.

“Está claro que estos fondos que no han sido utilizados, que no hay interés por parte de las empresas petroleras de optar a este fondo, y que está hoy en las arcas del Banco Central de Bolivia (BCB), deberían ser devueltos a las entidades autonómicas, porque todas están con problemas financieros”, enfatizó.

Cabe recalcar que la Gobernación de Chuquisaca hizo similar propuesta.

Abrogación El director de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, plantea la abrogación de la Ley de Incentivos

Crisis en la Gobernación

El director de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, recordó que la devolución de estos recursos no es una propuesta nueva, sino que ya desde la gestión 2017 vienen solicitando la restitución de estos aportes, ya que la región venía enfrentando una difícil situación económica desde el 2015.

“La promesa del Gobierno nacional, a través del ministro tarijeño (Alberto Sánchez), que nos decía que teníamos un mar de gas, era que las gobernaciones iban a ganar por cada dólar que se aporte al fondo, 8 dólares; que las universidades iban a ganar 6 dólares y los municipios 4 dólares. ¿Cuánto de eso ha retornado? Ni un solo centavo”, reclamó.

Castrillo considera que este fondo, al margen de confiscar recursos, no ha generado ingresos económicos para el departamento de Tarija.

Coincidió con las cifras dadas por el legislador Lea Plaza, asegurando que son más de 334 millones de bolivianos que se han confiscado a la Gobernación, UAJMS y municipios de Tarija.

“La finalidad del fondo era incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos en el país. ¿Se exploró algo? No se exploró nada. ¿Se descubrió algo? No se descubrió nada. ¿Mejoró nuestra capacidad de explotación? No mejoró, cayó la producción nacional. Entonces, este fondo no ha cumplido su finalidad”, cuestionó.

Para Castrillo, los recursos que se han aportado deben ser restituidos a las gobernaciones, municipios y universidades, en consecuencia, plantea la abrogación de la Ley 767.