Elaboran ley para garantizar la venta de terrenos legales en Tarija

Desde el 2016 se trata de regularizar la venta de terrenos tanto por personas particulares como de diferentes empresas a través de una ley municipal, esto con el fin de evitar la especulación en la comercialización ilegal de estos predios pero sobre todo, que la población no compre propiedades que no se encuentran saneados o con la documentación correspondiente que demuestra que son totalmente legales.

Sin embargo, por temas competenciales, la normativa que se trabajó desde hace al menos cuatro años en la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) del Gobierno Municipal de Tarija, fue rechazada por el Concejo Municipal de Tarija; actualmente se busca elaborar otra normativa que se adecue a las competencias municipales en Cercado para poder controlar esta actividad que cada día crece más, además de los precios en cada terreno que se vende, tanto fuera como dentro de la mancha urbana.

Analizan nueva ley

La elaboración de una nueva norma fue confirmada por el director de la DOT, Horacio Rodríguez, quien a su vez explicó que si bien esta ley no puede controlar los precios de cada propiedad que se comercializa, podrá brindar una herramienta legal a la población para contar con el conocimiento sobre cuáles son los requisitos y parámetros que se deben seguir al momento de comprar un lote y no caer en un fraude.

“Esta problemática la hemos podido identificar desde hace mucho tiempo atrás, se evidenció que en el área rural se estaba fraccionando terrenos en base a un supuesto mercado campesino y salió a la luz pública que es inviable poder realizar este tipo de equipamientos. En el 2016 hemos remitido al Concejo Municipal de Tarija un proyecto de ley para control y oferta de la venta de terrenos”, explicó.

Esta propuesta de ley buscaba regular que la oferta de los terrenos que se realicen por parte de empresas o particulares, se realicen sobre áreas en las que sí está permitido urbanizar o ya están urbanizadas, pero la misma fue rechazada.

La explicación en su momento, según Rodríguez, fue que las competencias respecto a los asentamientos humanos en zonas rurales son del nivel Central y esta es la instancia que debe regular esta actividad.

Este tipo de asentamientos deben ser con fines productivos y no así de urbanización; la DOT hizo una representación verbal y oral en el pleno del Concejo Municipal en la Comisión de Medio Ambiente encabezada por la concejal Raquel Ruiz, pero nuevamente surgió un rechazo a esta norma.

“Lo que se ha pedido es que se analice la normativa y ciertas condicionantes legales para que nos permitan controlar la oferta de los terrenos que se hacen tanto por inmobiliarias en las redes sociales o diferentes medios de comunicación”, señaló.

Casos de estafas y engaños por terrenos en aumento

Muchas familias caen en engaños por la adquisición de terrenos que “supuestamente” están en orden y son completamente legales, esta situación fue corroborada por el director de la DOT, donde además, las personas son estafadas al adquirir propiedades ilegales.

Con la aprobación de la nueva mancha urbana de Cercado en el 2016 ya se buscaba aprobar esta ley de alta necesidad para evitar este tipo de “estafas”, pero al momento, no existe ninguna herramienta para controlar y evitar estas situaciones.

En cuanto al rechazo de la propuesta enviada por la DOT al Concejo Municipal de Tarija, el presidente del ente legislativo, Alfonso Lema, indicó que llegó este proyecto a esta instancia en la pasada gestión la cual hablaba del control en la oferta de terrenos, pero sobre este tema no se tenían competencias para legislar.

Lema indicó que la oferta y demanda se encuentran regulados a escala nacional con el Decreto Supremos 21060 de 1985, asimismo, recalcó que no existe ninguna propuesta de “manera oficial” en el ente legislativo municipal.

Además existe otra normativa nacional, la Ley Nº 477 que incorpora nuevos tipos penales, que tienden a evitar el avasallamiento y tráfico de tierras en el área urbana o rural; la norma aclara fuertes sanciones para las personas que incurran en estos delitos.

Los delitos de tráfico de tierras y avasallamiento en los nueve departamentos del país, se sancionan con privación de libertad desde tres años o incluso ocho años.

Dicha ley también establece un procedimiento de desalojo en caso de avasallamiento de tierras rurales que también pueden ser resueltas a través de la vía de la jurisdiccional agroambiental.