Ley Electoral y de Alianzas Público Privadas
Ley Electoral y reducción de salarios, desafíos para la ALDT
Cívicos y vecinos coinciden en que la primera tare que deben realizar las nuevas autoridades, es la reducción de la estructura de la Asamblea porque la crisis no permitirá sostener a esa institución



Organizaciones de la sociedad civil coinciden en que los principales desafíos que debe asumir la nueva Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), con urgencia, deben ser la reducción de salarios, concretar la Ley Electoral y la de Alianzas Público Privadas, pensando en la salud económica, porque en el 2021 será cuando se sienta más la crisis.
La ALDT está conformada por 30 asambleístas, 12 son elegidos por territorio (dos por cada provincia del departamento), 15 por población y tres por los pueblos indígenas, Guaraní, Wennhayek y Tapiete.
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Marcos Guaygua, señaló que la nueva Asamblea tendrá un desafío grande, el reducir su estructura, porque los recursos económicos no alcanzarán para sostenerla como está en la actualidad. Recordó que son alrededor de 28 millones de bolivianos que gasta al año esa institución, por encima de la de Santa Cruz, que tiene 56 municipios, pero su gasto está en el orden de los 26 millones de bolivianos.
El dirigente dice que la verdadera realidad se la sentirá cuando la nueva autoridad asuma el poder del ejecutivo, será un termómetro para la toma de decisiones, porque los recursos no alcanzarán para destinar 28 millones de bolivianos al legislativo.
“La nueva asamblea debe tener la capacidad de poder reestructurar el número de asambleístas, pues, como cívicos, propusimos reducir de 30 a 15 legisladores – comentó Guaygua –. Pero también tienen que cambiar de visión, tienen que trabajar en coordinación con el Ejecutivo para que de una sola vez se apliquen leyes en beneficio de la población, como la Ley de Alianza Público Privadas y otras de gran importancia”.
El secretario general de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija, Víctor Acero, coincidió con Guaygua, añadió que los asambleístas ganan casi 2 mil dólares al mes, pero no cumplieron con su labor, al contrario, pusieron obstáculos a proyectos importantes como la planta de tratamiento de aguas residuales y el hospital Materno Infantil.
El dirigente vecinal también pide que una de las tareas urgentes a tomar por las nuevas autoridades, sea la reducción de salarios, porque lo considera un gasto insulso, por ser la ALDT más cara de Bolivia.
Por otro lado, Acero recordó que los mismos asambleístas dijeron que si no concretaban la Ley Electoral, se aplazaban en su gestión, y eso fue lo que sucedió. A causa de ello, se tiene vacíos legales con los que se elegirán autoridades subnacionales el 7 de marzo.
“La nueva asamblea tiene que solucionar la ley electoral, no podemos andar con tantos vacíos. También tienen que ayudar a gestionar recursos sin importar el color político. Todos deben juntarse, sin distinción de partido político para exigir que la conducción del Ministerio de Hidrocarburos esté al mando de algún tarijeño, pero que no pongan al compadre de alguien, sino a uno que tenga la formación y capacidad de conducción de esa cartera de Estado, pero que apoye al departamento”.
El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Roberto León, recordó que los asambleístas, tanto opositores y oficialistas, para lo único que se pudieron de acuerdo fue para no rebajarse el sueldo, pero añade que ese es un tema que no puede postergarse por más tiempo, por lo cual es uno de los desafíos que tienen los nuevos legisladores.
Composición
La ALDT estará conformada por 30 asambleístas, elegidos por población, territorio e indígenas
El bono dictado por la ALDT que no se pagó
El secretario general de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija (Fedjuve), Víctor Acero, señaló que una prueba de la descoordinación de los asambleístas departamentales fue dictar mediante ley el pago de un bono, pero sin tener una fuente de financiamiento, sin fijar un monto ni quiénes serán los beneficiarios. Es por eso que el dirigente califica como burla hacia la población, porque no se concretó ese beneficio.