Gobernación: Se transfirió más del 1% a los municipios de Tarija

Desde la Gobernación de Tarija aseguran haber transferido recursos por encima del 1% que establece la Ley 443 de Asignación de recursos departamentales de inversión en el ámbito territorial municipal. Según mencionan, durante el 2022 se han efectuado desembolsos por 42.779.720 bolivianos a favor de ocho municipios, exceptuando el Chaco. Desde la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) observan esta situación y han solicitado información al ejecutivo.

El director de Programas y Proyectos de la Gobernación, Rodrigo Nota, señaló que en la gestión pasada se ha hecho una transferencia importante de recursos a los gobiernos municipales, para fortalecer el financiamiento de proyectos concurrentes por convenios anteriormente firmados.

“Son obras muy importantes en los municipios, son obras que se han priorizado, que tienen como resultado cambiarle el modo de vida a la gente. Por ejemplo, en Cercado estamos aportando para la construcción del complejo técnico humanístico de San Mateo, es una inversión importante que va a solucionar la demanda educativa en esa zona, adicionalmente se destinan recursos para la PTAR de San Blas”, expuso.

Nota también destacó la inversión que realiza la Gobernación en el municipio de El Puente, con el proyecto de construcción y distribución de agua potable para la comunidad La Verdiguera. Mientras que en Uriondo, explica que se están destinando recursos para la refacción de unidades educativas, construcción de tinglados y la implementación de la cadena de frío para la uva.

“Se está haciendo la construcción, el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de Padcaya, se está haciendo el fortalecimiento y producción pecuaria de especies menores, se están haciendo construcciones importantes en el sector salud también en este municipio”, afirmó.

En el caso del municipio de Bermejo, Nota destacó la construcción del centro de salud para el barrio 21 de Septiembre. Mientras que en Yunchará se está apoyando al sector agrícola, ecoturístico, la construcción de sistemas de agua, tanto en Chorcoya, Pulario y Yunchará.

“Se está aportando con recursos de la Gobernación para la ejecución de estos proyectos, estamos atendiendo los requerimientos de los municipios y estamos avanzando conjuntamente para la conclusión de estos proyectos”, indicó.

Más adelante, era el vocero de la Gobernación, Andrés Castellanos, quien aseguraba que con los recursos que está asignando el Gobierno departamental están coadyuvando a la reactivación económica de cada región.

Observaciones de la ALDT

La asambleísta departamental por el Movimiento al Socialismo (MAS), Juanita Miranda, mencionó que ha solicitado varios informes a la Gobernación, pero que no ha tenido respuesta alguna, por lo que ahora prevé pasar una conminatoria, la cual espera pueda ser aprobada por el pleno para conocer a detalle los desembolsos que se realizan por proyectos concurrentes.

“Extraoficialmente conocemos que esto no sería así, ahora no puedo dar datos oficiales porque las transferencias las reciben los municipios, pero estarían con deudas pendientes. No sé a qué recursos se refiere la Gobernación cuando dicen que han transferido por encima del 1%, cuando todavía hay deudas pendientes”, expuso.

Al respecto, El País buscó conocer con la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), si en efecto los recursos transferidos por la Gobernación están cubriendo las contrapartes de los proyectos concurrentes. Sin embargo, el director ejecutivo, Bartolomé López, mencionó que se está recabando la información de los gobiernos municipales.

Gobernación y municipios relegan la ley del 1%

Cabe recordar que a finales de la gestión 2021, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), liderada por la bancada de Unidos y con el respaldo de Comunidad de Todos y los Indígenas, abrogaron la Ley Departamental 206, más conocida como la Ley del 1%. En su lugar, se aprobó la Ley 443 de Asignación de recursos departamentales de inversión en el ámbito territorial municipal. Normativa que fue rechazada por los gobiernos municipales.

Consecuentemente, durante el 2022, el gobernador, Oscar Montes y los alcaldes, acordaron trabajar un nuevo proyecto de ley, sin embargo, esto ha tenido un lento avance, dejando trabajo pendiente para el 2023.