Falta de especialista eterniza las auditorías por negligencia médica en Tarija

Postrada en una cama de su casa y sin poder moverse, ahí está  Bernarda Mendoza, sin poder hablar. Solo traslada la pupila de sus ojos de un lado a otro cuando ve a su hijo. Sucede que  en agosto del 2018 entró con un problema de cálculos biliares al Instituto Cardiovascular de Tarija, pero durante la intervención quirúrgica sufrió  un paro cardiorespiratorio. Desde entonces quedó en ese estado, que también fue el inicio de un peregrinaje fallido para que se recupere. Ahora el calvario es para pedir justicia, pues, los familiares denuncian negligencia médica. Pero sucede que en Tarija no hay un profesional médico certificado para hacer ese tipo de auditorías.

A la familia le significó trasladar a Bernarda desde la Clínica Prosalud al Instituto Cardiovascular, de ahí al Centro de Investigación, Educación y Servicios (Cies), luego al Policlínico San Bernardo de Salta Argentina, posteriormente a la clínica Yapur en Tarija,  de nuevo a Cies y, finalmente a su domicilio, casi un año de un lado a otro con la esperanza de que se recupere. Lo que tenía que ser una extracción de cálculos biliares, terminó postrándola en una cama. Según testimonio recogido por la estudiante de la carrera de Comunicación Social, Catherine Ortega.

A explicación del responsable de Gestión y Calidad del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Arce, el principal problema es que en Tarija ni un médico para hacer auditorias externas de ese tipo. Lo califica como un grave problema de salud, porque eso hace que se dilaten los casos.

Como se tiene esa deficiencia en el departamento, lo que la norma pide es que el Sedes  envíe   todo a La Paz, al Ministerio de Salud. Es en esa instancia donde se quedó el caso de Bernarda, como de otros pacientes que se acumulan desde hace dos años.

“La limitación del Sedes está en ese punto, que no hay médicos auditores-comenta Arce- Yo puedo hacer la auditoría porque conozco el tema, pero el acusado se defiende y puede alegar no estoy acreditado e interponer una denuncia. Con eso se perjudica el proceso”.

Desde el Instituto Cardiovascular, en conferencia de prensa, niegan que la situación de Bernarda se trate un caso de negligencia médica. Aseguran que se realizó una auditoría interna, pero también están dispuestos a que el Sedes realice una auditoría externa.  Dejan que el Ministerio Público pueda resolver esta situación.

Como antecedente se tiene que el Instituto Cardiovascular fue observado por el Sedes, instancia que le dio cuatro semanas aproximadamente para que pueda adecuar su Terapia Intensiva y cumpla con los requisitos establecidos en normativa.  Los médicos de ese centro privado respondieron que en ese tiempo estaban en restructuración.

Arce se compromete exigir una respuesta el Ministerio de Salud sobre la auditoría externa, pero pide que la familia también lo haga, con la finalidad de haya más celeridad.

El caso es que la familia agotó todos sus recursos económicos, pues al margen de la internación y de las intervenciones quirúrgicas, tenían que pagar recetas médicas que oscilaban entre 2.500 y 3.000 bolivianos por día. Es así que calculan que todo ese tiempo gastaron unos 500.000 bolivianos, recursos que fue recaudado en Kermese y agotando el salario de su esposo. Ni el Seguro Único de Salud (SUS) ni el Seguro Universal de Salud Autónomo  de Tarija (Susat) sirvieron para tal efecto.