El pulso en la ALDT y el “ajuste fiscal” marcan la semana política
Semana intensa marcada en Tarija por la elección en la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental y en lo nacional por el “ajuste fiscal” que se ha desplegado contra opositores y que también tiene ramificaciones en el departamento. Además, semana de relativa paz en el Gobierno...
Semana intensa marcada en Tarija por la elección en la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental y en lo nacional por el “ajuste fiscal” que se ha desplegado contra opositores y que también tiene ramificaciones en el departamento. Además, semana de relativa paz en el Gobierno Municipal de Cercado y muchos cálculos en las filas opositoras. Por partes.
El asunto de la Directiva en la Asamblea era un asunto relativamente cerrado en tanto que la mayoría absoluta del MAS, con 16 de 30 asambleístas más los tres curules indígenas le garantizan el control de los tres puestos clave: Presidencia, Secretaría y Vicepresidencia, sin embargo, la lucha de familias y sectores dentro del MAS hicieron que la elección no fuera un simple trámite, sino que se convirtiera en la enésima batalla interna, pero esta vez con una escenificación pública sin precedentes.
Es cierto que el último Congreso del MAS acabó entre sillazos, para acabar eligiendo a Carlos Acosta, próximo a la Federación campesina; pero lo institucional se había mantenido bajo un manto de silencio. En esta ocasión hubo una colisión abierta entre el sector menos orgánico, formado entre invitados, advenedizos y exfuncionarios de Lino Condori y el sector campesino – bartolino, que cuenta con el apoyo institucional de los alcaldes.
Los primeros se impusieron a los segundos y Guillermo Vega, exfuncionario de Hacienda de Lino Condori, revalidó la Presidencia tras un año gris. Con él asumieron la Vicepresidencia Amanda Calizaya, ex de varios partidos, y Roberto Cardozo, un controvertido asambleísta con procesos por violencia. La terna había motivado la protesta airada de los representantes más orgánicos, que postulaban a Guadalupe Jurado o Sara Armella. En cualquier caso y tras la pugna se optó por la disciplina a regañadientes y mano alzada.
Para representantes de una y otra tendencia, el asunto “no fue grave” y lo enmarcan en la cotidianeidad de la vida orgánica legislativa y aseguraron que todos están enfocados “en hacer a Evo Morales Presidente de nuevo en octubre”, pero en otros foros se reconoce que la lucha por las nominaciones para diputados y senadores y posteriormente los cargos en el departamento están levantando ampollas.
Directiva
La Directiva la completaron Alberto Viorel (Bancada indígena) como segundo Vicepresidente y Sandra Jerez (UDA), como vocal
El pulso fiscal
En lo nacional fue una semana de transición, ya con el calendario electoral en la mano y los políticos de uno y otro partido, y sobre todo los “sin partido” tratan de ganar nominaciones para los cargos de diputados y senadores. Las listas se presentarán el 19 de julio y, tal como está el pulso, no hay espacio para todos.
La oposición además denuncia que el Ministerio Público ha iniciado una campaña de presión sobre diferentes líderes opositores, a la par que algunos asambleístas plurinacionales también han empezado a fiscalizar asuntos particulares de gestión.
El caso más significativo ha sido el del procesamiento del diputado Amílcar Barral, muy activo en la fiscalización al Gobierno pero sobre el que ya se habían denunciado casos de extorsión y presiones a cuenta de algunas acciones. Por su condición de parlamentario gozó de detención domiciliaria.
El pulso también crece en el Gobierno Municipal de La Paz, donde se fiscaliza la gestión de Luis Revilla, socio preferente de Carlos Mesa, y también sobre Adrián Oliva, su homónimo en el sur, y al que se le han imputado por dos casos que ya se procesaron en 2017 y que habían quedado sin avances.
Confesión en Tariquía… sin reacciones políticas
Tan concentrados estaban los políticos en sus negociaciones que pasaron por alto la “confesión” del Ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez, quien reconoció ante las cámaras que “primero es la consulta, después el contrato”, asegurando que así se hizo en Tariquía, cuando las fechas evidencian lo contrario. En abril 2018 se firmaron los contratos y en septiembre se hizo la consulta para dos de los pozos, no para todo el proyecto.
