Dircabi Tarija administra 210 vehículos, 90 motos y 25 casas

Desde que fuera posesionada la responsable departamental de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Lusdari Uyuli Encinas, en 2017 realizó dos remates de bienes. Excepcionalmente algunos los otorgó en comodato a instituciones que los solicitaron y otros fueron cedidos a organismos ligados a la lucha contra el narcotráfico.

La función de la entidad es la recepción de vehículos, inmuebles, bienes y sustancias controladas que son entregados en su mayoría por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico /FELCN) y en algunos casos por la Aduana. Éstos son guardados en depósitos con el objetivo de realizar el saneamiento de la documentación y el trámite para poder administrar este bien.

Existen dos procedimientos, uno para los bienes incautados y otro para los que son confiscados. La Ley 913 de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas establece que se debe vender esos bienes en un remate público, en el que participan un notario de gobierno y las autoridades pertinentes.

De acuerdo a las normas, los bienes confiscados excepcionalmente son transferidos de manera definitiva a alguna de las entidades que trabajan o tienen relación con la lucha contra el narcotráfico como ser la FELCN, Fiscalía o la Policía.

Un bien es confiscado cuando el juez ya ha determinado su situación legal y establece que son del Estado, entonces se determina su venta o se transfieren definitivamente a una institución pública.

Entretanto, los bienes incautados se dan en comodato a distintas instituciones públicas, en el caso de la distrital de Tarija nunca lo hizo. Se prevé hacerlo en algunos casos como depósito provisional. Un bien tiene la condición de incautado hasta que se pruebe que está o no involucrado en un delito, si se demuestra la inocencia de su propietario, es posible devolverlo.

El documento que otorga un bien incautado a una institución contempla una clausula específica que señala, en el momento en que el juez lo determine, la devolución a su propietario.

Entretanto los bienes confiscados que van al remate, luego de vendidos el monto recaudado es distribuido entre el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), Dircabi y el Ministerio Público.

Sin embargo, para poder rematarlos, los vehículos y los inmuebles deben tener la documentación saneada, un trabajo que debe realizar Dircabi ante instituciones como la Alcaldía.

Un problema con los municipios y con el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT), es que los bienes confiscados para ser rematados deben estar a nombre del Conaltid, para esto es necesaria la exención de impuestos, algo que algunas alcaldías se niegan a hacerlo.

 

En 2018 recaudó tres millones de bolivianos

La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) recaudó más de 3 millones de bolivianos en la monetización de bienes incautados al narcotráfico, informó el 19 de diciembre su titular, Mauricio Gutiérrez.

Acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que "cumpliendo con la Ley 913 que establece la extinción de dominio de los bienes incautados al narcotráfico se desarrolló el proceso de monetización".

Informó que se desarrolló la subasta pública de bienes incautados en estricta aplicación de la ley en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Beni y Pando.

Detalló que en las subastas se ofertaron 10 inmuebles, de los que se vendieron siete recaudando 410.910 dólares. Se vendieron 11 lotes de zapatillas deportivas por un valor de 22.205 dólares, 64 lotes de joyas en 15.155 dólares, cinco vehículos en 25.970 dólares y tres motocicletas en 1.450 dólares.

Por su parte, Romero explicó que de 3.310.812 bolivianos recaudados 1.794.783 bolivianos (55 por ciento) serán para la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELIN).

Para Dircabi 652.648 bolivianos (20 por ciento), 326.324 bolivianos para el Consejo Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) y 489.486 bolivianos (10 por ciento) para el Ministerio Público.