Venta de plaguicidas adulterados mueve unos $us 45 MM en el país
Un 15% del comercio de plaguicidas en el mundo corresponde a productos ilegales, según la Agencia de Naciones Unidas Contra el Crimen Interregional (UNICRI), dependiente de la ONU. En Bolivia la situación no es diferente. La Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) y el...
Un 15% del comercio de plaguicidas en el mundo corresponde a productos ilegales, según la Agencia de Naciones Unidas Contra el Crimen Interregional (UNICRI), dependiente de la ONU. En Bolivia la situación no es diferente.
La Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) informaron que un volumen mayor al 14%, en relación al total de importaciones legales de agroquímicos, son plaguicidas ilegales, falsificados, adulterados e incluso mezclados que se comercializan en el país por un valor superior a los 45 millones de dólares, con pérdidas en recaudaciones por 6,5 millones dólares, según el estudio “Comercio ilegal de plaguicidas en Bolivia”, presentado en la fecha.
El departamento de Tarija, según una evaluación que realizaron los ministerios de Salud, de Desarrollo Rural y Tierras, y Medio Ambiente y Agua, el año 2017, es la región que más insecticidas tóxicos usa.
La comercialización ilegal de estos insumos representa no solo un riesgo real sino letal para la salud de los productores agrícolas, el medioambiente, los propios cultivos y la economía nacional. Estos productos fraudulentos provocan además una distorsión del mercado por sus bajos precios y como no son aprobados, contienen componentes desconocidos y peligrosos, siendo vendidos en condiciones que no garantizan su seguridad o eficiencia.
Investigación
El economista Gonzalo Vidaurre fue el encargado de realizar la investigación, la misma que fue presentada en el Foro “Comercio ilegal de plaguicidas en Bolivia: Un atentado a la salud, al medio ambiente y a la economía”, un evento realizado con el respaldo de CropLife Latin America, la Comisión de Aduana y Facilitación del Comercio de la Cámara de Comercio Internacional (COMAD – ICC Bolivia), la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), y el auspicio de CARGILL BOLIVIA S.A.
El estudio, que pretende poner sobre el tapete esta temática, apunta a establecer sinergias público-privadas con las entidades involucradas, así como desincentivar el contrabando de plaguicidas perfeccionando los mecanismos de “trazabilidad”. Propone también el fortalecimiento de las entidades estatales inmersas en la problemática, y educar al consumidor en el marco de la “Campaña de concienciación ciudadana anticontrabando y por la facilitación del comercio exterior” que IBCE y COMAD - ICC BOLIVIA lanzaron en agosto del 2019.
El contrabando se concentra en Santa Cruz
Gonzalo Vidaurre dio a conocer los resultados de su investigación “Comercio ilegal de plaguicidas en Bolivia”, enfatizando en lo delicado del tema por sus connotaciones económicas y de salud pública. “Bolivia se caracteriza por importar plaguicidas de diversos países, siendo el 63% destinado al sector agropecuario, 25% al comercio, 11% a la industria y 1% a otras actividades. Particularmente zonas agrícolas en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, se inundan de plaguicidas falsificados, peligrosos para la salud, generando elevadas pérdidas económicas para el productor agropecuario y un severo daño al medio ambiente”, advirtió.
Dijo que el estudio presta especial atención a Santa Cruz -por el número de productores, superficie cultivada y producción agrícola- aportando con más del 70% de los alimentos que se consumen en el país, lo que hace que la demanda de agroquímicos se concentre en esa región, destacando que entre 2010 y 2018 el número de unidades productivas agropecuarias subió a 105.000, la producción de alimentos creció a 14,4 millones de toneladas gracias a una superficie cultivada de 2,7 millones de hectáreas.
Actividad delincuencial
Jean Pierre Antelo Dabdoub, director secretario del IBCE y presidente de la Comisión de Aduana y Facilitación del Comercio de la Cámara de Comercio Internacional (COMAD - ICC BOLIVIA), afirmó que el tema es de preocupación y alarma.
“No es un tema más, no es un mal menor, sino uno de la magnitud del crimen organizado, asociado a una ilegalidad que tiene en poco la salud de las personas. Lastimosamente, los falsificadores de plaguicidas comercializan inescrupulosamente productos sin procesos de evaluación, provocando también efectos negativos en el medio ambiente”.
Dijo que la investigación contribuirá con el diagnóstico y las sugerencias planteadas a una solución de la problemática. “Esperamos que este aporte sea bien recibido por las autoridades, ya que solo con una buena coordinación y un trabajo integral público-privado se podrá avanzar hacia una solución, no parcial, sino definitiva”, concluyó.
Cero tolerancia
El presidente de APIA, Juan Mario Rojo Saucedo, fue enfático al recalcar que la importación, venta y comercialización de los plaguicidas que no cuentan con un Registro y la Certificación del Padrón Fitosanitario son actividades ilegales.
