La prueba de Covid se ha convertido en un requisito
La agonía de perder un bebé durante la pandemia en Tarija
Mery Avendaño tuvo que esperar hasta siete horas para que pudieran hacerle un raspaje en el útero y extraerle un feto sin vida en su seguro social. La intervención no se la realizaron hasta que presentó una prueba rápida de Covid-19



Hospitales colapsados y una curva ascendente de 4.629 contagios en Tarija son parte del escenario actual en el que muchas mujeres deben traer una vida en medio de la pandemia. El contexto empeora cuando la mujer presenta complicaciones en el embarazo, que resultan en la pérdida del bebé o de la vida de la madre.
Mery Avendaño es una tarijeña de 27 años, que logró llevar un embarazo hasta las siete semanas. Por miedo al contagio y por falta de “fichas” en su seguro, sin una prueba de sangre oficial que comprobara su estado, supo que se gestaba una vida dentro de ella, así como también supo cuando ésta dejó de existir.
“El feto está ahí, pero su corazón ya no late”, fueron las palabras que ella escuchó, tras experimentar un sangrado vaginal por tres días seguidos, suceso que la llevó un lunes a buscar ayuda en su seguro, donde tuvo que esperar hasta siete horas para que pudieran hacerle un raspaje en el útero y extraerle el feto sin vida.
Sin prueba Covid no hay intervención
Mery no solo cargó con un aborto espontáneo, sino también con un sistema de salud privado que reflejó “indiferencia” ante su estado, pues sin una prueba rápida de Covid ella no podía ser atendida por el ginecólogo y mucho menos intervenida, pese a que llevaba un feto muerto en su vientre por más de un día.
“Señora le van a hacer una limpieza, para eso debe hacerse la prueba de Covid, la caja no cubre, usted tiene que buscarse. Le vamos a dar tres números para que usted llame y le vengan a hacer”, le dijo el doctor a Mery, quien afirma que pese a las contracciones de parto que llegó a sentir, pensó que su vida no corría peligro.
Según señala la Organización Mundial de la Salud, un feto que permanece muerto por días en el vientre de una mujer, sin importar si el embarazo está avanzado o no, puede generar un trastorno de la coagulación que puede desencadenar en una hemorragia grave.
El 28 de mayo en Bolivia se aprobó el protocolo “Para el Manejo de la Mujer Embarazada y Coronavirus”, mismo que contiene lineamientos para el diagnóstico y manejo de pacientes sospechosas o confirmadas de Covid-19 en estado de gestación.
El documento señala que la embarazada debe tener “atención preferencial”. Sin embargo, no prevé situaciones donde la vida de la mujer corra riesgo, no precisamente por Covid-19, si no por complicaciones propias del embarazo.
Mediante llamadas por WhatsApp, Mery habló con su padre y esposo, quienes aguardaban afuera del edificio del seguro social. Ahí ambos se enteraron de que debían buscar un laboratorio que realice test rápidos, además de que debían pagar 400 bolivianos por ello, ya que el seguro les hizo saber que "no correrían con esos gastos".
En media de filas y filas de personas, Gerardo, su pareja, tuvo que trasladar la muestra de sangre de Mery desde el hospital hasta el laboratorio, lo mismo hizo con los resultados.
Al promedias las 14.30 horas del lunes, la paciente fue atendida por el ginecólogo, quien afirmó no conocer de su caso, hasta el momento que llegó al seguro.
El jefe de la Unidad de Ginecología del Hospital San Juan de Dios, Elvio Fernández, señala que el nosocomio desarrolló un protocolo propio para atención de mujeres gestantes, que básicamente se trataría de un ambiente Covid-19 para Ginecología.
El País consultó al médico si era necesario que una mujer presente una prueba Covid antes de dar a luz o ante cualquier complicación, a esto Fernández indicó que “sería lo ideal”, pero no es aplicable, pues las pruebas son escasas.
Falta de personal y de medicamentos son las denuncias que pesan sobre los seguros sociales en Tarija. Mery casada, con seguro social, un auto donde movilizarse y algunos ahorros logró superar su situación. Sin embargo, existen más mujeres con abortos espontáneos que luchan por ser atendidas en las emergencias, abarrotadas de pacientes con todo tipo de enfermedades.
En Bolivia 5 mujeres embarazadas con Covid murieron
En el país se registraron 51 pacientes embarazadas que dieron positivo a Covid-19, cinco de ellas perdieron la vida, de acuerdo al informe oficial del Ministerio de Salud al 25 de junio de 2020.
La pandemia del coronavirus llegó al país en la primera quincena de marzo. En cuatro meses las cifras de casos positivos se multiplicaron y en la actualidad se cuentan por miles diariamente. Entre los grupos más vulnerables están las personas con discapacidad, indígenas, migrantes, personas privadas de libertad, adolescentes y mujeres. En este último están las mujeres gestantes.
Las pruebas rápidas de Covid-19 se convirtieron en una especie de requisito para la atención médica en el país, pese a ello, las mujeres embarazadas deben tener atención preferencial, según señala el protocolo. Que además determina que en los servicios de salud de primer nivel se debe realizar el control prenatal habitual, pero además el personal de salud debe indagar sobre la sintomatología Covid.
Si se identifica un posible caso sospechoso se debe derivar a la paciente a un hospital de segundo o tercer nivel. Si la paciente es atendida en el sector privado, los casos sospechosos o confirmados también deben ser referidos a un hospital de segundo o tercer nivel, ya sea de asistencia pública, seguro social o clínica privada con capacidad para la atención de Covid.
Para atender los casos sospechosos, el personal de salud debe contar con los insumos e indumentaria respectivos. Por lo cual este sector, en reiteradas ocasiones ha solicitado al Estado condiciones para desempeñar su trabajo.
Cifras de embarazo, muerte materna y Covid en Bolivia
Según el Observatorio de Mortalidad Materna y Neonatal en Bolivia, cada año, 250 mil mujeres embarazadas dan a luz, la mayoría en establecimientos de salud. Ocurren alrededor de 150 muertes maternas y 2.500 defunciones fetales y de recién nacidos vivos. Los Sedes del país cuentan con recursos humanos específicos para atender el programa nacional de salud reproductiva, que incluye la salud materna, pero en situaciones de crisis como la actual, el personal es movilizado para atender el problema emergente, no siempre con funciones claras.