MAS deja a beneficiarios debate de leyes observadas por Montes

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), tras recibir la nota oficial de las leyes observadas por el gobernador Oscar Montes, pasó a los sectores sociales que han propuesto esas normativas para que sean ellos, quienes analicen y se pronuncien al respecto, lo cual servirá también de respaldo a los legisladores cuando sean tratadas en el pleno de la Asamblea. 

Son 88 leyes departamentales, entre las cuales, hay normas referidas al sector salud, de fomento a la producción, culturales y patrimoniales, de apoyo al deporte, además de la polémica Ley 206 del 1 por ciento a favor de los municipios y el Programa Solidario Comunal (Prosol).

Juanita Miranda, jefa de bancada del MAS, señaló que las leyes propuestas por el Ejecutivo para abrogar o modificar están en análisis de las comisiones de bancadas, pero también se remitió a los sectores beneficiarios para que emitan un pronunciamiento y con base a esos criterios se procederá a evaluar cada normativa observada.

En ese marco, espera que en el transcurso de esta semana y la próxima, los sectores afectados puedan hacer llegar su pronunciamiento oficial. “Está claro que hay normativas que afectan el tema de la salud, personas vulnerables, como Ley de Cáncer, canasta alimentaria que sí se pueden reglamentar, pero no abrogar, porque estos sectores han pedido una ley de acuerdo a sus necesidades, son temas muy delicados (…)”

Agregó que sectores como los gremiales y la Federación de Campesinos ya sacaron un pronunciamiento de rechazo, se espera que los alcaldes también se pronuncien respecto a la Ley del 1 por ciento, pues se considera que esa normativa es importante porque favorece a los municipios.

Recordó que hay normativas que requieren los 2/3 tercios del pleno para realizar su análisis, como es el caso de la Ley 1%, pero en este caso el MAS es minoría, ya que una asambleísta se desmarcó del oficialismo y ella ahora preside la Comisión de Constitución donde pasarán las leyes para su análisis y luego elevar un informe al pleno de la Asamblea.

Miranda reconoce que hay leyes que “pueden esperar”, pero considera que no deberían ser abrogadas, pues por la situación de emergencia a causa de la pandemia del Covid-19 no están desarrollándose ningún tipo de festividades culturales. Sin embargo, deberá ser el Gobernador el que informe a la población esa situación y si esos recursos se han presupuestado o no en el POA de la institución, tomando en cuenta que se debe priorizar y velar por la salud que es lo más principal.

Por su parte, Damián Castillo, jefe de la bancada de Unidos, indicó que corresponde revisar una por una las leyes observadas por el Gobernador para ver a detalle cuáles son viables y cuáles no para luego emitir una postura oficial sobre el tema. Es así que trabajan en comisión en ese cometido y se estima que hasta la próxima semana se derive a las comisiones de Constitución y Económica para su respectivo análisis. “No queremos ser irresponsables, queremos ver cuáles son viables y de acuerdo a eso pasar a las diferentes comisiones para su análisis”, afirmó.

Aunque adelantó que la Ley del 1% será una de las primeras normativas que se prevé tratar en el pleno, además de otras como la ley de la canasta del adulto mayor, la ley del Prosol y el Fopedt, la cuales deberán trabajarse en la reglamentación y adecuarlas a la realidad económica de la institución, aunque también considera que hay otras leyes que deberán ser abrogadas.

En junio la ALDT prevé analizar las leyes

El vicepresidente de la ALDT, Mauricio Lea Plaza, explicó que se clasificará por áreas las leyes observadas y luego se remitirá a cada comisión para que a ese nivel se analice a detalle y evalué cada una, ya sea para ser abrogadas o modificadas, de acuerdo a la solicitud del Gobernador.

En ese sentido, las comisiones evaluarán su nivel de aplicación, su vigencia, el grado de impacto social y económico que tienen. Es así que desde este jueves se prevé enviar a las comisiones, las cuales tienen diez días para su evaluación y hasta junio estiman su tratamiento en el pleno.