Fuga de divisas y precario periodismo, el resultado de las campañas en redes

Acaba la campaña electoral en Tarija con dos claros ganadores, Mark Zuckerberg y la compañía Alphabet, dueños de Facebook y el ecosistema Google – YouTube respectivamente, aunque seguramente ninguno de los dos sepa situar Yacuiba en el mapa sin ayuda de un buscador y sus beneficios no aparezcan mínimamente desglosados, por ínfimos, en su cuenta de resultados.

Al otro lado, un ejército de periodistas y comunicadores en el departamento mediáticamente más poblado del país hacen su último esfuerzo por cubrir una campaña que ha tenido poco de noticioso – novedoso, salvo el debate del lunes 6 de abril, y mucho de barullo y “barrabravismo” como catalogan algunos de los dirigentes de los diferentes sindicatos, cámaras y colegio profesional consultados cuyos nombres se reservan por motivos obvios en esta nota: cada que los periodistas cuestionan el manejo de la pauta publicitaria de los poderes públicos son considerados mendicantes o extorsionadores, y no es el caso.

El panorama, dicen, es asolador. Los partidos han optado masivamente por incluir sus publicidades en las redes sociales y en las plataformas de google, donde los productos son elaborados cuidadosamente para llegar sin intermediarios al consumidor final. Google y Facebook te acomoda esos parámetros para que aparezca en los muros de los potenciales votantes, aunque nunca aclara si el receptor ha visto alegremente el video, o ha renegado profundamente al interrumpir el video que estaba siendo visionado.

En promedio y de acuerdo al estudio realizado, las primeras publicaciones pagadas en Facebook cuestan menos de 100 bolivianos y alcanzan a unos 50.000 potenciales usuarios, no garantiza ninguna interacción. Después deben registrarse como una página de política y ya Facebook se entera de que hay una campaña en algún lugar de Sudamérica, por lo que pone otras tarifas. En promedio y según los reportes que la misma biblioteca de Facebook ofrece, son entre 500 y 800 bolivianos por publicación con alcances al medio millón de personas en Tarija. A esto se le suma el gasto en Google y sus plataformas y que son esos banners que aparecen cuando el incauto internauta navega por sus páginas favoritas o pasa el tiempo viendo videos. El costo se estima también en los cien dólares diarios.

Los estrategas calculan un gasto en redes de unos 1.500 bolivianos diarios, que en 100 días de campaña se eleva hasta la nada despreciable cifra de 150.000 bolivianos cada uno que se han ido de Tarija íntegramente a Silicon Valley, pues las gigantes tecnológicas no pagan un boliviano de impuestos en Bolivia según los reportes del SIN y tampoco tienen personal contratado para desarrollar nada en particular.

“Tanto Álvaro Ruíz como Óscar Montes prometen crear empleo y oportunidades en Tarija, pero lo cierto es que gastan su dinero en campañas con multinacionales mientras que a los medios locales se les exige cobertura por compromiso con la información y con el servicio público a cambio de nada – reconocen desde el sector académico –. La realidad de la mayoría de los medios es de supervivencia limitada por ingresos vinculados al sector privado o el avisaje, pero eso no da para que los medios puedan actualizarse, pagar salarios dignos a los profesionales ni dedicar tiempo y recursos a la investigación o la innovación”.

La vulnerabilidad de los “medios digitales”

La estrategia comunicacional de campaña no se basa solo en la colocación de mensajes enlatados o la promoción desde las páginas oficiales - “Óscar Montes gobernador” y Uni – Noticias Tarija en el caso del Facebook de Unidos y “Álvaro Ruíz” en el caso del candidato del MAS – sino que cada uno de los frentes ha desarrollado un ecosistema propio de “medios” digitales que se encargan de difundir mensajes afines a su candidato y, sobre todo, contrarios al rival.

Es el germen de la guerra sucia que se completa con cuentas individuales que llevan la noticia de un medio propio a un grupo público popular, La Inmobiliaria Tarija o Los Amigos de la Ciudad, por ejemplo, en el caso de Tarija. Además, cada uno de los candidatos cuenta con su propio “ejército” de “trolls” conectados en un grupo de WhatsApp dispuestos a escrachar al rival y apoyar al propio. Huelga decir que el screenshot de cada publicación se deberá adjuntar en el momento dado al currículum vitae del aspirante a cualquier cargo público.

