Mujeres dudan de eficacia del decálogo contra feminicidios

Las entidades comprometidas en la lucha contra la violencia dudan que el decálogo elaborado por el gubernamental Gabinete de la Mujer para frenar los feminicidios en el país sea afectivo, piden menos discursos, más acciones concretas y voluntad política para efectivizar los presupuestos destinados para este fin.

El lunes, el presidente Evo Morales presentó el decálogo contra la violencia hacia la mujer en el que se determinó declarar prioridad nacional la lucha contra el feminicidio, para lo cual se destinará un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del presupuesto de Seguridad Ciudadana.

Alertas

Al respecto, la responsable de comunicación de la Organización Mujeres en Acción, Celina Tavera, apuntó que son 10 puntos importantes, pero observó que se trata de una visión a largo plazo, mientras que las alertas emitidas fueron hechas para tomar medidas a corto plazo que hasta ahora no funcionaron por la falta de voluntad política y presupuesto.

Por ejemplo, dijo, en Tarija se ha logrado incorporar en el Plan Operativo Anual (POA) un presupuesto para el plan quinquenal contra la violencia, que es un poco más de medio millón de bolivianos, sin embargo esta se va a seguridad ciudadana y no siempre llega a las mujeres.

Además la instancia financiera de los gobiernos departamentales no priorizan que el dinero vaya a un tema como la violencia hacia las mujeres .Por ejemplo, La Secretaría de la Mujer creada por la Gobernación no recibe el presupuesto destinado a ella y “en esa medida no hay avances, sin recursos es imposible hacer nada”.

“Cómo abordamos la violencia en nuestro país es el principal problema para que no avancemos”, sostuvo a su turno la directora del Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres, Peky Rubín de Celis, porque siempre se trabaja “en enunciados, proclamas, pactos, acuerdos, alianzas y buenas intenciones, que no se concretizan”.

Para que se hagan realidad, indicó, se necesitan programas y planes operativos de corto, mediano y largo plazo, además de personal capacitado para que los elabores y los ejecute. Para esto es necesario un presupuesto, que según la ley 348 Contra la Violencia a la Mujer, debería salir de todas las instancias, desde el gobierno nacional, departamental y los gobiernos municipales.

En su criterio, bastaría con solo aplicar la ley 348, -aunque tiene su vacíos y necesita ser completada- para avanzar en la reducción dela violencia machista, pero no ha sido implementada en toda su extensión ni se ha cumplido en ninguno de los niveles.

“No se ha trabajado en las competencias, a nivel departamental no se ha llegado a lugares rurales ni indígenas, a nivel municipal no se han fortalecido los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), entonces todas estas inoperancias, ineficiencias, indiferencias -porque depende también de voluntades políticas-, son las que no han permitido la correcta aplicación de la ley 348”, argumentó.

EL APUNTE

Temporada

de elecciones

y discursos

Para la responsable de la Secretaría de la Mujer y la Familia del Gobierno Municipal, Patricia Paputsakis, lo expresado por el primer mandatario Evo Morales coincide con la temporada electoral, que estas alocuciones pocas veces vienen acompañadas con acciones, con hechos, y demando que el Gobierno nacional pase del discurso a la práctica simplemente con implementar lo que ya está establecido la Ley 348 que involucra a todo el sistema de protección para frenar la violencia.

“Se debe realizar una transformación completa del sistema –expresó-, se trata de atender a las víctimas con prontitud, con el personal suficiente y capacitado. Si cada uno desde su competencia hace lo que establece la Ley, tendríamos un sistema de protección fortalecido y que involucre al nivel nacional, al gobierno departamental, al Ministerio Público, al sistema educativo a la Justicia, al sistema de salud, es una transformación grande que debe hacerse”.

También demandó el fortalecimiento del Sistema Integrado de Justicia Plurinacional (SIJPLU) y del Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima (SEPDAVI), de los juzgados que atienden violencia, procesan una gran cantidad de casos, están congestionados y no dan respuestas oportunas a la población “generando impunidad y reproducción de la violencia”.