La pandemia del Covid-19 agravó la situación económica de las familias
Tarija: Crece solicitud para dejar a niños en centros de acogida
El Sedeges a diario recibe solicitudes de madres o padres que piden que acepten a sus hijos en un centro de acogida y asistencia por no contar con recursos económicos para su manutención
VIOLETA CASTILLO/EL PAÍS
Sofía (nombre ficticio) tiene apenas tres años y mientras otros niños de su edad disfrutan de su niñez junto a sus padres, ella tuvo que ser alejada de su familia porque la crisis económica caló tanto en su hogar, al punto de que ya no podían hacerse cargo de ella y tuvo que ingresar a un centro de acogida del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges).
Su familia nunca fue acaudalada, su madre se hizo cargo de ella y sus hermanos desde que nacieron. Sin embargo, desde el inicio de la crisis sanitaria por el coronavirus que trajo consigo una crisis económica que causó igual o mayor daño, en los últimos meses hubo días en los que el dinero no alcanzó ni siquiera para la alimentación de ella y sus cuatro hermanos.
Al igual que mucha gente, la madre perdió su empleo durante la cuarentena y cuando se postulaba a uno nuevo, en ningún sitio aceptaban que ella pudiera llevar a sus hijos, por lo que tuvo que quedarse con ellos en casa.
Tras largos días y más largas noches sin saber qué hacer, la madre tuvo que dejar de lado la vergüenza para salir a las calles a pedir caridad, acudiendo a los lugares más concurridos. Pero aun así no lograba juntar el dinero suficiente.
Ante esa situación, a pesar del dolor, sintió que debía reconocer que la responsabilidad la sobrepasaba y se presentó ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) a pedir que acepten a Sofía en un hogar, donde al menos tendría garantizada su alimentación, algo que ella no podía darle.
La historia de Sofía no es la única, sino que se suma a muchas que se registran a diario en Tarija, donde la crisis económica agobia a hombres y mujeres, al punto de sentir desesperación por no poder cubrir la manutención de sus niños.
En el departamento existen cuatro hogares de acogida. En la ciudad de Tarija son tres: Sagrada Familia que alberga a 55 menores de 8 años de ambos sexos, Nueva Esperanza habitado por 13 niños y Moisés Navajas con 45 niñas; además del Hogar Heidi en Bermejo con 32 niños y adolescentes de ambos sexos.
Informe del Sedeges
La directora del Sedeges, María Esther Valencia, informó que se registró un incremento considerable entre 2020 y 2021 de solicitudes por parte de padres que piden que se acepte a sus hijos en un hogar para menores. Las razones están relacionadas especialmente con la falta de dinero.
“La crisis económica definitivamente. La población tarijeña no está pudiendo conseguir trabajo, los padres, las madres. Además, que se llenan de hijos, no hay una planificación familiar, por eso vemos casos con siete u ocho hijos, que son los que solicitan la guarda de los menores. Entonces el tema económico es lo que motiva las solicitudes por parte de los padres”, dijo.
La funcionaria señaló que no existe una cifra exacta desde el inicio de gestión, pero a diario se recibe de una a tres peticiones en los últimos meses.
Sin embargo, Valencia aclaró que la institucionalización de un menor es el último recurso en resguardo de su bienestar, pues se debe priorizar la restitución, si no es con los padres, con la familia ampliada. Pues, muchos de los niños de los hogares tienen familiares, pero no los pueden cuidar. Es así, que algunos de los pedidos son rechazados.
Además, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de cada municipio se encarga de llevar adelante un análisis mediante un equipo interdisciplinario.
La jefa de la DNA de Cercado, Carolina Ortiz, indicó que el ingreso de a menor un centro de acogida debe ser el último recurso. Sin embargo, hay causales que ameritan su atención inmediata, por ejemplo, cuando un menor enfrenta una situación de riesgo, violencia o vulneración de sus derechos.
Pero cuando un padre, madre o tutor decide renunciar a ese lazo se debe hacer una intervención para evaluar si existe o no una vulneración. En caso de que se trate de una situación en que los padres no pueden o rechazan la paternidad, existe un proceso legal mediante el cual la persona renuncia a su condición de apoderado.
“Se debe priorizar la restitución (…), pero cuando los responsables desean renunciar a ese lazo porque no pueden o no quieren mantenerlo, nosotros debemos intervenir. Primero se le dice a la persona que, una vez roto el lazo, es irreversible”, explicó.
El trámite llega incluso al sistema judicial para que respalde con un fallo de extinción de autoridad paterna o materna, que una vez que es emitido los padres ya no tienen ninguna posibilidad de restablecer una relación, a menos que sea mediante una adopción.
Tras esta resolución judicial, los menores son ingresados a un centro de acogida, dependiendo de su edad y sexo. Una vez allí, los niños y adolescentes quedan liberados y pueden ingresar al sistema para adopciones.
Sin embargo, si es que a tiempo de realizar una intervención se evidencia que el problema se relaciona con la economía y no con una intención de romper el lazo familiar, las autoridades municipales deben brindar asistencia para garantizar temas como alimentación, acceso al sistema educativo, si corresponde, o incluso capacitación y mecanismos que le permita a la madre generar ingresos.
Ortiz también expresó su preocupación por el hecho de que al momento existen padres y madres que han dado en adopción a sus hijos, pero sin cumplir con los requisitos establecidos por ley. Es así que los menores están bajo la tutela de otras personas, por lo que podrían incluso ser procesadas penalmente.
Por esta razón, la jefa de la DNA pidió a las personas que tengan conocimiento de casos de esta naturaleza, denunciar ante esta instancia. Esto debido a que sus equipos multidisciplinarios están a cargo de realizar el seguimiento a las familias adoptantes con el fin de garantizar que se respeten los derechos de los menores.
El Sedeges concretó 13 adopciones hasta julio
El Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) hasta julio concretó 13 adopciones, de los cuales, tres con familias internacionales y diez del departamento de Tarija. El trámite de adopción se agilizó tras la publicación de una ley nacional que modificó artículos de la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente, con el objetivo de beneficiar a los menores de edad que están institucionalizados.
“Se ha iniciado desde enero un proceso de adopción, en mi gestión, llevamos 13 adopciones, de las cuales tres son internacionales porque tenemos un convenio con Italia y diez han sido en el departamento de Tarija”, informó la directora del Sedeges María Esther Valencia.
Al explicar que las adopciones internacionales, se realizan a través del Viceministerio de Justicia, el Sedeges solo es un ente mediador para acompañar los seguimientos al proceso de adopción durante dos años continuos, tanto para las adopciones internacionales como de las nacionales.
Valencia informó que se trabaja para agilizar los procesos de adopción ya que hay una lista larga en espera de padres que quieren adoptar, e invitó a que se cambien los criterios de edad, ya que la mayoría de los interesados quieren bebés de un año o de meses de nacidos, pero en los hogares transitorios existen menores hasta de 12 años que pueden ser acogidos.
El proceso de adopción, de acuerdo a normativa, debe durar tres meses, sin embargo existen actos preparatorios previos que suman un mes más. Es así que en cuatro meses los niños, niñas y adolescentes ya tienen una familia que les garantice el derecho a vivir bajo el cuidado y protección de un hogar.