La Asociación de Bancos Privados califica la Ley 720 como una "acción política"
Empresarios de Tarija piden diálogo entre el Gobierno y Asoban por créditos
Para las entidades financieras la ley que amplía el diferimiento de créditos hasta el 31 de diciembre afectará a la reactivación económica y generación de empleo, necesarias para superar la crisis
La Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) convocó al Gobierno nacional y las entidades bancarias a reunirse para canalizar el diálogo a objeto de buscar alternativas reales que permitan reactivar la economía del país y no poner el riesgo a los diferentes sectores productivos que tienen créditos con la banca y se vieron afectados por la pandemia del coronavirus.
La ponencia de los empresarios de Tarija se da luego de que la Asociación de Bancos Privados (Asoban), la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y las Cooperativas de Ahorro y Crédito, a través de un comunicado, pidieron reconsiderar la Ley 720 en la que establece el diferimiento de los créditos hasta el 31 de diciembre y calificaron la normativa como una "acción política" porque no consideraron los aspectos técnicos ni jurídicos.
Mientras, los gremiales, las micro y pequeñas empresas, además de dirigentes vecinales pidieron al Ejecutivo nacional promulgar la Ley porque la pandemia redujo sus ingresos, lo que impide el pago de los créditos y les imposibilita el obtener ingresos, para las entidades financieras del país, la Ley 720 agudizará la crisis sanitaria y económica del país y pondría en riesgo no solo al sistema financiero, afectará a la reactivación económica y a la generación de empleo, tan necesarias para superar la crisis que aqueja a la población.
En ese contexto, el presidente de la FEPT, Marcelo Romero, pidió al Gobierno nacional y a la Asoban encontrar un equilibrio porque hasta ahora no han podido entablar una forma real de interactuar respecto al diferimiento de pagos de los créditos bancarios. Situación que pone en riesgo a la gente que trabaja en la banca privada y deja en absoluta indefensión a los prestatarios que no pueden cumplir con sus demandas, ya que hasta la fecha no se logra reactivar la economía en el país, especialmente en Tarija.
“En varias ciudades del país seguimos atravesando la pandemia en su máximo curva, tenemos problemas serios en el tema económico que hacen imposible que los prestatarios desde los más pequeños hasta los más grandes puedan cumplir con sus obligaciones económicas”, explicó.
Romero señaló que desde el Gobierno – Legislativo y Ejecutivo-, todas las medidas que se han tomado hasta ahora respecto al tema económico y la banca tienen un “tinte electoral”, por lo tanto, la afectación a la población es mayor, toda vez que casi todos los rubros productivos, a excepción de la salud, siguen paralizados por la pandemia y no pueden cubrir los créditos.
En el caso de Tarija, Romero señaló que los sectores económicos más importantes como son la viticultura y construcción, no están pudiendo cumplir con el pago de créditos porque paralizaron sus actividades desde marzo.
Por su parte, Néstor Conde, presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), indicó que el sector espera la promulgación de la ley para su correspondiente aplicación, ya que las unidades productivas en el país solo están trabajando entre un 20 a 30 por ciento de su capacidad y se encuentran imposibilitadas de pagar sus deudas. “Como Conamype esperamos la pronta promulgación y reglamentación de la ley porque todos los sectores están afectados y el diferimiento de pago de créditos hasta diciembre es positivo”.
Edwin Arana, secretario de Organización de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) Cercado, calificó de intransigente la postura de Asoban, ya que las entidades financieras están entre las empresas que tienen mayores utilidades de ganancias a nivel nacional, pese a la pandemia.
Indicó que el martes, dirigentes de la organización vecinal se reunieron con la representante de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en Tarija, para conocer los detalles de la Ley 720 ya que recibieron varias denuncias sobre “hostigamientos” de parte de algunas entidades financieras hacia los acreedores para que cancelen los créditos, caso contrario correrán los interesas y pasarán a la central de riesgos.
“Esta situación es de conocimiento de la ASFI (…). Está mal informando a los prestatarios, con la excusa que tienen que pagar. Obviamente en una situación de emergencia sanitaria, todas las instituciones tanto pública como privadas están perdiendo y están haciendo un esfuerzo, otras están ayudando, pero las únicas que no están apoyando a la población son los bancos y las empresas telecomunicaciones, cuando son ellos casualmente son los que tienen mayores ganancias en Bolivia”, manifestó.
La economía se contraerá en 5,2%
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ratificó su proyección de que la economía boliviana se contraerá en 5,2% este año. En esa línea, se proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) de América latina y el Caribe descenderá 9,1% en 2020.
El director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, Daniel Titelman, presentó esos datos en una exposición durante la décima tercera versión del Encuentro de Economistas de Bolivia, organizado por el Banco Central de Bolivia (BCB), que abordó el tema "Políticas Económicas en la Cuarentena y Desafíos de los Países de la Región Frente a las Pandemias".