Comunarios y activistas indicaron que verán la forma de incorporar estas declaraciones a los procesos en marcha.
El asunto de la Directiva en la Asamblea era un asunto relativamente cerrado en tanto que la mayoría absoluta del MAS, con 16 de 30 asambleístas más los tres curules indígenas le garantizan el control de los tres puestos clave: Presidencia, Secretaría y Vicepresidencia, sin embargo, la lucha de familias y sectores dentro del MAS hicieron que la elección no fuera un simple trámite, sino que se convirtiera en la enésima batalla interna, pero esta vez con una escenificación pública sin precedentes.
Es cierto que el último Congreso del MAS acabó entre sillazos, para acabar eligiendo a Carlos Acosta, próximo a la Federación campesina; pero lo institucional se había mantenido bajo un manto de silencio. En esta ocasión hubo una colisión abierta entre el sector menos orgánico, formado entre invitados, advenedizos y exfuncionarios de Lino Condori y el sector campesino – bartolino, que cuenta con el apoyo institucional de los alcaldes.
Los primeros se impusieron a los segundos y Guillermo Vega, exfuncionario de Hacienda de Lino Condori, revalidó la Presidencia tras un año gris. Con él asumieron la Vicepresidencia Amanda Calizaya, ex de varios partidos, y Roberto Cardozo, un controvertido asambleísta con procesos por violencia. La terna había motivado la protesta airada de los representantes más orgánicos, que postulaban a Guadalupe Jurado o Sara Armella. En cualquier caso y tras la pugna se optó por la disciplina a regañadientes y mano alzada.
Para representantes de una y otra tendencia, el asunto “no fue grave” y lo enmarcan en la cotidianeidad de la vida orgánica legislativa y aseguraron que todos están enfocados “en hacer a Evo Morales Presidente de nuevo en octubre”, pero en otros foros se reconoce que la lucha por las nominaciones para diputados y senadores y posteriormente los cargos en el departamento están levantando ampollas.
Directiva
La Directiva la completaron Alberto Viorel (Bancada indígena) como segundo Vicepresidente y Sandra Jerez (UDA), como vocal
El pulso fiscal
En lo nacional fue una semana de transición, ya con el calendario electoral en la mano y los políticos de uno y otro partido, y sobre todo los “sin partido” tratan de ganar nominaciones para los cargos de diputados y senadores. Las listas se presentarán el 19 de julio y, tal como está el pulso, no hay espacio para todos.
La oposición además denuncia que el Ministerio Público ha iniciado una campaña de presión sobre diferentes líderes opositores, a la par que algunos asambleístas plurinacionales también han empezado a fiscalizar asuntos particulares de gestión.
El caso más significativo ha sido el del procesamiento del diputado Amílcar Barral, muy activo en la fiscalización al Gobierno pero sobre el que ya se habían denunciado casos de extorsión y presiones a cuenta de algunas acciones. Por su condición de parlamentario gozó de detención domiciliaria.
El pulso también crece en el Gobierno Municipal de La Paz, donde se fiscaliza la gestión de Luis Revilla, socio preferente de Carlos Mesa, y también sobre Adrián Oliva, su homónimo en el sur, y al que se le han imputado por dos casos que ya se procesaron en 2017 y que habían quedado sin avances.
Confesión en Tariquía… sin reacciones políticas
Tan concentrados estaban los políticos en sus negociaciones que pasaron por alto la “confesión” del Ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez, quien reconoció ante las cámaras que “primero es la consulta, después el contrato”, asegurando que así se hizo en Tariquía, cuando las fechas evidencian lo contrario. En abril 2018 se firmaron los contratos y en septiembre se hizo la consulta para dos de los pozos, no para todo el proyecto.
Comunarios y activistas indicaron que verán la forma de incorporar estas declaraciones a los procesos en marcha.
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