Montes cuenta con numerosas páginas de apoyo oficial y extraoficial, además de algunas copias como Agencia de Noticias Tarija y otras dispuestas a difundir notas en uno u otro sentido. Ruíz se apoya en los medios públicos de comunicación gubernamental, y otros medios como El Erke o Café y Charlamos, con marcada línea editorial en favor de sus postulados.

“Los medios sufren, pero los productores independientes directamente están sometidos a la explotación y al chantaje, y es muy difícil que ninguno sobreviva si no cede a las presiones. En cualquier caso, los que ejercen de guerreros digitales y sostienen algunos de los medios pantalla creados para enfocar la opinión no pueden considerarse periodistas, sino políticos haciendo comunicación. El problema es que se camuflan y en redes, pues todo vale”, señala un antiguo miembro del sindicato de la prensa.

Ataques a periodistas

Todos los gobiernos han atacado al periodismo en algún momento de su existencia, aunque el ideal que les ofrecieron las redes sociales ha llegado a un punto de inflexión. Para los estrategas y asesores, poder llegar con los mensajes directamente a los ciudadanos sin que un periodista contrastara y modulara lo dicho y prometido resultaba muy apetecible. Esa estrategia llevada al extremo ha generado movimientos exitosos (políticamente) en países como Brasil o El Salvador, pero también en España u Holanda. Jair Bolsonaro, Bukele o Abascal son fenómenos mediáticos que han crecido al calor de las redes y sus canales de comunicación alternativos, llevando sus relatos al límite.

En Bolivia los cuestionamientos a la prensa se han dado desde siempre y también sus diferentes roles. Carlos Mesa, por ejemplo, sigue sin explicar el escándalo de la “inversión” de Gonzalo Sánchez de Lozada en su PAT que lo acabó haciendo Vicepresidente. Evo Morales nunca disimuló sus antipatías y su Gobierno desarrolló una sistemática campaña de asfixia a todos los medios que le fueron dando simpatías, al menos coyunturales. Tras la caída de Morales se cuestionó a diarios como La Razón o El Periódico, canales de televisión como ATB, PAT y Red UNO, y muchos de ellos no tardaron en cambiar su línea, haciéndose más proclives a Áñez. Tras la caída de Áñez, el Gobierno de Arce también ha puesto el foco en medios, pero, sobre todo, en periodistas individuales como Carlos Valverde, Andrés Gómez Vela o Nancy Vacaflor, para cuestionar su papel en el Gobierno anterior. Todos ellos han sido vetados en la pauta oficial y tampoco han disimulado su antipatía por el Gobierno de Arce ni de Morales.

Las propuestas de financiación

Partiendo del razonamiento de que la información es un bien público y de que un país que no tiene medios diversos y disonantes, más allá de cumplir con los criterios éticos del periodismo, es un país condenado a la autodestrucción y la ignorancia, desde los sindicatos y sectores profesionales empiezan a surgir reflexiones para garantizar la supervivencia del periodismo.

En países como Australia o España se están desarrollando legislaciones que buscan obligar a los gigantes tecnológicos a contribuir con la sostenibilidad de los medios, sea directamente pagando por el contenido que se difunde en sus redes o sea por la conformación de fondos que redistribuya el ingreso de los impuestos que estas empresas pagan en los medios, de forma directa o a través de iniciativas. En Bolivia, sin embargo, ni siquiera hay iniciativas para lograr que paguen impuestos en el territorio nacional.

Colegios, sindicatos y otras instancias empiezan a desarrollar normativas de sentido similar para Bolivia, aunque seguramente el primer paso tiene que ver con la recaudación. “El Gobierno debería estar preocupado por fortalecer los medios nacionales porque si no, las noticias propias se acaban contando desde CNN o RT. Es necesario regular la concesión de la publicidad estatal, pero también crear fondos que permitan impulsar la digitalización y la creación de herramientas que incidan en la auto sustentabilidad, que hasta Google lo hace”, defienden desde el gremio periodístico.

Otros países también han planteado licitar las licencias en base a criterios de calidad y respeto a la Constitución y Derechos Humanos, garantizando su financiación a través de la publicidad estatal y regulando así la transparencia de los consejos de dirección, aunque este debate está mucho más alejado de la realidad boliviana.

elDATO

Gasto

Los estrategas calculan un gasto en redes de unos 1.500 bolivianos diarios, que en 100 días de campaña se eleva hasta 150.000 bolivianos cada uno