El Chaco y O´Connor tienen zonas críticas por tala ilegal

Algunas comunidades de la provincia Gran Chaco y O´Connor como la zona de Tariquía, Alto Potreros y Vallecito los Lapachos entrando a Chiquiacá, son consideras zonas críticas, por el aprovechamiento ilegal de recursos forestales. Las especies más afectadas son la quina y el cedro, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Si bien, esa instancia de control forestal realiza tareas de concientización y socialización en todo el departamento sobre las autorizaciones de desmontes en el marco de las normativas vigentes. Miguel Díaz, director regional de la ABT Tarija, refiere que aún se reportan talas o desmontes sin autorización, sobre todo en áreas de reserva, donde se considera “zonas rojas” por la afectación que se registra.

“Hay zonas donde se realiza constantemente el aprovechamiento ilegal y más que todo se han dado por ingresar a zonas de reserva como Tariquia”, afirma al recordar que la tala y el desmonte ilegal implican una denuncia penal e incluso con privación de libertad, por la afectación al medio ambiente, a la población y al Estado.

Desmontes autorizados

Desde la gestión 2014 hasta el 31 de julio de 2021, la ABT Tarija emitió un total de 1.068. 417 autorizaciones de desmontes para distintos usos, la mayoría en los municipios de Yacuiba y Villa Montes, donde se tiene planes de ordenamiento predial.

Entre la gestión 2020 hasta el 31 de julio de 2021, en la región del Chaco se otorgaron alrededor de 100 autorizaciones de desmonte, para ampliar la frontera agrícola y la actividad petrolera. Aunque  también se tienen planes de desmontes para relimpias, en zonas que ya se ejecutaron desmontes anteriormente, pero que requieren limpiar nuevamente el área a reactivar con fines agrícolas o pastura para ganado.

“Donde se solicita más es Yacuiba y Villa montes. La superficie es de 15.918 hectáreas, luego están los planes de desmonte de 20 a 5 hectáreas que solicitan las distintas comunidades campesinas, indígenas y propiedades privadas pequeñas, donde se realiza el cambio de uso de suelo para fines  agrícolas”, explica Díaz.

La ABT tambien avala los planes de desmonte con fines no agropecuarios, que solicitan desde las comunidades campesinas, propiedades privadas y empresas, pues corresponden a autorizaciones para ejecución de obras, proyectos e implementación de infraestructuras, urbanizaciones, caminos, electrificaciones y otros servicios.

“Las autorizaciones se pueden realizar todo el año, de enero a diciembre, se presentan de acuerdo a las necesidades y requerimiento que tengan. Los requisitos no son complicados, solo se presenta un plan de trabajo elaborado por un ingeniero forestal denominado consultor o agente auxiliar, en el documento se debe detallar la planificación y el cronograma de la ejecución y el otro requisito es la acreditación del derecho propietario certificado por el INRA”.

Mientras, para fines agrícolas con la autorización de la ABT, se cambia el uso de suelo para realizar cultivos y ganadería, por tanto ya no realizan reforestación.

La ABT alista remate de 15 mil pies tablares

De febrero a julio, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) decomisó entre 4 a 5 mil pies de tablares de las especies de cedro y quina. El lunes 9 de agosto se procederá con el primer remate administrativo de la gestión 2021 a cargo de la dirección departamental, para lo cual se prevé poner a disposición 15 lotes con un volumen de 15 mil pies de tablares.

“Una vez que realizamos la intervención para no destruir el producto forestal, se realiza un remate administrativo, donde se benefician las empresas forestales que están registradas en la ABT, y como prioridad las carpinterías pequeñas, que son categorizadas como categoría E, etsos pueden participar en los remates y adjudicarse el producto para trabajar y en la pandemia reactivar su actividad económica”, explicó el director regional de la ABT, Miguel Díaz.

Si bien, se realizan controles en zonas como San Agustín en Cercado, en Alto Potreros y Vallecitos los Lapacho en Entre Ríos, Díaz señala que las personas que se dedican al aprovechamiento ilegal de madera manejan una logística “impresionante”, incluso contratan vehículos como las Ipsum para trasladar los tablares, por lo que se debe trabajar de manera logística para intervenir, labor que se realiza con el apoyo del Senasag y Sernap, porque la madera proviene de  áreas afectadas que son de reserva.