“Toda vez que los mismos no han sido sometidos a ninguna norma de seguridad en laboratorios acreditados, que certifique la calidad, eficacia y eficiencia de los insumos, haciendo de esto una peligrosa amenaza para la salud del agricultor, la cadena alimenticia, el medio ambiente y la economía”.
Respecto al estudio, señaló que es un gran aporte hacia el fortalecimiento de la normativa vigente y para encarar acciones para contrarrestar dicho mal. “Como representantes de la Industria de la Ciencia de los Cultivos en Bolivia, reiteramos nuestro compromiso con la política de cero tolerancia a la falsificación, ilegalidad y contrabando de plaguicidas”, dijo.
Conclusiones y recomendaciones
Los participantes destacaron la realización el Foro organizado por APIA e IBCE, dado que aportó con información en relación a la temática abordada. El autor del estudio “Comercio ilegal de plaguicidas en Bolivia” fue felicitado por su aporte investigativo al conocimiento de la problemática encarada.
Se recomendó trabajar sinérgicamente con el sector público (Ministerio de Salud, Ministerio de Medioambiente, MDRyT/SENASAG, INIAF, Aduana Nacional y otras entidades) y sector privado (casas comerciales y consumidores) para facilitar la importación legal de dichos insumos, y educar al productor respecto al peligro de utilizar insumos no garantizados.
Existe preocupación por la falta de normativas que provocan ausencia de control del comercio informal de plaguicidas en el área rural donde se producen los alimentos que se consumen en las ciudades.
También preocupa la ausencia de las autoridades del sector salud en inspecciones a los establecimientos que comercializan ilegalmente los plaguicidas.
La falsificación, la adulteración y la manipulación de la fecha de caducidad de los agroquímicos deben ser considerados un crimen que la autoridad competente debería sancionar.
Hay que minimizar la entrada de plaguicidas falsificados e ilegales a través de una mejor cooperación entre las autoridades aduaneras, fitosanitarias y fronterizas.
Se debe empoderar a los funcionarios de Aduanas para detener los productos en tránsito, sobre la base de documentación falsa e incompleta o duda razonable de su ilegitimidad.
Se debe crear un Observatorio de Control, Registro y Monitoreo de Contrabando y Falsificación, no solo de agroquímicos, sino de otros productos que son susceptibles de falsificación.
Se vio por conveniente organizar campañas de concienciación en una alianza público-privada, sobre la amenaza a la salud y la agricultura que presenta el contrabando de agroquímicos.
Así como apoyar las iniciativas de los gremios privados en cuanto al fomento del conocimiento para con sus proveedores y evitar así la compra de comercializadoras clandestinas.
Finalmente se recomendó poner en conocimiento de las autoridades lo debatido en el Foro, a fin de propiciar acciones conducentes a la superación de la problemática analizada
Tarija, región que más insecticidas tóxicos usa
El año 2017, una comisión integrada por los ministerios de Salud, Desarrollo Rural y Tierras, y Medio Ambiente y Agua, realizó una inspección y evaluación a las comercializadoras de agroquímicos en cuatro municipios de Tarija. Se constató que éste es el departamento que más insecticidas y plaguicidas tóxicos usa.
Bajo una Resolución Ministerial del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) de diciembre de 2015, se prohibió la comercialización de productos químicos que contengan ingredientes activos de monocrotophos, endusulfan y metamidophos.
No obstante, se dio plazo de un año, es decir hasta diciembre de 2016, para que estos salgan de circulación. A pesar de la normativa, aquello no se cumplió.
“Yo debo decir con franqueza que el departamento donde más hemos encontrado hasta ahora (productos de etiqueta roja), es en Tarija. Es por la característica de producción de Tarija que también el uso ha sido fuerte”, dijo en ese entonces el jefe de la Unidad de Programas y Evaluación de Productos Químicos de Uso Agrícola del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Javier Blacouth. Y es que los productos con etiqueta roja tienen un alto nivel de toxicidad, razón por la cual fueron prohibidos en Bolivia.
Productos prohibidos
Debido a su alto nivel de toxicidad, en el mundo ya se prohibieron diferentes tipos de productos agroquímicos, entre los que están los siguientes: 1,2-dibromoetano, 1,2-dicloroetano, Alacloro, Aldrina, Binapacrilo, Captafol, Cihexatina, Clordano, Clordimeform, Clorobencilato, DBCP, Dicloro difenil tricloroetano, Dicofol, Dieldrina, Dinoseb, DNOC, Endosulfán, Endrina (plaguicida), Fentión, Fluoroacetamida, Fosfamidon, Fosfato de tris, Heptacloro, Hexaclorobenzeno, Lindano, Metamidofos, Metil Paratión, Mirex, Monocrotofós, Paraquat, Paratión, Pentaclorofenol, Toxafeno, Trifenilos policlorados, Óxido de etileno y Óxido de tributilestaño.