Abogados de Tarija piden aprehensión de Murillo por caso gases lacrimógenos

Siete abogados de Tarija presentaron una petición al Fiscal General, Juan Lanchipa, donde exigen a la Fiscalía emitir de inmediato una orden de aprehensión para el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por “la compra irregular de gases lacrimógenos” la cual habría ocasionado un daño económico de más de dos millones de dólares al Estado.

“Al existir suficientes indicios de responsabilidad penal, La Fiscalía General del Estado, estando a su cargo, debe actuar de forma pronta, oportuna y eficaz en la defensa de la sociedad y los intereses colectivos de la población boliviana disponiendo la inmediata detención del señor Arturo Murillo” indica el escrito.

También, el documento menciona el artículo 226 del código del procedimiento penal, el cual indica que el fiscal puede ordenar la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que este participó de un delito de acción pública. 

Loa abogados tarijeños pidieron que se tenga en cuenta la obstaculización del caso por parte de Murillo, quién puede “manipular y modificar” los documentos, para desligarse de toda responsabilidad. También señalaron que en estos momentos el exministro tiene las “facilidades de abandonar el país en cualquier momento y no responde por los bochornosos casos de corrupción que lo involucran”, de esta forma justifican la petición de aprehensión inmediata. 

Antecedentes

La red Gigavisión difundió unos documentos que establecían que el Ministerio de Gobierno envió el 25 de noviembre una carta a la empresa Cóndor en Brasil solicitando una propuesta para la compra de agentes químicos, pólvora y balines de goma. Pero al día siguiente, el 26, el Ministerio de Gobierno dio marcha atrás e informó a la empresa que la compra no se haría de manera directa, sino a través de una intermediaria, la compañía Bravo Tactical Solutions LLC, establecida en Miami, EEUU.

Con ese intermediario, se pagaron entre 250 y 270 bolivianos por cada cartucho de gas lacrimógeno, dependiendo del modelo. Se estima que el Estado pagó 5,6 millones de dólares por todo el lote de cartuchos, de los cuales 2.1 millones de dólares fueron parte del sobreprecio.